El “fallo” de las PASO para la Justicia

Hoy comienza la “lectura” judicial del resultado de las primarias. Los juiciosos razonan que no cabe esperar otra cosa de una magistratura donde predomina la partidización. Los mismos intérpretes observaron con sesgo electoralista las resoluciones emitidas en la víspera de la votación de ayer: el procesamiento de Daniel Santoro, periodista de Clarín, en la causa del espía Marcelo D’Alessio y la absolución del ex funcionario kirchnerista César Milani en un proceso por crímenes de la dictadura. Según esa mirada escéptica de la independencia judicial y de la división de poderes, ambos pronunciamientos demostrarían que un sector de los jueces federales votó -con la intención de “acomodarse”- a favor de los Fernández.

La percepción de descrédito de la Justicia es el hilo invisible que une al electorado. De un lado denuestan la corrupción impune; del otro, la “persecución ideológica”. Cada espacio tiene su diagnóstico sobre la enfermedad que sufren los Tribunales y su propia receta. Sobran indicios para prever que la aplicación de las “medicinas” determinará las tensiones institucionales de los próximos cuatro años. Ya sea por haber dado muestras de autonomía o de dependencia de los poderosos, en la judicatura dan por hecho que vienen por ella. Por haber avalado los excesos de los administradores públicos o haber intentado limitarlos, varios jueces se hacen la pregunta de Judas: “¿seré yo, Señor?”. Quizá esa angustia sea el termómetro que marque la fiebre que padece la república.

El “fallo” de las primarias repercutirá en “Trucumán”, donde el control de la agenda judicial obsesiona a rabiar a los gobernantes, como sugieren las sesiones legislativas de los últimos tres años. El jueves hubo una demostración de ese interés superior. El Poder Ejecutivo, de ordinario tan tolerante con las concentraciones que afectan el tránsito en la vía pública, desmanteló sin remordimientos la carpa montada sobre la vereda de la Justicia penal para protestar -por distintos motivos- contra el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. Un video filmado durante la madrugada muestra a la imputada-denunciante Roxana Teves asida a una de las varillas de la tienda mientras varios policías la tironeaban. Otra vez hubo represión para los disidentes. Horas después, los legisladores eliminaron la selección por concurso del fiscal regional, funcionario encargado de investigar las acusaciones contra funcionarios públicos, que ellos mismos habían sancionado en 2017. Además, habilitaron al gobernador Juan Manzur para postergar con mayor comodidad la designación de magistrados dotados de las garantías de la independencia. Si esto sucedió antes de las elecciones, resulta fácil colegir qué ocurrirá ahora que la mayoría del padrón provincial volvió a respaldar a los que mandarán aquí hasta 2023.

¿La embriaguez de la victoria impregnará la cobertura de la vacante de René Goane en la Corte? La falta de claridad del mecanismo empleado para liberar aquella vocalía preanunciaría que Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo reeditarán la fórmula de colonización de los Tribunales que tanta mortificación produjo. Goane había perdido hace tiempo la línea del decoro que su ex cargo reclamaba, como pusieron en evidencia su inclinación por el nepotismo y el caso del personal trainer Rodolfo Enrique Neufeld: no quiso irse por las buenas allá en 2011, cuando atacó a las mujeres, y terminó yéndose “apretado” y por las malas. Los representantes del pueblo que en su momento lo protegieron no hesitaron en desempolvar versiones poco felices de la vida privada para “empujarlo” cuando vieron la posibilidad de hacerse con su despacho. Sucumbió la transparencia y las instituciones sangraron por los dos costados: uno hizo varias de más, otros cayeron en linchamientos que no honran a nadie.

El desenlace de Goane afianzó a la comisión de Juicio Político de la Legislatura como órgano de blindaje para los magistrados afines y de persecución para los considerados antipáticos. Sólo esa doble función explicaría por qué el comité optó por salvar a los jueces de Paz que intervinieron en casamientos en otras provincias y por dar trámite a la denuncia contra Ebe López Piossek, una de las camaristas que falló en contra de los comicios de 2015. Los correveidiles pronostican que aquellos cañones ahora apuntan contra otra silla de la cúpula, y no es la de Jiménez, quien fue denunciado por el mismo abogado que pidió las destituciones de Goane y de los jueces de Paz. Algunos entusiastas del proyecto de descabezamiento pontifican -sin sentirse aludidos- que los errores del pasado siempre vuelven a exigir una rendición de cuentas.

Más de lo imaginable está supeditado a las proyecciones que dejaron las PASO. Para empezar, el futuro de seis designaciones firmadas por el presidente Mauricio Macri para la Justicia Federal de Tucumán y algunas jubilaciones con el beneficio del 82% móvil. Esa sede mantiene con candado la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito de Manzur por el período posterior a 2010. El proceso empezó a finales de 2015, y poco y nada se sabe sobre la pesquisa delegada al fiscal federal N°2, Pablo Camuña. Lo mismo sucedió con la denuncia de 2013 del peronista disidente Oscar López respecto de la posible comisión del mismo delito en el período anterior (2003-2009) al acceso del gobernador al Ministerio de Salud de la Nación. Una princesa del foro asegura que la Justicia penal provincial sobreseyó al mandatario tras su triunfo del 9 de junio. A propósito de presuntos enriquecimientos ilícitos: ¿qué hará la Corte con la decisión que confirma la elevación a juicio oral de la causa contra el intendente saliente de Tafí del Valle y legislador oficialista electo, Jorge Yapura Astorga? Los lenguaraces refieren presiones fuera de lo común muy acordes al clima apocalíptico que se apoderó de los Tribunales antes de las elecciones. “La situación es muy delicada. Las autoridades nacionales deben saber que los tucumanos nos quedamos sin defensa ante los abusos de poder”, tuiteó el 8 de agosto el legislador macrista Luis Brodersen. Si es correcto ese análisis de la coyuntura judicial, entonces tras las primarias sólo cabe esperar la intensificación de las fricciones.