Por Luis María Ruiz
11 Septiembre 2019
OPERATIVO. Las fuerzas locales actúan en casos de droga, pero los expedientes son girados a la Justicia Federal.
La Legislatura avanzará mañana en el recinto con un nuevo proyecto de ley para habilitar la intervención de la Justicia provincial en los casos de venta de droga a menor escala, mecanismo de tráfico denominado como narcomenudeo. Si bien la iniciativa estará sujeta a correcciones hasta último momento, las comisiones de Seguridad y Justicia, de Legislación General y de Lucha contra las Adicciones acordaron ayer que el nuevo régimen comience a ser aplicado a partir del 1 de enero de 2020.
El interrogante está en si los operadores del fuero penal provincial consideran que estarán en condiciones de ajustarse a esa fecha. La última experiencia al respecto, establecida a través de la ley 8.664, de 2014, quedó trunca por un problema de plazos, entre otras razones.
Al plantear una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre esa norma, el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, alegó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que la implementación de ese sistema “en un breve e inmediato tiempo (generará) numerosos inconvenientes” en los tribunales locales, según consta en la cautelar obtenida por el jefe de los fiscales en febrero de 2015, semanas antes de que comenzara a aplicarse la “desfederalización” de las causas contra los dealers.
Ayer, con el objetivo de sortear las barreras que derivaron en la inaplicabilidad de ley 8.664, las comisiones de Seguridad y Justicia (a cargo del peronista Javier Pucharras), de Legislación General (presidida por el oficialista Roque Cativa) y de Lucha contra las Adicciones (encabezada por el opositor Claudio Viña) ajustaron el articulado del proyecto original. “Estamos abiertos para que el jueves (por mañana), cuando sea el tratamiento de la ley, se realicen las modificaciones que sean necesarias, si llegara a surgir alguna (observación) en particular”, indicó Pucharras.
El ex intendente de Tafí Viejo advirtió sin embargo que la sanción de la norma “es más que oportuna”. “Posibilitará a la Justicia de Tucumán y al Gobierno provincial una actuación rápida contra este mercado de la muerte, que es el narcomenudeo”, sostuvo el legislador peronista.
Pucharras indicó que se derogará la “judicializada” ley 8.664 y se apuntará a la creación de Juzgados y de Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico en el fuero provincial. Y destacó el aporte de distintos espacios políticos en el dictamen de mayoría. “El objetivo es que esta norma sea aprobada por consenso”, afirmó. Por lo pronto, ayer el radical Fernando Valdez elevó un dictamen de minoría rechazando la propuesta, y su “correligionario” Raúl Albarracín presentó su propia iniciativa sobre el tema (ver aparte).
Viña destacó la inclusión del artículo que deriva los recursos secuestrados en los operativos antidrogas a la atención de personas con problemas de adicción. “Es fundamental que la Provincia comience a tener competencia en el narcomenudeo. Es un tema que está casi dejado de lado por las fuerzas federales, que se ocupan de temas ‘macro’, como cargamentos, fronteras y operativos de otra magnitud. El vendedor barrial, en cambio, está prácticamente sin persecución criminal”, advirtió el referente de Nueva Fuerza. Destacó que la adhesión a las leyes nacionales que habilitan la “desfederalización” del narcomenudeo podría cambiar ese panorama. “Por ello, se dispone la creación de Fiscalías y de Juzgados especializados. Porque no se le puede tirar a la Justicia (provincial) una obligación tan ‘macro’ sin darle las herramientas para afrontarla. Por ello, además, se le otorga presupuesto y despachos específicos para trabajar contra el narcomenudeo”, detalló el legislador alfarista.
“Falta de adecuación”
Durante el tratamiento del proyecto contra los dealers, los legisladores siguieron con atención los antecedentes que derivaron en la inaplicabilidad de la ley 8.664. De hecho, una de las cuestiones objetadas en 2015 por el ministro fiscal Jiménez apuntaba a los plazos de puesta en vigencia de ese régimen. Incluso, advertía “no sólo” sobre “la inconstitucionalidad de la norma”, sino también por “la falta de adecuación institucional y presupuestaria” en los tribunales provinciales. Por lo pronto, los legisladores ya le pusieron fecha al nuevo sistema.
Las claves de la iniciativa
1- La Provincia adherirá a la ley nacional 23.737, en lo relativo a habilitar la “desfederalización” de los casos de narcomenudeo.
2- Se busca que la Justicia provincial actúe en las causas en que la venta de dosis de droga esté “destinada al consumidor”.
3- También se habilita la intervención de la Justicia provincial en los casos de tenencia de drogas “para uso personal”.
4- Se crearán jugados y fiscalías específicas, y hasta su cobertura sus funciones pasarán a magistrados que ya están en funciones.
En la “cocina” legislativa
Las comisiones analizaron propuestas alternativas y surgió un dictamen en contra
Ayer surgieron posturas disidentes sobre el proyecto para la nueva ley contra los “dealers”. El legislador radical Fernando Valdez expresó su rechazo a la iniciativa, a través de un dictamen en minoría. Raúl Albarracín (UCR), en tanto, elevó una propuesta propia, que apunta a la creación de la Unidad Fiscal Antidrogas y a la puesta en marcha de una comisión legislativa abocada a supervisar la implementación de la norma. Las comisiones avanzaron finalmente sobre los proyectos elevados por Stella Maris Córdoba, Ramón Cano y Javier Pucharras, entre otros, y por los radicales José Canelada y Adela Estofán.
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