Las polémicas bodas a domicilio serán reguladas mediante una ley

Una propuesta legislativa quita a los jueces de Paz la posibilidad de celebrar casamientos en cualquier lugar y, fundamentalmente, con cualquier tarifa. En ese proyecto trabajan tanto el Ministerio de Gobierno y Justicia del Poder Ejecutivo como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La eventual presentación y sanción de la norma en la Legislatura eliminará una práctica desregulada que genera ingresos adicionales al salario oficial de los titulares de los juzgados. Esta prestación quedó enredada en la polémica luego de que trascendiera que tres jueces de Paz habían sido denunciados por intervenir en bodas fuera de la provincia. Esas acusaciones transitan por un momento crítico en la comisión de Juicio Político del Poder Legislativo (se informa por separado).

El texto al que accedió LA GACETA fue elaborado en la cartera a cargo del ministro Regino Amado con la participación de la secretaria y legisladora electa Carolina Vargas Aignasse, y de la directora del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry. El borrador pasó a conocimiento de la Corte por medio de la vocalía de Daniel Leiva, quien se ocupó de pulir algunos aspectos. Si no hay contramarchas ni objeciones, los jueces de Paz perderán el control del dinero que exigían discrecionalmente por casar fuera de sus despachos, y que generaba desembolsos en efectivo que no dejaban rastros y estaban exentos de controles.

El Poder Ejecutivo y la Corte no sólo pretenden bancarizar los importes que los contrayentes deben pagar, sino también establecer una tarifa fija. Al menos hasta mayo, el servicio del casamiento a domicilio costaba entre $2.000 y $ 6.000: estos montos surgen de consultas a jueces de Paz, fuentes judiciales, organizadores de casamientos, y hasta novios que estaban por dar el “sí” o acababan de hacerlo.

La regulación en debate estipula que el Poder Ejecutivo establecerá un “arancel especial”. El Gobierno y la Corte precisarán el destino de los montos que recauden en virtud de este servicio, que también podrá ser prestado por el Registro Civil. El proyecto deja así abierta la posibilidad de que los agentes reciban algún tipo de reconocimiento económico por trabajar fuera de las horas hábiles y de sus oficinas. Distintas fuentes explicaron, por un lado, que esta contraprestación es usual en otras provincias y, por el otro, que si el servicio fuese gratuito, nadie querría prestarlo.

El proyecto también terminaría con las dudas que genera el hecho de que los jueces de Paz actúan fuera de su territorio al estatuir que será competente para la celebración del matrimonio el oficial público que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, según el documento nacional de identidad. Otro cambio relevante es la obligación de pedir permiso -en forma previa- para sacar los libros a la Dirección General del Registro Civil.

Los vacíos normativos relativos a la boda a domicilio y las anomalías detectadas durante el semestre pasado llevaron a la cancelación de compromisos, y a un aumento de la formalización de enlaces en las dependencias confiadas a Bidegorry. El 23 de mayo, la directora había manifestado que sólo una ley podía reducir la discrecionalidad existente en Tucumán. En Salta, por ejemplo, los matrimonios fuera del Registro Civil están sometidos a un cuadro tarifario general que fija el Poder Ejecutivo; los celebrantes son escogidos mediante concursos; el 50% del dinero recaudado entra al Estado y los contrayentes reciben comprobantes oficiales por los importes que abonan.

Fase decisiva para tres denuncias
Decisión pendiente.- La comisión de Juicio Político de la Legislatura debe resolver si promueve la destitución de tres jueces de Paz tucumanos que participaron en casamientos fuera de la provincia. La decisión sería tomada en una reunión prevista para este martes. El futuro de José Luis Guerra (El Manantial), Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas) depende esencialmente del oficialismo, que ocupa la mayoría de las sillas del comité que preside el justicialista Zacarías Khoder. Completan esta mesa los peronistas Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Reneé Ramírez y Norma Reyes, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y Eudoro Aráoz. Entre mayo y junio, los legisladores dispusieron que los jueces de Paz acusados de mal desempeño se expidan sobre las denuncias que presentaron el abogado Gustavo Morales (firmó las tres) y Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial (sólo rubricó la presentación contra Guerra).

Salta (I).- Guerra fue acusado por su intervención en una boda en Cafayate, Salta. Tras la publicación de la denuncia, el juez de Paz de El Manantial presentó en el Poder Ejecutivo la renuncia condicionada al acceso a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. La aceptación de la dimisión obligaría a los legisladores a descartar el procedimiento de destitución que impulsan Morales y Vittar. Por el contrario, si la comisión de Juicio Político decidiese someter el caso ante el Jurado de Enjuiciamiento, ese cuerpo podría expulsar a Guerra y quitarle la capacidar para jubilarse con un régimen privilegiado.

Salta (II).- Penna también fue acusada por su intervención en una boda en Cafayate, pero, en su caso, las pruebas muestran que el empleado Gonzado Paz participó en la ceremonia. “No hay ningún casamiento celebrado en Cafayate. Es imposible. El matrimonio tuvo lugar en mi Juzgado de Paz, y lo que se hizo (en Salta) fue una mera lectura del acta y se firmó una hoja en blanco con los datos de los novios: es algo que se estila”, explicó Penna.

Santiago del Estero.- La denuncia contra Cipriani refiere que este participó en un matrimonio en Termas de Río Hondo. Al respecto, el funcionario dijo que el enlace ocurrió en una casa de Yerba Buena y no en Termas, y que sólo se había trasladado hasta allí para “recrear” el rito civil.