Elecciones, designaciones y reformas que estresan a la Justicia

1. COMICIOS NACIONALES
Las elecciones pendientes refieren a la definición de los cargos políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo nacionales. Si bien los jueces son vitalicios y están al margen de esa competencia por los votos, la campaña electoral influye en la dinámica de los Tribunales. Por un lado, una regla no escrita recomienda a la magistratura abstenerse de influir con sus decisiones en la contienda -para saber si se cumple hay que mirar las denuncias de corrupción-. Por otro carril transita la sospecha de partidización del Poder Judicial. En Tucumán, el adelantamiento de las elecciones provinciales -facilitado por una sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo- anticipó la continuidad del oficialismo hasta 2023. Pero el desarrollo de los comicios nacionales es seguido con atención tanto en la esfera judicial local como en la federal: decisiones trascendentes para esas instituciones, que quedan enunciadas en los puntos subsiguientes de esta producción periodística, dependen del “color” que adopte la Casa Rosada. Como ya sucedió en 2015, los Tribunales y su destino protagonizan el debate por el poder. Abona esta afirmación el hecho de que el presidente, Mauricio Macri, haya dedicado una parte relevante de su último viaje fugaz a esta ciudad para reunirse con víctimas provinciales de la impunidad y solidarizarse con su lucha por la justicia.   

2. LA SALUD DEL VOCAL DECANO
El segundo semestre puede ser definitorio para la carrera extensa de René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El integrante con mayor antigüedad del alto tribunal extendió siete veces la licencia mensual por enfermedad de largo tratamiento: usó la mitad del término de 360 días corridos previsto para ese régimen (no asistió a su despacho en todo el año). A comienzos de este mes, Daniel Posse, presidente de la Corte, y familiares de Goane confirmaron que aquel tramita la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Aunque no hay plazos para el retiro y Goane todavía técnicamente puede reincorporarse a su puesto, en el Palacio y fuera de él ya especulan con la vacante, y circulan nombres de candidatos. Si queda libre la vocalía, el gobernador Juan Manzur dispondrá de la segunda posibilidad de nombrar a un integrante del máximo estrado provincial -en enero colocó allí a su ex fiscal de Estado, Daniel Leiva-: sería su tercer aporte a la cúpula judicial si se considera la designación del ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila. 

3. RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
El 26 de noviembre vencen los mandatos de dos años de las distintas representaciones asignadas a los integrantes de la Corte de Tucumán. Los vocales Daniel Posse, René Goane (o su eventual reemplazante), Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leiva han de elegir al presidente del cuerpo, función hoy a cargo del primero -puede ser reelegido-, y al número dos (Estofán hace de “decano” por la licencia de Goane). Además, deben resolver quiénes serán los titulares respectivos de los órganos de preselección, y de destitución de jueces, fiscales y defensores oficiales (Consejo Asesor de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, respectivamente). Los vocales también deben nombrar a sus representantes ante la Junta Federal de Cortes (Jufejus), y al coordinador del Centro de Especialización y Capacitación, y han de integrar las salas. Estas decisiones, que se toman en una reunión a puertas cerradas y por voto nominal, en el pasado fueron fuente de polémicas y roces intensos. La renovación de autoridades de 2017 transcurrió, sin embargo, en un clima de cortesía. 

4. VOTACIÓN DE CONSEJEROS
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) cumple 10 años este semestre. El aniversario coincide con la renovación de la mesa de consejeros, que integran representantes de la Corte; de la mayoría y de la minoría legislativa, y de los jueces y abogados de la capital y del sur. Cada estamento ha de escoger a sus respectivos “embajadores”: mientras que la Corte y la Legislatura pueden elegir por consenso o mediante una votación interna, los magistrados y letrados van a las urnas, a menos que haya listas únicas. La situación del CAM es delicada por la ya crónica escasez de jueces surgidos a partir de los concursos públicos de antecedentes y de oposición, que es el método previsto en la Constitución, y por la existencia de numerosos puestos vacantes de altísima jerarquía en disputa. A la par han proliferado los mecanismos alternativos de designación -sobre todo en las esferas de los ministerios públicos- que implican el retorno de la discrecionalidad, y distintos grados de precariedad y de secretismo. Estos esquemas han sido judicializados por el Colegio de Abogados de la Capital.    

5. DESIGNACIONES FEDERALES
La mayor renovación de las últimas décadas de la Justicia Federal de Tucumán quedó “atrapada” en la puja política y electoral existente en el Senado. Seis pliegos remitidos por la Casa Rosada aguardan el desenlace de esa disputa que mantiene paralizados los trámites de acuerdo de un centenar de nombramientos para cargos de todo el país. Gran parte de esas designaciones podrían caer si el macrismo perdiese las elecciones. La reticencia de las bancadas afines al kirchnerismo afecta a los pliegos de Edgardo López Herrera y Martín Abdala (Cámara Federal); José Manuel Díaz Vélez (Juzgado N°3), Agustín Chit (Fiscalía N°3), José María Sacheri (Defensoría de la Víctima) y Vanessa Lucero (Defensoría ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal). Debido a las vacantes, la Cámara Federal tucumana funciona con dos integrantes titulares (Marina Cossio y Ricardo Sanjuán) y dos interinos (Jorge David y Hernán Frías Silva -h-). Algo similar ocurre en la primera instancia, donde todo el peso recae sobre Daniel Bejas (N°1) y Fernando Poviña -h- (N°2) porque el Juzgado N°3 creado en 2013 nunca fue puesto en marcha. 

6. NOMBRAMIENTOS PROVINCIALES
El gobernador, Juan Manzur, nombró jueces, fiscales y defensores oficiales de la Constitución por primera vez en 2019 a finales de junio, 16 días después de obtener la reelección. El mandatario resolvió en esa oportunidad ocho de las 15 ternas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que tenía a su disposición (aquel organismo sustancia más de 40 concursos). Entre los siete tercetos pendientes de definición hay propuestas para dos fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital que aguardan una decisión desde junio de 2017. Esas ternas dieron pie a una situación inédita: el Gobierno las devolvió al CAM con el argumento de que no había candidatos elegibles y los consejeros, a su vez, decidieron el reenvío al Poder Ejecutivo. El ordenamiento jurídico obliga al gobernador a agotar los nombres para cada cobertura aunque no establece un plazo para la remisión de los pliegos correspondientes a la Legislatura. 

7. CRISIS EN LA JUSTICIA DE PAZ
Un número inédito de pedidos de destitución golpea a la institución llamada a extender el brazo de la justicia en los pueblos y zonas rurales de la provincia. La seguidilla de cuestionamientos comenzó cuando trascendió que al menos tres jueces de Paz (José Luis Guerra, Josefina Penna y Juan Cipriani) habían intervenido en matrimonios celebrados fuera de la provincia. A ellos se sumaron dos denuncias -una de ellas impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán- contra Lídoro Macedo (titular del Juzgado de Paz de San Pablo trasladado a Tacanas) debido a la constatación de múltiples irregularidades en el ejercicio de su función. Todas estas solicitudes de expulsión están en manos de la comisión de Juicio Político de la Legislatura que preside el oficialista Zacarías Khoder. Más allá de lo que suceda, la exposición de los casos llevó a la Corte a bancarizar los viáticos de la Justicia de Paz, y al Gobierno a comprometerse a promover una reforma legal para regular y organizar los matrimonios a domicilio, práctica que en los hechos generó un ingreso adicional al salario oficial de los funcionarios judiciales. La presentación de ese proyecto de ley sería inminente. En paralelo, el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, dijo que todas las designaciones de la Justicia de Paz deberían basarse en concursos, sistema que hoy no se aplica para ninguno de los cargos. Pese a que el Gobierno todavía puede designar en forma discrecional a los jueces de Paz -e, incluso, escoger legos-, la última designación data de 2013 y más del 30% de las oficinas están vacantes. 

8. REFORMAS CONTROVERTIDAS
El cierre del primer semestre dejó en el aire la intención de distintos actores oficialistas de imprimir nuevos cambios al diseño del Poder Judicial; de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, y del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Algunas ideas ya dan vueltas por la Legislatura como la pretensión de otorgar a los jefes de los fiscales (Edmundo Jiménez) y de los defensores oficiales (Washington Navarro Dávila) la facultad para trasladar a los miembros de sus respectivas instituciones -los nombramientos corresponden a cargos con jurisdicciones definidas, aunque sean itinerantes-. En la Legislatura también barajan un proyecto que propone incorporar a Jiménez y a Navarro Dávila, que ya forman parte de la Junta Electoral Provincial, como integrantes estables del CAM. Antes del receso de invierno recobró bríos el anhelo antiguo de ampliar el número de vocalías de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que hoy está compuesta por cinco sillas. Ciertos actores impulsan la Corte de siete o de nueve vocales: esta última emularía a la que modeló el gobernador Gerardo Morales en Jujuy.  

9. ENMIENDAS PROCESALES
La composición saliente de la Legislatura podría despedirse con la sanción de las nuevas reglas para los procesos civiles. Los anteproyectos están casi listos, y surgieron de una comisión especial comandada por Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y el legislador Marcelo Caponio en la que participaron primordialmente magistrados y abogados. En términos generales, los cambios apuntan a la agilización y a la incorporación de la oralidad, modificación que ya rige como plan piloto en los juzgados civiles. En paralelo, en el primer semestre empezó a funcionar en Concepción la reforma procesal penal sancionada en 2016. Si bien hubo informes oficiales que detallan logros del nuevo modelo, todavía falta que la Corte autorice la divulgación de la estadística de trabajo elaborada por la Oficina de Gestión de Audiencias de Concepción. Asimismo aún no hay precisiones sobre la aplicación de la reforma en la Justicia penal de la capital y de Monteros. 

10. CAUSAS SENSIBLES
Los próximos meses pueden definir la suerte de los procesos penales con repercusiones institucionales que involucran a los ex fiscales Carlos Albaca y Guillermo Herrera. En el primer caso, la Sala I de la Cámara Penal citó a las partes a una audiencia para organizar el juzgamiento de los supuestos delitos cometidos durante la investigación del homicidio de Paulina Lebbos (2006). Herrera, por su parte, pelea para liberarse de las resoluciones que sostienen que debe ser juzgado por presuntos hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de su función. Además, la Justicia penal provincial debe fijar la fecha del juicio del desarrollador inmobiliario Otto Barenbreuker. En los próximos días también quedaría firme la sentencia del juez Facundo Maggio que sobreseyó a todos los funcionarios denunciados en la causa de las valijas legislativas (o gastos sociales). La Justicia Federal, por su parte, debe expedirse sobre la denuncia de posibles hechos de corrupción atribuidos a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, y el planteo de competencia que mantiene paralizado desde el 12 de abril de 2018 al caso de presuntas irregularidades de la obra pública denominado “Más Cerca”, entre otros expedientes delicados para el poder político.