El debate por los “trapitos” sigue recalentándose. Mientras los funcionarios provinciales y municipales siguen discutiendo quién debe controlar la actividad, los automovilistas continúan pidiendo una solución. “Es maravilloso cómo se tiran la pelotita de un lado a otro, pero la única realidad es que no hacen nada para solucionar el problema. Es un fiel reflejo de lo que ocurre en Tucumán, a nadie le interesa nada”, señaló María Emilia Fernández.
Yerba Buena solucionó hace tiempo el problema de los “trapitos” con una receta bastante particular. Primero dictó una ordenanza prohibiendo la actividad. Después el intendente Mariano Campero dio instrucciones para que se las hiciera cumplir. “Personal de Tránsito es el que normalmente avisa si detecta a alguien realizando esta actividad. Luego, van los miembros de la Guardia Urbana y les piden que se retiren. En caso de que no lo hicieran, recién llaman a la Policía para que los retiren a la fuerza”, explicó Mauricio Argiró, secretario de Seguridad municipal. El funcionario aclaró que, después de haberse promulgado la ordenanza, el municipio hizo un relevamiento de las personas que se dedicaban a esta actividad. “En el listado aparecían personas de nuestra ciudad, de la capital y de localidades cercanas. A los que residían en la ciudad los ubicamos incorporándolos a bolsas de trabajo municipales. Dejaron de cobrar estacionamiento y comenzaron a pintar calles o hacer tareas de mantenimiento”, agregó.
“Otra tarea que realizamos fue haber detectado los terrenos donde se estacionaban los vehículos. Nos juntamos con los propietarios y les advertimos que cobrar estacionamiento era una actividad comercial, por lo que deberían tributar tasas especiales. A los pocos días dejaban de hacer esa actividad”, concluyó Argiró.
Puntos conflictivos
En la Capital, “los responsables siguen discutiendo y en la calle aumenta la zona donde se manejan estos tipos. La gente elige la calle porque no tiene un mango para dejarlo en una guardería. Si bien es cierto que te cobran menos, te quieren sacar plata a toda costa”, explicó Gustavo Ferreyra, empleado judicial.
Hay automovilistas que hasta se atrevieron a marcar cuáles son los puntos más conflictivos. La mayoría de ellos son en Barrio Norte. “Creo que a nadie le interesa quién los controle; les importa que lo hagan de una vez por todas porque están amenazando a la gente que comete el grave error de utilizar la vía pública”, ironizó Mónica Pérez, comerciante independiente. “A veces vengo al centro para hacer una cobranza de $150 y me niego a darles $50 porque supuestamente me cuidaron el auto. No es justo”, agregó.
Diferencias
El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez ratificó que la Policía tiene un protocolo para después de que se produzca algún hecho en el que estén involucrados “trapitos”. “No podemos hacer nada contra ellos, no es nuestra responsabilidad controlar qué pasa en las zonas de los estacionamientos. Sí debemos actuar si se producen daños, amenazas y lesiones. Y eso es lo que estamos haciendo”, comentó.
“Claro que pueden controlar. ¡Por favor! Esta es una actividad ilegal alimentada porque la sociedad les paga. Hay un proceso de doble moral por parte de la gente. Por un lado, critica la actividad, pero por el otro, les sale más barato pagarles”, respondió Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte del municipio de la capital.
Ibáñez insistió que en el área de Seguridad se elaboró el proyecto de Código de Convivencia donde se contempla que será multada y hasta detenida la persona que sea descubierta cobrando estacionamiento o limpiando parabrisas en la vía pública.
“El proyecto está siendo analizando en los tres poderes, pero hasta que se defina, no tenemos ningún problema en reunirnos para ver qué solución le encontramos al problema”, planteó el secretario de Seguridad.
Romero dice que aceptó la invitación porque no será la primera vez que trabajan de manera conjunta.
Problema social
“Pero también deben asumir que la presencia de los ‘trapitos’ en la calle es una cuestión social. Hay que preguntarle al gobierno de (Juan) Manzur qué política laboral hizo para que estas personas no se dediquen a realizar esta actividad ilegal. Tampoco hay que estigmatizarlos”, explicó.
El funcionario adelantó además en una entrevista en “LA GACETA Central” que se avanza en la licitación para que empresas se hagan cargo del cobro del estacionamiento. “El primer llamado se suspendió porque fue impugnado por los mismos referentes. Se están haciendo los informes correspondientes para que se brinde el servicio en unas 200 cuadras del microcentro”, informó.