El legislador Bourlé mintió e ignora la ley, según una jueza

Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, rechazó la denuncia que formulara en su contra el legislador aliado al oficialismo, Eduardo Bourlé, mediante un escrito que afirma que su denunciante mintió en forma deliberada. “La acusación responde a la psicología social atribuida al jerarca nazi Goebbels: ‘miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá’”, dijo la camarista por medio de su abogado Julio Rougés. Este apuntó que Bourlé desconoce la ley y solicitó a la comisión de Juicio Político de la Legislatura que actúe con la seriedad debida, y desestime el pedido de destitución.

El comité había resuelto pedir explicaciones a la jueza con los votos de los oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez y Norma Reyes (el justicialista Reneé Ramírez y el macrista Alberto Colombres Garmendia faltaron a la reunión). El radical Eudoro Aráoz se pronunció en disidencia. A continuación, la comisión debe resolver si acusa o no a López Piossek ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Rougés negó que López Piossek haya dictado una medida cautelar favorable a dos sobrinos, los letrados Agustín Ponce de León y Francisco De Rosa, en el juicio “Volpi”, que involucra intereses de quinieleros y de la Caja Popular de Ahorros. Bourlé había dicho que la camarista intervino en el expediente pese a que estaba obligada a excusarse. Al respecto, Rougés expresó: “ambos letrados son hijos de primas de López Piossek. Es decir, el vínculo respecto de ella es de colaterales en quinto grado, parentesco que no constituye causal de recusación, la que solamente llega hasta el cuarto grado de consaguinidad (según el inciso 1 del artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán) y ninguno de los dos se encuentra apersonado en los procesos judiciales a los que alude el denunciante”. Y agregó que la abogada María Marta Debes intervino en el caso “Volpi”.

La respuesta enviada a la comisión niega que, como dijo Bourlé, la intervención de López Piossek haya sido producto de un cálculo de los turnos asignados a las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “El único proceso dentro de los enumerados por el legislador en su confusa acusación en el que la jueza dictó sentencia se trata de una medida cautelar autónoma considerada en el artículo 22 de la Ley 6.205, cuya distribución en las salas que componen la Cámara en lo Contencioso Administrativo se realiza mediante sorteo y así consta en el expediente”, afirmó Rougés.

La rendición de cuentas precisa que López Piossek se limitó a librar una cautelar precaria -y susceptible de ser revisada- acorde a la jurisprudencia pacífica de la Cámara. Y recuerda que sus pares Juan Ricardo Acosta, Horacio Castellanos (ya jubilado), Sergio Gandur y Rodolfo Novillo habían decidido en el mismo sentido en casos similares. El hecho de que lo que hay en juego es una medida cautelar precaria, que puede caer en cualquier momento, resulta suficiente para enterrar la denuncia, según Rougés. El abogado advirtió que la comisión había descartado numerosos pedidos de destitución con el argumento de que las decisiones impugnadas podían ser revertidas y de que los legisladores no debían convertirse en una instancia más de resolución de conflictos, a menos que quisiesen lesionar la independencia judicial. La contestación manifiesta que el comité de Khoder había refrendado ese criterio recientemente al archivar una acusación contra el camarista Eudoro Albo y la fiscala Adriana Reinoso Cuello.

Rougés observó que, en realidad, la denuncia desconocía la arquitectura republicana que justifica la existencia del Poder Judicial. “Como al pasar, en medio de tanto dislate, dice Bourlé en relación a mi defendida: ‘no respetó la división de poderes debido a que la política del juego se encuentra en manos del Poder Ejecutivo y Legislativo’. Lo aseverado comporta un absoluto desconocimiento de la teoría de la división de poderes, que precisamente pretende evitar que el poder se concentre en una misma mano”, dijo. Y advirtió que López Piossek iba a judicializar el procedimiento de destitución si, pese a todo, los legisladores insistían en promoverlo. Rougés expresó que la jueza tenía 24 años de servicios y nunca había sido sometida a un ataque de estas características: “es una acusación desatinada, groseramente imprecisa –al punto de atribuírsele actos que jamás emitió- ignorante del derecho y carente de equilibrio”.