Recalculando políticas antinarco

En dos semanas, funcionarios y especialistas en narcotráfico tuvieron que sacar papel y lapicera para anotar cruces y puntos en mapas. Hacer nuevas listas. Escuchar lo que antes no se escuchaba y ampliar la mirada. Si los funcionarios tuvieran un GPS que los ayude en su gestión, la inconfundible voz de la española repetiría una y otra vez la palabra recalculando. En estos días se desbarataron tres organizaciones que no usaban Tucumán como lugar de paso de la droga, sino para venderla al por mayor y al por menor en esta y otras provincias. Y como si eso no fuera poco, el microtráfico en los barrios sigue siendo un grave problema que nadie puede frenar.

El secuestro de unos 490 kilos de marihuana (sí casi media tonelada) se produjo en Chaco y Corrientes pero eran trasladados a estas tierras. Según los investigadores, las casi 19.600 dosis (de 25 gramos cada una) iban a ser distribuidas posiblemente a los revendedores de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. El valor de lo incautado, siempre de acuerdo a fuentes judiciales, supera los $7 millones. Si esos números son sorprendentes, también debería serlo la posición de los jueces federales de las dos provincias vecinas que creen que los grandes proveedores son tucumanos.

El domingo en Metán cayó gran parte de una banda tucumana que tenía todos los eslabones de una estructura. Contaba con personal para trasladar hasta siete kilos de cocaína semanalmente. Tenía un lugar donde estiraban la droga hasta siete veces, es decir, de una carga obtenían 49 kilos y luego, supuestamete, habían elaborado una ruta de distribución de quioscos que comenzaba en Yerba Buena y terminaba, al menos, en Aguilares. La organización, según confiaron fuentes judiciales, se habría encargado de ocupar el espacio que dejó vacante la recientemente condenada la “Banda del Gordo Vaca”.

Este combo narco quedó al descubierto el sábado a la madrugada. En un operativo rutinario de control, la Policía detuvo a tres personas (una de ellas menor de edad) cuando trasladaban casi un kilo de cocaína que probablemente estaba destinada a abastecer los quioscos de La Costanera. Llevaban la droga envuelta en una bolsa de plástico como si fuera un kilo de pan. Eso sí, todos estaban armados, listo para defenderse a balazo limpio, si es que eran atacados por algún grupo rival o un audaz asaltante que buscaba el dinero fácil que recaudan vendiendo “alita de mosca”.

Diferencias

Esta dura realidad refleja dos situaciones graves. La primera es que las fronteras siguen siendo muy permeables. Pese a los esfuerzos de la Nación, la marihuana y la cocaína siguen entrando al país y circulando como si nada. La DEA, el organismo norteamericano que controla el tráfico de sustancias en todo el mundo, estima que en América del Sur se secuestra hasta el 30% de la sustancia que se trafica. Los jueces federales del NOA y del NEA cada vez están más convencidos de que los narcos de ambas regiones intercambien droga. Los de aquí les llevan cocaína y vuelven con marihuana. El negocio es redondo. Por cada kilo de cocaína, pueden conseguir hasta 45 de marihuana, de acuerdo a las estimaciones que se hacen en tribunales.

La segunda es que el narcotráfico ha encontrado en la política un aliado insospechado. Crece porque no hay un política de Estado clara para acabar con las bandas. Actualmente es más fácil cruzar acusaciones entre los poderes del Estado que sentarse en una mesa a buscar repuestas para solucionar problemas. Está de moda cuestionar la lentitud de la Justicia, pero no se tiene en cuenta la falta de recursos humanos y tecnológicos para luchar contra esta actividad ilícita. Se consiguen más votos destinando fuerzas federales en los grandes centros urbanos para que luchen contra la inseguridad que ubicarlos en la frontera para evitar el ingreso de drogas en el país. Es mucho más marketinero mostrar pilas y pilas de droga que inaugurar centros de rehabilitación para tratar de disminuir el consumo. Resulta más efectista mostrar los procedimientos antidrogas que realizar campañas de prevención.

En Tucumán hay un claro ejemplo. Hace más de dos años que se reúne en la Legislatura una comisión que se formó para seguir de cerca los problemas de la inseguridad. Y el tráfico de drogas es una de las cuestiones que aparecen en el listado de prioridades. En esa larga mesa se sientan referentes de la Justicia federal y ordinaria, de los organismos del Estado que luchan contra el flagelo, la Policía y los legisladores. Pero hasta el momento de ese cuerpo no surgió ni un proyecto o una idea para tratar de frenar el avance narco en la provincia. Así, la lucha siempre se inclinará del lado de los señores que trafican muerte por kilos.