12 Septiembre 2019
Con el foco puesto en la lucha contra las drogas, la Legislatura habilitó hoy la intervención de la Justicia provincial en los casos de venta de droga a menor escala, conocido como narcomenudeo. La iniciativa, en el recinto, obtuvo una abrumadora mayoría: sólo el radical Fernando Valdez se opuso.
El proyecto aprobado prevé que el nuevo régimen comience a ser aplicado a partir del 1 de enero de 2020. El texto deroga la ley 8.664, de 2014, que había quedado trunca por un problema de plazos, entre otras razones. Al plantear una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre esa norma, el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, alegó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que la implementación de ese sistema “en un breve e inmediato tiempo (generará) numerosos inconvenientes” en los tribunales locales, según consta en la cautelar obtenida por el jefe de los fiscales en febrero de 2015, semanas antes de que comenzara a aplicarse la “desfederalización” de las causas contra los dealers.
Además, se incorporó en el texto un artículo que deriva los recursos secuestrados en los operativos antidrogas a la atención de personas con problemas de adicción.
"Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo tendrán la palabra. Nosotros les damos la ley y las alternativas", sintetizó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, luego de la sanción del proyecto. "Queremos que la provincia pueda ayudar a combatir la droga, le damos facultades a la Justicia y al poder Ejecutivo para que con la Policía pueda luchar contra el narcomenudeo. Es un aporte importante", añadió.
El texto prevé la creación de dos nuevas fiscalías y dos juzgados especializados para la Capital, y una fiscalía y un juzgado para Concepción.
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