Buscaron trabajo en la web y las captaron para explotación sexual

Sentadas, escritorio de por medio, las chicas le hablaron por separado a su psicóloga, Cecilia Binciguerras. Durante un poco más de una hora, las dos víctimas respondieron sus preguntas, sabiendo que en otra y pequeña habitación escuchaban y las veían también los jueces y los acusados, entre otros actores del juicio oral. Tenían la cabeza cubierta por protección y para no quedar expuestas físicamente ante las cámaras. Sólo se escucharon sus sufrimientos.

Las chicas, tras dos años de asistencia y contención profesional, revivieron ayer el engaño y la extorsión. Relataron casi la misma metodología de captación y señalaron a Walter Ayala, el principal imputado en el juicio oral, como el hombre que las habría manipulado con fines de posible explotación sexual. Lo hicieron en cámara Gesell, en el marco del proceso penal por trata de personas contra el hombre y Alejandra Galván, acusados como coautores de ese delito, al ser considerados titulares de prostíbulos para obtención de ganancias y de ejecutar un sistema de “reclutamiento” y opresión sobre las afectadas, entre ellas, menores de edad y embarazadas. También figura Karina Contreras, presunta partícipe necesaria -sospechada de controlar y recaudar, y también de ser informante-.

En la segunda audiencia del debate oral y público, las jóvenes contaron sus historias de vida: que pertenecían a familias numerosas o con bajos ingresos económicos para la subsistencia; que buscaban un trabajo para mantener al hijo y el hogar, ya que eran desocupadas; y que habían abandonado los estudios secundarios. Residían entonces en la capital y en una localidad del interior tucumano. Las testigos remarcaron que habían publicado en la página web de clasificados gratis “OLX” que buscaban trabajo, sea de niñera o para limpieza, o turno medio día para poder estudiar. Así, según los relatos, Ayala habría llegado a ubicarlas y las habría llamado por teléfono para acordar un encuentro.

“Me llamó para hacer una sesión de fotos porque trabajaba para una campaña de moda. Me dijo que pagaban entre $ 300 y $ 500 por día como modelo”, rememoró una de las chicas. Mencionó que Ayala la había buscado en su casa para llevarla a hacer una producción de imágenes en el parque 9 de Julio. Tener datos de la vida y el entorno familiar fue una de las estrategias de manipulación que habría efectuado el enjuiciado, de acuerdo con la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña.

Según esta hipótesis, Ayala llevó luego a la muchacha, que en ese tiempo era menor de edad, a un departamento de calle Ayacucho y allí amenazó a la víctima con publicar las fotos y con que le contaría eso a la familia, si no mantenía sexo oral con él. El hombre -dijo el fiscal- ya había aprovechado la situación de la víctima para lograr imágenes vistiendo ropa interior. Además, le planteó que fuese escort o chica de compañía en su prostíbulo.

Al no acceder, pero con temor ante la amenaza, la joven aceptó días después la oferta insistente de trabajo para atender teléfonos. En los distintos casos, la proposición inicial era, justamente, ser recepcionista. Meses después, fue ofrecida como “mercancía” a los clientes.

El caso

La causa se había iniciado en julio de 2016, tras un llamado a la línea oficial 145 denunciando a una organización dedicada a la captación y acogimiento de mujeres para ser ofrecidas como “mercancía” a clientes. Después de varios meses de investigación, se pudo constatar que las chicas eran presentadas en el sitio “sensualtucuman.com” y, posteriormente, sometidas al ejercicio de la prostitución en varias residencias, entre casas y departamentos. Durante la audiencia, nombraron a un tal “Eduardo” como dueño del sitio y dijeron que pagaban entre $ 600 y $ 1.000 por un espacio importante dentro del portal.

En marzo de 2017, por orden de la Justicia Federal, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un allanamiento en un departamento de calle 12 de Octubre al 800, donde funcionaba un prostíbulo. En el año anterior, el lugar clandestino había funcionado en calle Corrientes al 1.800.

Allí, los agentes de la fuerza federal secuestraron celulares, cuadernos de “pases”, dinero en efectivo, gran cantidad de profilácticos y ropa erótica utilizada por las víctimas, entre otros elementos. También participó el equipo del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas de la provincia, que comenzó en ese momento el trabajo de protección de las cinco mujeres que se encontraban en la vivienda durante el procedimiento.

En la causa, a partir de las distintas declaraciones, la Fiscalía puso énfasis en que, pese a que no había habido “restricción de la libertad física, las víctimas no habrían tenido plena intención y voluntad” para estar en los prostíbulos. “Siempre quise irme, pero necesitaba la plata”, repitieron las testigos.

En el comienzo del juicio, Ayala se abstuvo a declarar, aunque rechazó las acusaciones. En alegatos iniciales, los defensores Públicos de Galván y Contreras dijeron que ambas mujeres habían sido víctimas y engañadas para permanecer en los locales clandestinos.