Castigar con rigor el flagelo de los animales en las rutas

Castigar con rigor el flagelo de los animales en las rutas

Si bien no ocupan un lugar destacado en el ranking de los problemas crónicos de Tucumán, no es menos cierto que su permanencia les da importancia porque, de tiempo en tiempo, son involuntarios promotores de la muerte. Los animales vagabundean a menudo en varias rutas tucumanas. En la noche del 16 de julio, en la ruta 9, a la altura de Choromoro (departamento de Trancas), un colectivo de la empresa de San Pedro de Colalao chocó contra un caballo; el ómnibus se atravesó en el camino y fue embestido por otros dos vehículos. En ese siniestro murieron dos personas y una decena de pasajeros sufrió lesiones. En lo que va del año se han registrado ya siete incidentes viales en los que los animales sueltos han sido protagonistas.

Según el director de la Policía Vial, muchos de los innumerables animales que cruzan las carreteras carecen de marca y afirmó que las rutas más peligrosas son la 311 (a San Pedro de Colalao), la 338 (a San Javier), la 307 (a los Valles), la 308 (a Escaba) y la nacional 65 (a Las Estancias).

El director de Investigaciones de Delitos Rurales y Ambientales destacó el trabajo conjunto que efectuaron con la Sociedad Rural para concientizar a los pequeños productores sobre la importancia de marcar sus animales y de no soltarlos en campos abiertos. Algunos respondieron que en esta época les preocupa la falta de alimento y que por eso los sueltan, o que los animales se escapan saltando alambrados. Aclaró que a diario el personal efectúa recorridos para realizar secuestros, los últimos fueron hechos en la ruta nacional 9, desde El Cadillal hasta Tapia; en la ruta provincial 341, hasta Raco; y en la provincial 340, desde Raco hasta San Javier, donde capturaron nueve animales.

El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que está prohibido dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo que se lo haga por caminos de tierra y fuera de la calzada. La Ley Provincial 3.487 autoriza a la Policía local a secuestrar animales que circulen por las rutas y a transportarlos al lugar designado para su depósito, donde serán retenidos hasta su retiro por el propietario, previo pago de multa.

Lo llamativo es que cuando ocurren siniestros viales por este motivo -haya o no víctimas mortales- los propietarios nunca aparecen. Y en el caso de que fuesen identificados, al parecer, la sanción no resulta ser ejemplificadora porque este acto irresponsable del propietario vuelve a repetirse con frecuencia.

El Estado podría tener un registro de propiedad de animales o identificarlos de algún modo. Si existiese un plan de prevención de incidentes viales, se podría ubicar los lugares donde habitualmente circulan animales sueltos, visitar a sus dueños e informarles sobre los alcances de las leyes provincial y nacional. En esta tarea se podría involucrar a los municipios y las comunas. Se podría elevar significativamente la pena económica por esta infracción y hasta establecer una sanción penal severa cuando ocurran muertes por la negligencia de haber dejado suelto ganado en la ruta.

Por esto mismo, las acciones de concientización, en algún momento, deben darse por concluidas. La cronicidad de este flagelo y las trágicas consecuencias que provoca mes a mes son, por desgracia, suficientemente conocidas. En algún punto, el Estado debe dejar de ser desaprensivo con los desaprensivos y aplicar con rigor los correctivos. Porque no estamos hablando de un suceso que afea el paisaje, sino de una actitud que le cuesta la vida a las personas.

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