Por Gustavo Rodríguez
14 Agosto 2019
DATO. El 30% de los detenidos por drogas es por causa de una investigación
Se acomodó en el sillón de los estudios de LG Play, suspiró hondo y disparó una frase que puede marcar un antes y un después en la lucha contra las drogas en Tucumán. “La Provincia se tiene que hacer cargo del narcomenudeo”, aseguró el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en una entrevista en el noticiero “Buen Día”.
El titular del Poder Legislativo arremetió con su idea con tono firme, dirigiéndose a los otros poderes del Estado. “La Justicia provincial tiene que asumir la responsabilidad de hacerse cargo (de la venta de estupefacientes). El Ejecutivo tiene que sacar la Policía a patear las puertas en cada barrio donde venden droga”, agregó.
El narcomenudeo o micotráfico es el sistema de comercialización de sustancias que mayor crecimiento tuvo en la provincia y en el país. Consiste en organizaciones que compran drogas y crean redes de distribución en menor escala en los barrios.
Una sola banda, que normalmente está integrada por miembros de una familia, puede tener varios puestos de venta (conocidos como quioscos) en un solo caserío, pero normalmente se van extendiendo, lo que genera enfrentamientos por el dominio territorial.
Jaldo abrió nuevamente el debate de un tema que tiene ya más de cinco años. En 2014, la provincia se adhirió a la Ley nacional que establecía la provincialización de la lucha del narcomenudeo.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de una medida cautelar, suspendió la puesta en práctica de la normativa en marzo de 2015. La falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos fueron los principales argumentos que se esgrimieron a la hora de solicitar que se suspendiera la aplicación.
Desde entonces, todos los años se volvió a discutir el tema, pero nunca se llegó a avanzar. Ahora, Jaldo impulsó otra vez el debate. “La Legislatura tiene que dar las leyes necesarias para que el juez autorice y el policía patee puertas. A los que venden en cada barrio hay que sacarlos del flequillo y meterlos presos”, señaló el vicegobernador.
“No lo hicimos porque una medida judicial lo impide. Por eso estamos conversando para ver cómo se puede hacer”, consignó en el piso de “Buen Día”.
Hace poco más de un mes, desde el MPF había surgido una iniciativa para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo de la investigación de las causas vinculadas al narcomenudeo; aunque se necesitaba que se asigne un mayor presupuesto.
En aquella oportunidad, estimaron que requerirían ampliar en más de $ 90 millones el presupuesto para afrontar los costos que acarreará la implementación de la ley. Esos fondos servirán para afrontar gastos del personal que realizará esta tarea, investigaciones, capacitación permanente y la creación de un laboratorio.
La idea es que haya al menos dos fiscales a cargo de las investigaciones. A ellos se deberían sumar los empleados de cada una de esas oficinas. Por último, pretenden que también haya un juez exclusivo para atender estas causas. Además de ordenar los allanamientos, será el responsable de controlar el debido proceso contra los imputados.
El vicegobernador confirmó que está en conversaciones con las máximas autoridades del Poder Judicial (PJ) para avanzar en la provincialización de las causas de venta minorista de droga o narcomenudeo, pero hasta el momento habló de la sanción de leyes, no del aspecto presupuestario.
Recomendación
En sus dos últimas visitas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había pedido que Tucumán se hiciera cargo de las causas de narcomenudeo. “La idea es que la Justicia Federal se dedicara a la investigación de las grandes organizaciones y que la Justicia ordinaria se dedicara a combatir a las organizaciones barriales que tanto daño están provocando. Es lo que la gente reclama de manera permanente y desde hace mucho tiempo”, comentó la funcionaria.
Desde la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico local prefirieron, por el momento, no opinar sobre los dichos del vicegobernador. Sin embargo, su titular, Carlos Driollet, en varias oportunidades había opinado que era conveniente que la Justicia se hiciera cargo del microtráfico. “Lo que más pide la gente es que acabemos con la venta de drogas en los barrios. Y eso es lo que estamos haciendo”, supo decir.
Desde el organismo, antes de que se iniciara nuevamente el debate, se había informado que el 70% de las causas en las que intervino la Policía fue por flagrancia, es decir, transas que fueron sorprendidos trasladando marihuana y cocaína. Sólo el 30% restante se hizo por un pedido de investigación.
El funcionario reconoció semanas atrás que la Justicia ordinaria necesitaría mayores recursos para luchar contra el narcomenudeo. “Estimamos que en un mes podríamos presentar unas 1.000 causas para que sean investigadas”, manifestó.
Idas y vueltas
1. En 2014 la Legislatura sanciona la ley 8.664 que establecía que la Provincia se haría cargo de la lucha contra el narcomenudeo.
2. En marzo de 2015 antes de que se pusiera en vigencia, el Ministerio Público Fiscal logró que se frenara su aplicación con una medida cautelar.
3. En julio trascendió una iniciativa del MPF para hacerse cargo del narcomenudeo. Exigía un incremento en el presupuesto.
4. Jaldo reconoce que es un tema pendiente y que se aprobarán las leyes para que la Justicia ordinaria se haga cargo del narcomenudeo.
Robo de la camioneta: “no vamos a parar hasta encontrarla”
“Vamos a agotar todas las instancias para encontrar la camioneta. ¿Cómo nos pueden robar una camioneta?”, se preguntó molesto Osvaldo Jaldo al hablar sobre la sustracción de la Toyota Hilux, hecho ocurrido el 23 de julio en la esquina de Italia y Rivadavia. “El chofer tiene que estar dentro del vehículo. Ahí está la primera falla. Nos sorprendió, nos molestó y nos dio mucha bronca, que dejen una camioneta y, en una hora, se dejen robar una camioneta”, agregó el vicegobernador. El titular del Poder Legislativo confirmó que iniciaron sumarios administrativos a todos los que tenían algún contacto con el vehículo, incluida la funcionaria Cristina Robles Ávalos que utilizaba el vehículo. “Además de rotar a todo el personal, enviamos sus nombres a la Justicia para que los investiguen”, concluyó.
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