Una vecina de Yerba Buena intenta desbaratar a una supuesta agencia ilegal de seguridad privada

María Liliana Aráoz acababa de mudarse. Frías Silva al 800, en Yerba Buena. Una tranquila calleja de barrio, a unas cuadras de la avenida Perón. Pero la serenidad y la seguridad de esa zona fueron, para ella, una apariencia. Nada le hacía presagiar lo que iba a sucederle: que un atardecer de marzo, al volver a pie de la misa en la Iglesia de La Caridad, situada cerca, iba a ser asaltada, perseguida y golpeada por dos ladrones que iban en una moto. Según sospecha, el sereno de la cuadra no hizo nada por no haberle pagado la cuota mensual.

“Saludé al guardia, que se encontraba cuidando el barrio. En ese momento, él hizo sonar su silbato. Fue un silbido de una sola vez y prolongado. Seguí caminando hacia mi casa. Y cuando estaba por abrir la puerta, advertí que dos sujetos se acercaban a mí, en una moto. Salí corriendo en dirección al lugar en el que había visto al sereno, me caí y me interceptaron. ‘¡Dame la plata, dame la plata!’, me gritaban. Forcejearon conmigo y me quitaron el celular”, cuenta Aráoz, abogada y mediadora judicial. Este mismo relato es parte de la denuncia que realizó unas horas después, en la comisaría de Marti Coll.

Al rato, salieron algunos vecinos a auxiliarla. También reapareció el sereno. Y llegó, en un vehículo particular, un hombre llamado Walter Arnaldo Romero, quien se presentó como el dueño de la empresa de seguridad “GOB, Programa de Seguridad y Prevención del Delito”. Ese nombre fue tipeado, de ese modo, en los documentos policial y judicial. Empero, la denominación sería GOV y las siglas hacen referencia a un Grupo Organizado de Vecinos, de acuerdo a lo que se lee en otros textos aportados como pruebas. Según la abogada, cuando ella le preguntó al guardia dónde había estado mientras la asaltaban, Romero fue quien contestó: “a nuestros clientes no les roban. ¿Usted pagó?”. Este diálogo también ha quedado asentado por escrito en la causa judicial con la que la abogada le dio continuidad a su denuncia y hoy, cinco meses después, aguarda respuestas.

Incumplimientos

Aráoz se mudó. Volvió al centro, donde había vivido siempre. Pero no se resigna. Al peregrinaje por lo que le ha sucedido lo sigue en una de las fiscalías de instrucción especializadas en Delitos de Robos y Hurtos III, a cargo de Adriana Reinoso Cuello. A comienzos de abril, esa unidad judicial accedió al pedido de la letrada y le envió un oficio a la dependencia que controla a las agencias de seguridad y vigilancia privada, a cargo del Ministerio de Seguridad de Tucumán.

En ese documento, se le solicitó al titular de esa oficina, Mariano Delgado, el listado de las empresas habilitadas. Y se le preguntó -puntualmente- si GOB, propiedad de Romero, cuenta con habilitación. La respuesta no tardó en llegar: para esa fecha, eran 75 las empresas de seguridad y vigilancia privada en regla (ver página 18). Y en esa nómina no figuraba GOB. Incluso, le indicaron a Reinoso Cuello que tampoco existía alguna solicitud de habilitación con esa denominación, ya fuese razón social o nombre de fantasía. “Conforme al contenido y al tenor del pedido, iniciaremos por cuerda separada una investigación en contra de esa empresa”, se lee en la nota con la que Delgado, de ese Ministerio, le contestó a Reinoso Cuello.

De aquel entonces a esta fecha, ese inventario sigue siendo el mismo que en abril le confirmó Delgado a este diario.

Los oficios para saber el estado de GOB se le compartieron a la Municipalidad de Yerba Buena, además. Y tal como lo había hecho el Ministerio de Seguridad, ese municipio respondió que no se registraban datos. Enterada de esa situación, Araóz redobló su batalla: pidió que se cite a declarar a Romero y que se verifique si la empresa seguía o no funcionando. La fiscala accedió y el 22 de mayo Romero fue convocado a brindar una declaración informativa. La audiencia no se concretó. Y ante eso, el 4 de junio, Reinoso Cuello archivó la causa (”no se han obtenido medios probatorios suficientes”, argumentó).

A Aráoz, esa decisión le dolió tanto como aquel día en el que la arrastraron por el asfalto para quitarle un teléfono. Desde esa vez - dice- oye una moto y siente miedo. Camina mirando por el rabillo del ojo. Desconfía de cualquier hombre que pase cerca, con capucha. Y siente -sobre todo- que el Estado se desentiende. “Estoy convencida de que esos asaltantes actuaron en connivencia con el sereno de la cuadra. Y de que esta empresa intimaba a los vecinos a que realicen pagos mensuales por sus servicios irregulares. Hay personas que se arrogan facultades que son exclusivas de los gobernantes, como es la seguridad pública. Las mafias se han enquistado. Y eso provoca una anarquía total”, consignó en el escrito con el que insistió para que la causa se extraiga de archivo.

La fiscala accedió y volvió a citar a Romero. La supuesta empresa clandestina estaría infrigiendo la ley provincial N° 7.715, que es la que regula la actividad. “Acá hay un montón de gente que no hace lo que tiene que hacer. Y por culpa de esa gente, los ciudadanos estamos inseguros. Esta cadena de incumplimientos empieza en los funcionarios públicos que deberían verificar que una empresa que no está habilitada, no preste servicios”, razona Aráoz.

Una de las últimas medidas resueltas por Reinoso Cuello, el 24 de junio, fue requerir los antecedentes penales de los dos sujetos que atacaron a la abogada, y que ella reconoció en un drugstore cercano, horas después, tras rastrear la ubicación de su celular. Aráoz logró establecer, a través de Google, que su teléfono había sido encendido en la esquina de Perú y Panamá, a cuatro cuadras de su domicilio. Llamó a la Policía y se dirigió hacia ese bar. Estaban los sujetos, de acuerdo a su reconocimiento y a lo que figura en el acta de procedimiento policial. Pero no hallaron el móvil. A estas alturas, cinco meses después, el expediente que lleva su nombre y apellido se encuentra bastante más engrosado. Y aquella acta fue, apenas, el comienzo de una historia que todavía no tiene desenlace.