Empeñaron su DNI a prestamistas y no votaron

Ella no fue a votar porque no pudo. A., 37 años, mamá de tres hijos y una hija, vive a menos de tres cuadras de la escuela Miguel Critto, en el sur de la ciudad, pero partió ayer con su carrito de mano en sentido contrario. La mujer contó que se había endeudado con un prestamista y, como no tenía nada más para vender o empeñar, hace un mes ha empeñado su DNI. Debe $ 2.200 más intereses, de los que perdió la cuenta.

“Lo que pasa es que me entraron a robar. Salgo a trabajar buscando chatarra a la mañana, cuando los chicos están en la escuela, y algunas tardes dejo a los nenes con mi cuñada para que los cuide mientras voy a limpiar casas. Entraron a desvalijarme cuando quedó sola mi casa. Me tiraron, entre otras cosas, la leche en polvo medicamentosa para uno de mis nenes. Así que pedí prestado. Dejé el documento”, explicó A. (se preserva su identidad). Aprovechó la mañana del domingo para buscar una cocina vieja de una casa donde trabaja, porque le prestaron el carrito.

La práctica de empeñar el DNI o las tarjetas para el cobro de programas sociales es frecuente en muchas barriadas de San Miguel de Tucumán y de otras ciudades de la provincia. Referentes de organizaciones sociales y técnicos territoriales del Ministerio de Desarrollo Social provincial confirmaron que estos casos se han naturalizado en los últimos años porque la crisis económica empeoró las condiciones de muchas familias.

“Las compañeras de la organización son quienes plantean el tema. Ellas cuentan que pidieron préstamos para poder pagar la luz porque ya no pueden refinanciar más con EDET, para comprar los útiles de los chicos o para comprar muebles con urgencia. Son préstamos de $ 2.000 en muchos casos. Y suelen ser las madres las afectadas. Es otra cara de la feminización de la pobreza, porque afecta más a las mujeres”, explicó a LA GACETA Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán.

Atrapada

El sostén de A., madre soltera, es lo que cobra por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde marzo, se trata de unos $ 2.652 por cada hijo. Al mes ella cobra alrededor de $ 8.000 (cada mes se cobra $ 2.031 y a fin de año se percibe el remanente cuando niñas y niños finalizan el año escolar). Explicó que -hasta noviembre- cobra unos $ 5.000 porque está pagando un crédito que solicitó a la Anses. Cuando salga el pago de la AUH, A. contó que pagará los $ 2.200 que debe y se esperanza con que así podrá retirar el DNI. Espera que el prestamista tenga un gesto, porque ella -insistió- siempre ha pagado. Entonces el prestamista podrá esperarla un tiempo más hasta que pague los intereses. El trato con ella es pagar $ 60 por cada día de mora que tenga desde la fecha acordada para pagar la deuda.

“Pedí $ 2.000, y me dijo que devuelva $ 2.200. Como no pagué cuando tenía que pagar -porque sino no tenía para comer-, le debo $ 60 más por día hasta que le pueda pagar”, completó A. Está preocupada porque en este mes llegará la boleta de la luz -paga por bimestre- y la última vez le vino más de $ 2.000.

“Sí sé a quién votaría si tuviese el documento. Pero bueno, ojalá no tenga que volver a quedarme sin DNI tantos días nunca más en mi vida. Ahora ando tan mal, soy tan pobre que no puedo ni ir a votar. Me da terror que alguna vez me pare la policía por ir empujando un carrito, y ser negra y ser pobre. Que me lleven a la comisaría a sacarme plata por no tenerlo (al DNI)”, finalizó A.

La primera vez que votó -recuerda- fue en 2003. En 2011 se había quedado sin votar porque le hubieron robado la cartera con sus documentos. Esta vez tampoco pudo votar.

Prestamistas y transas

Referentes del Frente Popular Darío Santillán y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) coinciden en que, además del empeño de documentos, el fenómeno abarca también a las tarjetas de bancos con las que se cobran asignaciones o pensiones. “Un fenómeno frecuente es que chicos y chicas en situación de adicción se endeudan con los transas y dejan el DNI o las tarjetas de pago de programas sociales de la familia a los transas. También ocurre con muchas mujeres en los prestamistas. Los prestamistas cobran tasas usurarias, pero como la gente no puede acudir a otra forma de crédito, no tienen otra opción. Suelen ser préstamos bajos en algunas ocasiones, entre $ 1.000 y $ 3.000, y cobran cuotas semanales”, continuó Heredia. El Frente Popular Darío Santillán tiene merenderos, comedores y actividades barriales en cerca de 79 barrios en el Gran San Miguel de Tucumán. “La mayor garantía son las tarjetas de pago, dejando el pin y toda la cosa, para que el prestamista cobre y se descuente. Cuando no hay tarjeta, se deja el DNI”, agregó.

“Es algo que sucede con frecuencia, y te diría que lo más común es que haya gente a la que le retienen las tarjetas de pago de asignaciones sociales”, también explicó Sebastián Solís, referente de la CCC. “Lo que se ve mucho es a chicos que entran en situación de consumo y les retienen las tarjetas del plan como manera de asegurarse el pago de las dosis compradas. También entra el ‘prestamismo’ en el circuito. La usura existe desde la antigüedad, pero esta práctica es más nueva: quienes no tienen trabajo formal no pueden acceder al crédito de bancos o de otras casas, entonces sólo pueden pedir dinero a un prestamista o en otros casos a dealers del barrio, quienes manejan mucho dinero. En algunos barrios hasta se les cobra la deuda a las mujeres adictas con prácticas de trata”, alertó Solís, también militante del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).

El dirigente barrial confirma que el fenómeno no sucede sólo en la capital, sino que también se replica en otras localidades de la provincia. “Que los dealers en muchas ocasiones den préstamos habla de cómo han ganado terreno en su enraizamiento social. Se convierten en figuras importantes en cada barrio”, agregó.

Emilio Mustafá, psicólogo coordinador de equipos de asistencia barrial de la Secretaría de Adicciones provincial, coincidió con el diagnóstico. “Esto no es de ahora ni del año pasado. Se consolidó hace cuatro o cinco años. Pero en estos últimos dos o tres años fue el boom, por la crisis económica. Se lo ve cotidianamente, por lo que nos cuentan los vecinos. Con frecuencia no pueden hacer un trámite porque tienen empeñado el DNI, es algo recontra común. Sea con prestamistas o transas”, consideró Mustafá. “Ahora el fenómeno es que muchos transas pasaron a desempeñar esa función. El empeño del DNI en estos últimos cinco años es impresionante, es un fenómeno cada vez más frecuente. La ‘salvada’, por lo que nos comentan los vecinos, es para poder comprar muebles por alguna urgencia, o inclusive para tener dinero para comer”, completó el técnico, que trabaja en barriadas del este de la capital, como La Costanera o Los Vázquez.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), una familia de cuatro integrantes necesitó $ 30.337,84 para superar el umbral de pobreza en mayo de este año. Para no caer en la línea de la indigencia, se requirieron $ 12.087. A. forma parte del segundo grupo, de personas a las que no les alcanza para comer. Sobre la medición de pobreza del segundo semestre de 2018, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo se midieron 238.250 personas bajo la línea de la pobreza: es el 32,2% de la población urbana medida. En el escalafón de A., la medición del nivel de indigencia, hubo 32.810 personas.

En La Costanera

A pocas cuadras del final de la avenida Benjamín Aráoz también hay mujeres que empeñaron su DNI. M. vive en La Costanera, tiene 26 años, y tampoco pudo votar. Vive con sus dos hijas, está desocupada salvo por algunas changas.

“Pedí $ 600 hace dos semanas. Apenas (el prestamista) me dio la plata fui al almacén y gasté $ 300 en comida, $ 150 que tenía fiado y le di $ 150 a mi hermano. Él es adicto y le di porque me da miedo que le haga algo a alguien, que lastime a un vecino para conseguir algo para comprar droga”, relató la mujer. “Estaré endeudada así por dos o tres semanas, y cuando recibí el préstamo gasté todo en cinco minutos”, agregó. No sabe nada de su ex pareja, papá de sus chicos, desde hace algunos meses. “Ni siquiera puedo contar con que me pasará dinero”, dijo. Explicó que su acuerdo con el prestamista, quien también es transa, era pedir $ 600 y como pagaría en una semana, devolvería $ 800. Cada día que pasa desde hace dos viernes suma $ 50. Debe $ 1.050, si paga de inmediato.

Los vecinos de La Costanera explicaron que históricamente acudieron a prestamistas, porque como trabajan de changarines o de vendedores ambulantes, no pueden acceder a tener tarjetas de crédito, préstamos bancarios o crédito para comprar en casas de ropa, zapatillas o indumentaria. Pero ahora por la crisis económica, reconocieron, cada vez más gente acude al prestamista o vende cosas de sus casas. “No, nunca llegué a tener que empeñar el DNI, pero sí me pasa que tengo muchas deudas. La tarjeta del banco, con la que cobro la AUH, me la tiene el prestamista. Le debo unos $ 2.000. Cuando me toque, él irá a cobrar y se descontará lo que le debo y recién me la va a devolver”, comentó L.., de 23 años, dos hijas, también madre sola. Ella vive en una casilla al sur de la avenida Benjamín Aráoz, cerca del CAPS San Miguel. “Así es la vida que nos toca”, contó la joven.