Resolvieron un trámite que dura tres meses en menos de una hora

La situación de un adolescente de 17 años acusado de haber intentado cometer un robo se resolvió en menos de una hora a través de una audiencia oral, cuando con el vigente sistema procesal penal se podría haber tardado hasta tres meses. Es la primera experiencia de este tipo.

La fiscala Mónica García de Targa le requirió al juez de Menores Federico Moeykens realizar una audiencia para resolver la situación del menor de edad. El encuentro se produjo el jueves y en la sala de audiencia, cuando el magistrado le dio la oportunidad de hablar, el menor dejó al descubierto el drama de su vida. Al no tener padres, fue criado por sus abuelos. Abandonó sus estudios y trabajaba por la mañana en un corralón y a la tarde como vendedor ambulante. Reconoció tener problemas de adicción y que, después de haber sido detenido, ningún familiar se interesó por él.

“Escuchando los informes del equipo interdisciplinario del Juzgado, descubrimos que es un menor que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. El pedido de la fiscalía persigue que las instituciones del Estado se ocupen y encarguen de llevar adelante el acompañamiento y seguimiento del menor con el fin de obtener un desarrollo de su vida personal y familiar lo más exitosa posible con el fin de su reinserción”, dijo la fiscala.

Moeykens agregó: “Hay que destacar que la ventaja de este tipo de procedimiento es que, tanto las partes como el magistrado, pueden tener contacto directo con el justiciable; y a partir de ahí, se puede resolver en base a la situación expresa y concreta que atraviesa”.

El Juez de Menores resolvió cinco puntos: el menor permanecerá alojado en el Instituto Roca; se ordenó que reciba un tratamiento para que pueda, recuperarse de sus adicciones; tendrá que reinsertarse en el sistema educativo; y se buscará reestablecer su vínculo familiar. Además, el caso debe ser incluido en el plan piloto de Mediación Penal Juvenil. Esa instancia consiste que el menor acusado y la víctima se reúnen para buscar algún tipo de resarcimiento por el hecho.

“Con esta alternativa intentamos resolver dos cuestiones. Tratar de recuperar a este menor y reinsertarlo en la sociedad, ya que va a ser un niño menos que va a estar cometiendo un delito, y quizás podamos lograr que esté estudiando, aprendiendo un oficio o trabajando. Y la fiscalía no se olvidó de que detrás de este problema que está viviendo el menor, hay un conflicto con la ley penal, hay una víctima que ha sufrido un delito”, señaló el auxiliar fiscal Gustavo Juárez.

En tanto, Moeykens agregó: “lo que procuramos a través de este tipo de audiencias es que se cumpla con los plazos y garantías del proceso de menores que busca la reinserción social, lo que se logra con el pilar de la educación y que reconozca por el hecho cometido”.

Juárez aclaró que el menor está obligado a cumplir con todas las medidas que se le impusieron y si acuerda con la víctima se le dictará el sobreseimiento, caso contrario, el proceso penal en su contra continuará.