Caso “Blasco”: ninguna denuncia de clientelismo llegó a juicio oral

Las denuncias de compra de votos y de vulneración del libre albedrío de los electores nunca llegaron a ser juzgadas en una audiencia oral y pública en la provincia, muchos menos a dar pie a una condena pese a que Tucumán se distingue por sus comicios conflictivos y el volumen de acusaciones de clientelismo. Estas prácticas suelen generar polémica, como ocurrió con la supuesta entrega de vales de supermercado en las elecciones de 2017, pero, luego, las investigaciones se desinflan y terminan convertidas en anécdotas políticas sin consecuencias penales. El caso del agricultor Gonzalo Blasco, que admitió haber ofrecido un bono de $ 5.000 a su personal si el presidente Mauricio Macri llega al balotaje, reta esa tradición en la Justicia Federal. Dos procesos tramitados en esos Tribunales ilustran el panorama general: en 2017, el legislador peronista electo Javier Morof fue sobreseído mientras que el ex funcionario universitario Ramiro Moreno logró diferir su juzgamiento por hechos de 2010.

El expediente vinculado a la renovación de autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es el que llegó más lejos. Moreno, ex secretario de Bienestar Estudiantil, y Damián Conde, empleado no docente del Teatro Alberdi, enfrentan una causa penal desde que ambos fueran filmados mientras ofrecían contratos de trabajo por $ 2.500 mensuales (U$S 625 según la cotización de la divisa en 2010) a Jorge Gustavo Pedraza y a Esteban Alejo Gallo a cambio de que votaran a favor de la fórmula Juan Alberto Cerisola-Alicia Bardón, que terminó imponiéndose en aquella contienda por el Rectorado. Dicha conversación captada por medio de una cámara oculta ocurrió en un bar de las inmediaciones del parque 9 de Julio de esta capital, el sábado 8 de mayo de hace nueve años.

Cuando el proceso llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), los vocales Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla dijeron que estaban en juego supuestos delitos electores que no les correpondía a ellos juzgar -la ex jueza Alicia Noli votó en disidencia-. En mayo, la Cámara Federal de Casación, estrado con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó sin efecto la resolución de Casas y de Jiménez Montilla, y ordenó a estos celebrar la audiencia. Ello no sucedió ni sucederá todavía porque Moreno recurrió el pronunciamiento de Casación y pretende que este sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Sólo una arenga”

El 19 de octubre de 2015, seis días antes de los comicios nacionales, Morof participó en un acto de campaña junto al ex gobernador y entonces candidato a senador José Alperovich; a Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, los actuales gobernador y vicegobernador; a su esposa, la concejala Belén Sánchez Cruzado, y a Roberto Jiménez, ex secretario de Trabajo. Las crónicas periodísticas indican que en el salón ubicado en la calle Ramírez de Velasco N° 1.351 de esta capital, el legislador provincial electo tomó la palabra y dijo lo siguiente: “recorramos los barrios como los venimos recorriendo, intensifiquemos el trabajo. Que el día 25 (de octubre) no quede ningún vecino sin llevar a votar, ni un amigo sin llevar a votar, ni un pariente, ni una persona a la que haya ayudado el gobernador (Alperovich) en estos últimos años. Si Tucumán es agradecido, no tengo dudas de que va a barrer el domingo”. El 6 de julio de 2016, Daniel Bejas, juez federal N°1, dijo que no había motivos suficientes para procesar o para sobreseer a Morof, y dictó la falta de mérito.

La causa subió a la Cámara Federal de Apelaciones, y, allí, los camaristas Marina Cossio, Ricardo Sanjuán y Ernesto Wayar (falleció) sobreseyeron al dirigente justicialista. “El cuestionado discurso de Morof no fue más que una arenga política en el marco de una reunión del partido próxima a las elecciones, pero de ninguna manera se adecúa a la figura penal prevista en el inciso b del artículo 139 del Código Nacional Electoral”, dijeron los camaristas -el fallo fue impugnado-. La cláusula en cuestión sanciona a quien compela a un elector a votar de una manera determina: es la conducta típica citada en las denuncias contra Blasco, que ayer quedaron en manos del fiscal federal N°1, Carlos Brito (se informa por separado).

Desde 2006

Las denuncias de clientelismo tuvieron peor suerte en la Justicia provincial. Los casos con trascendencia pública no recibieron impulso investigativo. En 2006, el entonces legislador de Ciudadanos Independientes, Rodolfo Danesi, se presentó en los Tribunales locales, y adujo que las elecciones de convencionales constituyentes de 2006 habían dado lugar al reparto de todo tipo de prebendas y dádivas a cambio de votos. Danesi apuntó contra el sector afín a Alperovich, y adjuntó numerosas publicaciones periodísticas relativas a la distribución de bolsones y al traslado de electores. El ex legislador añadió que le sorprendía que ningún fiscal haya actuado de oficio ante la violación de las leyes vigentes.

Un año más tarde, el hoy diputado José Cano (UCR) pidió la investigación de Alperovich y del ex concejal capitalino Juan Carlos Mamaní. Cano denunció que ambos habrían admitido la comisión de delitos electorales en una disputa pública. “¿Cómo vamos a decirle a Mamaní que no entregué bolsones? ¿Con qué ley? No le mientamos a la gente (sic)”, había manifestado Alperovich. Mamaní, entonces aliado al vicegobernador y legislador peronista Fernando Juri, había replicado: “yo no sabía de estas cosas y ahora (Alperovich) me critica por lo que él me enseñó”.