06 Agosto 2019
PRESENTACIÓN. Ibarra, Barros y Yanina Muñoz, referentes locales de Mumalá.
“No podemos resaltar que han bajado los casos de femicidios. No se puede decir que la disminución ha sido por intervención del Estado. Podría haber sido algo aleatorio, pero que haya sido por la acción estatal. Tampoco que estamos mejor que el año pasado: lamentamos ocho víctimas ahora”, dijo Silvina Ibarra. La responsable del Observatorio Tucumán de Mumalá -Mujeres de la Matria Latinoamericana- remarcó que la violencia machista sigue generando muertes en la provincia y detrás de ello, más niños huérfanos y familias destruidas.
La organización de defensa de los derechos de las mujeres presentó ayer su último “Registro Nacional de Femicidios”, en el que señaló que entre enero y julio de este año se registraron ocho casos en Tucumán, casi una reducción de la cantidad de un 33% con respecto al mismo período de 2018, con 12 casos.
Según el informe actualizado, en la provincia hubo seis muertes “directas de mujeres”; un transvesticidio; y un “femicidio vinculado de un niño” en el primer semestre de 2019. Mientras que el año pasado, en igual lapso, se produjeron 10 “femicidios directos” y dos transvesticidios.
En la organización explicaron que se ha tomado en cuenta el “femicidio vinculado” a la hora de hacer un relevamiento, debido a que “se ha matado a un menor (el caso Santiago) para provocar daño a la pareja”.
Escenario
“En la provincia se registró un caso más desde la publicación del informe anterior, entre enero y mayo de este año. Fue el de Tamara Salas”, expresó Milsa Barros, referente de Mumalá. Tamara Salas, de 23 años, murió por una herida de arma de fuego. El disparo fue realizado por su ex novio y padre de su hija. El acusado intentó quitarse la vida cuando estaba detenido.
“Se abrieron las fiscalías especializadas, lo que representó un avance. Esto descongestionó los procesos. Pero los tiempos en la Justicia siguen siendo lentos, muy lentos. Necesitamos que se apliquen medidas urgentes y que una mujer no espere la oficialización de un dictamen judicial. A eso se suma que no se hace un seguimiento del cumplimiento de esos dictámenes, como las órdenes de restricción de acercamiento”, añadió la referente.
Barros remarcó que en Mumalá también se habían recibido situaciones de mujeres que no habían tenido respuestas inmediatas en reparticiones públicas. “Fueron al Observatorio (de la Mujer) y la OVD (Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial). En las comisarías quisieron efectuar una denuncia, pero eso no fue posible para ellas. Recorrieron esa ‘ruta crítica’ y terminaron volviendo a la casa con el agresor, que es lo que hay que evitar”, enfatizó.
De los ocho femicidios locales hasta el 31 de julio, seis víctimas tenían entre 19 y 40 años; seis casos fueron cometidos por la pareja o ex pareja (nueve, en 2018); tres mujeres murieron en la vivienda que compartían (siete en 2018); y tres femicidas se suicidaron (igual número el año pasado), de acuerdo a los datos del estudio privado, que se realiza a partir de las publicaciones de los medios gráficos y digitales del país.
“El 45% de las mujeres asesinadas (en el ámbito nacional) compartía hogar con el agresor. Por eso, el lugar donde viven es el más peligroso. No hay refugios para sacarla por un tiempo transitorio y donde se pueda hacer un abordaje integral para que la mujer restablezca su vida. Todo queda en el esfuerzo de la víctima y de su familia”, finalizó.
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