27 Agosto 2019
ENCUENTRO EN EL CFI. Gobernadores peronistas dicen que están de acuerdo con las medidas del Gobierno, pero que no cargue el costo en las provincias. comunicaión publica
“El que rompe, paga”. El fiscal de Estado, Federico Nazur, echó mano a esta frase popular “que usan los chicos” -indicó-, para sintetizar el planteo judicial de Tucumán y de otras 15 provincias por las medidas económicas anticrisis post PASO, que afectan la coparticipación.
Y es que gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron ayer presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta básica familiar y la suba del mínimo no imponible en Ganancias, que son impuestos coparticipables.
En diálogo con LA GACETA, Nazur reiteró que el gobernador, Juan Manzur, al igual que el resto de los mandatarios provinciales que realizan el planteo, apoya las medidas en beneficio de los trabajadores y de la clase media, pero dejó en claro que todos los distritos quieren que “la Nación se haga cargo y no ponga el mayor peso de este esfuerzo económico sobre los hombros de las provincias”.
“También hubo declaraciones de los gobernadores pidiendo una compensación, pero ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, decidieron avanzar con los planteos judiciales”, agregó.
En esta instancia, el fiscal apuntó que las compensaciones son una instancia política separada de la legal que, a su entender, procede de una medida inconsulta y unilateral, instrumentada con un DNU cuando la Constitución Nacional prevé para estos casos la intervención del Congreso y su acuerdo a través de una ley.
“Por eso estoy convencido de que la Corte hará lugar al pedido de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación, hasta que se resuelva el fallo sobre la cuestión de fondo”, remarcó Nazur. “Espero que las autoridades nacionales recapaciten y distribuyan mejor las cargas”, precisó.
Posibles acuerdos
Estos planteos de unas 16 provincias se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que congeló el precio de los combustibles hasta diciembre.
La decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomó en el marco de una batería de medidas diseñadas por el Gobierno nacional para moderar el impacto de la devaluación post PASO en la economía de los sectores medios y bajos, junto con la de eliminar el Impuesto al Valor Agregado, del 21%, a los alimentos de consumo básico.
Si bien los escritos ya fueron presentados ante el máximo tribunal, fuentes de las administraciones provinciales señalaron que Misiones, Neuquén y Río Negro estarían analizando desistir de la demanda para dar espacio a un posible acuerdo con el Gobierno nacional.
Las medidas económicas del Gobierno motivaron también demandas por fuera de las “competencia originaria” de la Corte, como la que instruye el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials ante la demanda de la firma Vista Oil & Gas, representada por el ex directivo de YPF, Miguel Ángel Galuccio. Esta empresa estuvo presente en la reunión del miércoles pasado con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con gobernadores y empresarios del sector petrolero para evaluar los efectos de las medidas.
El Fondo soja
Respecto del particular reclamo legal de Tucumán ante la Corte por por la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, el fiscal Nazur explicó que el trámite está en curso, y que hay una presentación anterior de seis provincias, “vía del amparo”.
Al respecto, apuntó que a esas provincias la Corte las llamó a una audiencia conciliatoria con el Estado Nacional, con un plazo de tiempo para que se pongan de acuerdo.
En el caso de Tucumán, se pidió el dictado de una medida cautelar hasta que se resuelva el fondo del planteo legal. “El cuestionamiento está referido a la inconstitucionalidad del DNU que eliminó el Fondo Soja, ya que ese decreto viola el federalismo de concertación. Además, se llega a esta instancia legal luego de intentar, sin éxito, diferentes diálogos con el Gobierno nacional para llegar a un acuerdo”, afirmó Nazur.
El Fondo Sojero nació en 2009 por un pacto Nación-provincias, que luego fue avalado por ley en el Congreso nacional y las Legislaturas provinciales. Se transferían recursos a esas gobernaciones para el financiamiento de obras públicas y se nutría de un 30% de las retenciones a la exportación de soja.
La eliminación del fondo significó para Tucumán la pérdida de unos $ 437 millones en 2018 y de $ 1.300 en 2019, según la estimación oficial.
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