Si hay paros, quieren que se presten servicios de guardia

Los concejales de San Miguel de Tucumán podrían sesionar la semana que viene, pero no para subir el boleto sino para declararlo por ordenanza un servicio esencial. El presidente del cuerpo, el peronista Armando Cortalezzi, puso paños fríos al pedido de suba tarifaria en las 14 líneas de la capital: “los empresarios solicitaron llevar el boleto a $ 37,85, pero que hayan pedido un incremento no significa que haya que otorgarlo. Sí tenemos la obligación de tratarlo, y por eso se pidieron informes a la Municipalidad”. Y agregó: “se debe buscar una solución integral al conflicto, porque no podemos estar hablando de ajuste tarifario cada tres meses. Cada incremento debería durar como mínimo 12 meses”.

La semana pasada, cuando el paro de los trabajadores del transporte dictado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) llevaba cinco días, el intendente Germán Alfaro (Partido por la Justicia Social, dentro de Cambiemos) había enviado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar el transporte público como “servicio esencial”. La iniciativa modifica la ordenanza vigente de Transporte -que data 1979- (número 400, sancionada durante la última dictadura cívico militar), para fijar en su artículo 1° que “la explotación del Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros dentro del radio del municipio de San Miguel de Tucumán es un servicio público esencial”. La modificación implica que es un servicio que no puede dejar de prestarse.

Cortalezzi aclaró que presentará un proyecto similar, buscando que aunque haya paro de transporte el servicio se mantenga como los días domingos. “Hemos preparado un proyecto en la misma línea que la propuesta del intendente, para que las empresas sean sancionadas con mucho más rigor si se deja sin servicio a la población, como con estos paros intempestivos o como cuando las firmas hacen un lock out patronal y sacan los colectivos a la calle”, explicó Cortalezzi. El concejal alperovichista, que a partir de octubre asumiría una banca en la Legislatura, aclaró que el objetivo es que las huelgas en el transporte público sean similares a las de los trabajadores de la salud: si hay una medida de fuerza, las guardias de los hospitales funcionan con normalidad. “Esto no puede ser, los usuarios no pueden quedar rehenes de los empresarios. SI hay paro, deberá notificarse con un plazo establecido y deberá quedar un servicio reducido, de emergencia, como día domingo, feriado o de contingencia, como se llame, pero que la gente pueda llegar a trabajar, a estudiar, al médico o a su destino. Es un servicio público”, ahondó el concepto.

Desde octubre de 2015, cuando asumió la actual conformación del cuerpo, la tarifa del transporte público se multiplicó por cuatro. Aumentó un 300% en casi cuatro años: desde $ 4,83 hasta $ 19,30. La devaluación frente al dólar y la escalada inflacionaria de la economía nacional se plasmó en la evolución del valor del viaje en la ciudad: los concejales aumentaron la tarifa hasta $ 6,95 en 2016; a $ 9,35 en 2017; a $ 12,50 a comienzos del 2018 y en el mismo año se la elevó a $ 15,50. En marzo de este año se aprobó el ajuste para elevar el boleto hasta $ 19,30. A pesar de los incrementos, los empresarios sostienen que sus insumos están dolarizados, por lo que la ecuación es inviable.