Por Gustavo Rodríguez
06 Septiembre 2019
Osvaldo Jaldo ARCHIVO LA GACETA
Mientras los legisladores opositores cuestionaban el acuerdo del equipamiento para la Policía por su encarecimiento en más de $150 millones de dólares por la devalución, el vicegobernador Osvaldo Jaldo defendió la inversión, pero señaló que el Gobierno no podría volver a realizar la misma inversión en dólares.
“Fue una muy buena decisión haber invertido más de U$S 9 millones. Si hoy quisiéramos hacer lo mismo, no podríamos comprar ni la mitad de ese material. Este no es el momento de hacer una compra así. Hay que analizarlo bien”, explicó Jaldo en la entrevista que se pudo observar en “Buen Día”, el informativo de LG Play.
La Provincia, con un decreto de necesidad y urgencia, mediante la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico, firma de Buenos Aires que se especializa en la compra y venta de software y que recién en febrero de 2018 se había inscripto para el negocio de armas, adquiririó a una fábrica de Israel el equipamiento para la fuerza.
Según el DNU, la provincia debió invertir en la operación más U$S 9 millones para adquirir 4.000 chalecos antibalas; 4.000 pistolas Jericho 9 milímetros; 100 escopetas calibre 12/70; 20 ametralladoras UZI; 20 lanzagranadas; cuatro equipos para francotiradores; cuatro equipos para detectar vidas a través de paredes y 50 equipos de miras.
Se acordó abonar en seis cuotas hasta diciembre de 2020. Ya se concretaron, según fuentes del PE, tres pagos: 35% (diciembre 2018); 11% (enero) y 15% (junio). Queda otro 15% (diciembre) y, cuando lleguen todos los productos, se entregarán dos documentos más (uno del 18% y otro del 6%) para cobrarse en diciembre de 2020. En los tres últimos se debe agregar el IVA, por lo que se encarecerá un 21% más.
Entonces, del presupuesto inicial de $ 361 millones, terminará desembolsando unos $ 512 millones, es decir, unos $ 152 millones más, sin impuestos. “Es cierto que hubo un encarecimiento importante por la variación de la moneda, pero no es una cuestión nuestra. Pese al incremento, no se aplicaron intereses por financiación. Si hubiéramos aceptado los planes de otras (firmas), estaríamos hablando de $ 350 millones más en financiamiento. Entonces, la provincia se ahorró unos $ 200 millones”, explicó Maley.
Momento justo
Jaldo consideró que la decisión del gobernador (Juan) Manzur de realizar esta inversión. “Estuvo bien explicado y la provincia se ahorró $200 millones en el pago de intereses. Se eligió Israel porque tiene la mejor tecnología y es reconocida a nivel internacional. Pero además, van a venir a capacitarnos. Eso también es muy importante”, señaló.
Maley también había anunciado que el Gobierno estaba analizando la posibilidad de adquirir más equipamiento para la Policía en los próximos meses. El vicegobernador ratificó esa iniciativa, pero aclaró: “tendremos que analizar la situación en ese momento. Bajo ningún aspecto descartamos realizar una nueva compra en el país. También se pueden realizar compras parciales a las empresas nacionales. No se puede descartar nada”.
La contracara
Los legisladores opositores cuestionaron duramente la operación que realizó la provincia. “Lo dijimos cuando se firmó el decreto, y lo seguimos sosteniendo. Manzur pudo haber conseguido el triple del armamento si lo compraba en la empresa nacional Bersa, de prestigio internacional, para dar más seguridad a los tucumanos. En lugar de eso acudieron a una empresa con pocos antecedentes en el rubro, sin licitación, y pagando cada vez más caro. La única conclusión a la que podemos llegar es que hay un negocio atrás del que no quieren rendir cuentas”, explicó el radical José María Canelada.
Su par, Eudoro Aráoz, agregó: “la provincia no ahorró absolutamente nada. Compró las pistolas a U$S950 cuando las mismas se vendían en el país a U$S395. Se podrían haber comprado pistolas Bersa a U$S 290 y garantizado una rápida entrega”.
“Parece que la urgencia y la necesidad eran para hacer un negocio. La seguridad de los tucumanos les importa poco. Se engañó otra vez a la sociedad”, agregó Aráoz.
Ambos legisladores presentaron una denuncia penal para que se investigue una supuesta administración fraudulenta en contra del Estado por la compra de las armas, pero la Justicia decidió archivar la causa hace tres semanas. “El Gobierno compró armas a Israel que podrían haber costado hasta tres veces menos en Argentina y que ya estarían en manos de los policías. Siguen sin explicar claramente los detalles de la operación. Además encontraron una Justicia que acepta ese silencio sin siquiera librar un oficio”, concluyó Canelada.
Pese a los intentos de LA GACETA para que los legisladores oficialistas dieran su opinión al respecto, prefirieron no hablar. Julio Silman, peronista que está alejado del manzurismo, señaló: “voté en contra porque no me parecía un buen negocio y se podría haber adquirido muchas más armas si se inclinaban por las armas de industria nacional. Con los resultados a la vista estoy convencido de que no me equivoqué en lo más mínimo”.
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