Candidatos a juez con rodilleras

El anecdotario de las promesas y gestiones que ciertos aspirantes a magistrado están dispuestos a hacer con tal de obtener el nombramiento creció a lo bestia desde que el oficialismo decidió que iba a postergar sin inmutarse las coberturas definitivas de los despachos, que son las únicas admitidas por la Constitución, y a reinstalar las designaciones inestables y discrecionales. Con excepciones, la combinación de las dos “políticas” exacerbó la práctica de acercamientos y seducciones de siempre entre las autoridades públicas y sus futuros controladores. La diferencia es que antes, por decoro o pudor, y en resguardo de la apariencia de independencia, aquellas proximidades se cocinaban en contactos reservados. La sutileza no va más. Los cargos de la Justicia se han convertido en un bien tan cotizado -un príncipe del foro se refiere al ticket de acceso a la “oligarquía judicial”- que para algunos de sus pretendientes bien vale aumentar los riesgos y exponerse. Para esta mentalidad resulta un trofeo lo que hasta hace algunos años era una infamia: ser cazado en el cortejo del poder y con las rodilleras puestas.

Un caso testigo de adhesión abierta al Gobierno de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo quedó a la vista este mes a partir de las imágenes que Camilo Sleiman, hoy defensor oficial en vías de jurar en Concepción, publicó en su perfil de Facebook. En los días previos a su nombramiento, el abogado no sólo asistió al banquete organizado por el Poder Ejecutivo para agasajar a Alberto Fernández -la comida costó $ 1,3 millón, según el Boletín Oficial-, sino que también ensalzó al kirchnerismo y a sus aliados locales, y hasta llamó “víctimas de violencia de género” a los radicales de Juntos por el Cambio. Las fotos -en una de ellas aparece Diego Vals, miembro del Consejo Asesor de la Magistratura que había evaluado a Sleiman- y los comentarios estaban a disposición del público en las redes sociales, pero pasaron inadvertidas para los legisladores de la comisión de Peticiones y Acuerdos. Horas antes de la sesión convocada para votar las designaciones, José María Canelada (UCR) alertó que un militante justicialista hecho y derecho estaba a punto de ingresar al sistema judicial. Nada detuvo la decisión tomada por el oficialismo. Pero el episodio “Sleiman” redimensionó el apuro por aprobar los pliegos que súbitamente se había apoderado de Jaldo.

La contrapartida de la demora que el Poder Ejecutivo ha impreso al cumplimiento de su obligación constitucional de nombrar jueces, fiscales y defensores oficiales en propiedad (por concurso) es la celeridad -también creciente- de la Legislatura para, una vez que Manzur hace el favor de observar sus deberes, avalar los nombramientos que debería fiscalizar. Un sector de la llamada oposición parece haber tirado la toalla del contralor, como si la construcción de la independencia judicial fuese baladí. Esa relajación alienta a los “Sleiman”, e intensifica la tentación de destrozar la división de poderes y jubilar a la república. Desde este punto de vista, el “calificato a la tucumana” sería la consecuencia de una cadena infinita de sumisiones.

Los padrinos de antaño ya no bastan para pasar la prueba del sometimiento: esos nexos ahora habrían sido reemplazados por figuras semejantes a los garantes. Ello implicaría responsabilizar y comprometer a quien auspicia a un postulante con la conducta que este desarrolle tras recibir los atributos para impartir justicia. La posibilidad de participar en la mesa de nombramientos iría, entonces, de la mano de la capacidad para garantizar la fidelidad de un juez respecto de sus designadores. Cuenta una leyenda de la Casa de Gobierno que, en el afán de eliminar las sorpresas y el riesgo de traiciones, algunos funcionarios habrían ido más allá del perfil profesional de los concursantes. Todo valdría a la hora de eliminar a quienes, ya en la magistratura, pueden salir con el domingo siete de la imparcialidad.

Los cargos tribunalicios -y no sólo los estratégicos- demandan peregrinaciones que asombrarían a los caminantes de Santiago de Compostela. “Está de moda sobreactuar la afinidad”, sugiere un observador de este espectáculo. Esa exageración asume distintos formatos -en el Poder Ejecutivo de San Luis llegaron a blindarse con la firma de renuncias sin fecha-, y no está exenta de traspiés. Lo sabe la camarista que “trabajó” un ascenso con visitas periódicas a la residencia del senador José Alperovich, una rutina que, tras la publicación del diario del lunes 10 de junio, se afana por borrar incluso con la ayuda de un ministro de la Corte de la Nación. Otros encienden velas a cuanto “santo” se les cruce. Esa táctica no sólo abona la diversión de quienes se entretienen con la humillación ajena, sino que desconoce la regla del garante. Nada peor que “tener muchos dueños” cuando lo que cuenta es ser propiedad de pocos. Lo sabe el candidato a juez de Paz que relata que, en su desesperación, llegó a tocar la puerta del camerino de Teté Coustarot, la estrella de la tele aquerenciada con “Trucumán”.

Dicen los entendidos que ninguna prenda de amor supera a las sentencias favorables al interés de los gobernantes, como demuestra la historia de las denuncias de los gastos sociales legislativos. Esta forma de fidelización sería indispensable para acceder a los sillones de la cúpula judicial fuera de la pertenencia al círculo de la máxima confianza de Manzur y de Jaldo. En Tribunales algunos compiten por agradar al oficialismo: son los jueces que quieren ser considerados para cuando haya una vacante -o varias vacantes- en la Corte Suprema. “Es momento de sembrar confianza”, diría el vocal Antonio Daniel Estofán, que ya puso en marcha el mecanismo para sumar a su hija María Marta Estofán como relatora. La espera puede ser larga: mejor para los poderosos. Los beneficios que aquellos sacan de estirar los plazos de las designaciones en propiedad tienen como correlato la privación de justicia que para la población supone la acumulación de juzgados, fiscalías y defensorías públicas vacantes. Esta debe ser la primera de las muchas facturas que la ciudadanía paga por una magistratura arrodillada.