03 Agosto 2019
El Poder Ejecutivo (PE) recibió el texto con la renuncia condicionada del vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), René Goane, y de inmediato le dio curso administrativo al trámite para que el magistrado, que afronta pedidos de juicio político ante la Legislatura, pueda concretar su jubilación con el 82% móvil.
La cobertura de esa inminente vacante en el alto tribunal, por lo pronto, no tiene un plazo estimado. “El gobernador (Juan Manzur) tendrá la facultad constitucional de elegir a quien se desempeñará en ese lugar. Seguramente se tomará su tiempo, porque (la nota de Goane) ingresó ayer (por el jueves) a la Casa de Gobierno. La próxima semana seguiremos trabajando en el tema”, señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en diálogo con LA GACETA.
El vocal decano está en uso de licencia por razones de salud hace siete meses. A partir de esta ausencia por enfermedad y de otros argumentos, el abogado Gustavo Morales había solicitado la destitución de Goane ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. A ese primer planteo agregó uno posterior, esta vez para acusar a Goane por la supuesta desaparición de los Tribunales de una denuncia de presunta tentativa de abuso sexual articulada en su contra en 2011.
En la semana, la mayoría del comité legislativo resolvió correr traslado de las demandas del abogado en contra de Goane -en paralelo con otros expedientes de otros magistrados- para que el vocal decano tuviera oportunidad de refutar las acusaciones.
Como el gobernador todavía no concretó la aceptación de la renuncia de Goane, algo que depende del visto bueno de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), todavía corren los plazos del trámite de remoción. Si el magistrado accede al beneficio jubilatorio, los expedientes abiertos en la Legislatura pasarán al archivo.
De generarse la vacante en la Corte Suprema, Manzur tendrá la oportunidad de efectuar la segunda designación de un vocal desde su llegada al Ejecutivo, en 2015. A fines de diciembre pasado, tras el fallecimiento del juez Antonio Gandur, el gobernador impulsó la llegada del ex fiscal de Estado, Daniel Leiva, cuyo nombramiento fue ratificado por la Legislatura. Con anterioridad, también sobre la base de los procedimientos previstos en la Constitución provincial, el titular del Poder Ejecutivo había solicitado la designación del titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.
En los despachos del oficialismo suenan diversas alternativas como posibles reemplazantes de Goane. Por lo pronto, fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que se procedió a enviar un pedido de informes al alto tribunal, con el objetivo de que se remita la documentación relativa al legajo del juez, entre otros datos. “Es algo de ‘rigor’. Tenemos antecedentes de causas judiciales en las que se obliga al Poder Ejecutivo a aceptar la renuncia de un juez que está en condiciones de jubilarse, por lo que probablemente también este sea el caso”, indicó un funcionario con participación en el trámite.
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