Piden que se investigue la oferta de $ 5.000 si Macri llega al balotaje

El abogado Oscar López, ex candidato a legislador por la oposición (“Acuerdo para el Bicentenario”) en 2015, presentó una denuncia para requerir la apertura de una investigación en contra de dos empresarios (uno de ellos además legislador), quienes ofrecen $5.000 a sus empleados si el presidente, Mauricio Macri, supera las generales del 27 de octubre y llega al balotaje contra Alberto Fernández.

El letrado solicitó que el juez federal con competencia electoral, Daniel Bejas, inicie un expediente para determinar posibles delitos en esa materia por parte del productor agrícola Gonzalo Blasco (ex candidato a diputado nacional por Cambiemos en 2017 y ex dirigente de Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte) y del empresario Luis Brodersen (es titular de la tarjeta Premier SA y es legislador provincial por el PRO, período 2015-2019). “(Ambos) invitan a agricultores y empresarios en general a pagar por el voto en las inminentes elecciones nacionales”, destacó López en el planteo.

El abogado, que también había denunciado a los integrantes de la composición legislativa de 2015 por el caso de las “valijas” (los casos fueron desestimados en la Justicia provincial y en la federal), detalló que había tomado conocimiento de la situación a través de las publicaciones de LAGACETA.com y de la edición papel.

Primero tomó estado público la viralización de un audio de WhatsApp grabado por Blasco, según confirmó el propio productor a este diario. “En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $ 5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre”, expresaba el mensaje. Blasco remarcó que era una iniciativa propia, no institucional. Luego ratificó, en diálogo con LA GACETA, que la idea respondía a un “a un miedo real” por el posible regreso de “un Gobierno que supo ser nefasto con nuestro sector”,

El legislador Brodersen se sumó luego a la “movida”, e indicó que les ofrecería $5.000 a los empleados de su tarjeta de crédito para apoyar la reelección del Presidente. “Lo hago además con la idea de que otros se sigan sumando con su aporte para sostener al Gobierno (nacional) que, a pesar de las enormes dificultades que afronta como consecuencia de la herencia recibida, ha marcado el camino de transformación que debe seguir nuestro país”, dijo el macrista.

López consideró que, ante estas “confesiones”, corresponde una investigación por parte de la Justicia Electoral Nacional. “La comisión por parte de los autores de este plan delictivo de fraude electoral atenta contra nuestro derecho personal e institucional de elegir y ser elegidos, en nuestro rol de candidatos, electores y ciudadanos, conforme al debido proceso electoral y forma de gobierno representativa, republicana y federal”, detalló. A su criterio, el accionar de los empresarios constituye “un plan sistémico delictivo de clientelismo”.

Desde Yerba Buena

Cuatro concejales de Yerba Buena decidieron presentarse ayer ante el Juzgado Federal con competencia Electoral, a cargo de Daniel Bejas, para plantear una denuncia en contra de Blasco. Los ediles Benjamín Zelaya, Maximiliano García, Pedro Albornoz Piossek y Lucas Cerúsico, sobre la base de las publicaciones periodísticas, consideraron que la oferta de $5.000 en apoyo a Macri constituye “clientelismo político, captación ilegal del sufragio y fraude electoral”. “Aprovechando su posición económica y social como patrón de campos, (el productor) pretende comprar el voto de sus empleados”, plantearon los concejales de la “Ciudad Jardín”. Según los denunciantes, en el audio que se viralizó, Blasco “invita a otros empresarios a imitar su conducta delictual y discriminatoria en contra de sus empleados, a quienes pretende someterlos a un régimen de vasallaje electoral, similar al fraude electoral del régimen conservador anterior a la Ley Sáenz Peña”.

Los ediles, que responden al vicepresidente 2° de la Legislatura, el lavagnista Ariel García (reciente candidato a gobernador y a diputado nacional), consignaron doctrina y jurisprudencia en el escrito judicial. “A los fines de la configuración de la conducta que denunciamos, no se requiere la participación directa del candidato, sino que también se configura el ilícito cuando intermediaban otros agentes -encargados de la campaña o miembros del partido-. El objetivo de las normas electorales es preservar la autonomía de la voluntad de los electores, concretar la soberanía popular mediante sufragio universal -el voto directo y secreto- sin interferencias perniciosas”, destacaron Zelaya, García, Albornoz Piossek y Cerúsico. Por último, los concejales requirieron a la Justicia Federal que “se realice una investigación penal de los hechos denunciados” y que “se lleve adelante la pesquisa hasta la sanción de los delitos” descriptos.