Que alguien se apiade del usuario

En el conflicto del transporte público de pasajeros todo sigue atado con alambres. No hay una solución de fondo y es probable que el mes que viene la situación se repita. Los empresarios del transporte automotor sostienen que la situación del sistema es tan crítica como en otras provincias. Aducen que, como sucedió en otros distritos, les resulta cuesta arriba pagar -en tiempo y en forma- no sólo los sueldos, sino también el medio aguinaldo. La cuestión subsidios es otro gran inconveniente: los usuarios del servicio están en medio de una batalla de acusaciones cruzadas entre la Nación y las provincias. Ayer mismo, el gobernador Juan Manzur exhibió una planilla que daba cuenta de que el 92% de los aportes que el Estado nacional realiza al transporte se quedan en la Provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Curiosa clase de federalismo. Sin embargo, la fuerza política del Estado provincial no ha sido tanta al momento de firmar los acuerdos fiscales. Ese era el momento propicio para cerrar filas con otras jurisdicciones y en contra de la decisión de la Casa Rosada de aplicar un ajuste a esos aportes estatales para el sector privado.

“A esa inequidad (del 92% en el área metropolitana de Buenos Aires) hay que revertirla porque con estos recursos nos están abandonando”, reclamó ayer públicamente el gobernador cuando fue consultado acerca del conflicto. Sin embargo, con datos del Ministerio de Transporte de la Nación, el subsecretario del Plan Belgrano, José Ascárate, puso énfasis en que la mayoría de las provincias (no es el caso de Tucumán) recibe esos subsidios a través del sistema interbanking.

“Al acreditar los pagos, las jurisdicciones hacen transferencias masivas y simultáneas a todas las empresas. En Tucumán, sin embargo, llama la atención que los pagos se realizan por cheques a las empresas y con varios días de diferencia. Esta operatoria que no resulta ordenada ni prolija, dificulta el control, ya que es necesario explorar el extracto bancario identificando los débitos”, indicó el legislador electo, para justificar las retenciones producidas entre mayo y junio sobre esos subsidios.

Mientras se suceden las diferencias de criterio entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, además de las divergencias entre empresarios y sindicalistas, los tucumanos se quedaron de a pie. Literalmente. Y aquellos que no fueron de vacaciones tuvieron que hacer un gasto extra porque los colectivos no funcionaron durante cinco días. Es verdad, ha sido un fin de semana largo, pero no para todos. Muchos de los trabajadores que temieron la pérdida del presentismo se tomaron un taxi. En algunos casos, el valor de ese servicio en un día era casi equivalente a un talonario de 22 abonos de cualquier línea de servicio urbano. Así están dadas las cosas.

Pero las penurias financieras no terminan allí. Aetat ha presentado ante el Concejo Deliberante de esta ciudad un pedido de incremento del precio del boleto que pretende llevar de los $ 19,30 (vigentes desde marzo pasado) a los $ 37,85. Es una movida nacional. En Jujuy, por caso, el boleto acaba de subir a $ 18,83 (suba interanual del 65%) y se reclama un reajuste del 25%, pero el Estado sólo le daría un 10%. En Salta, a su vez, el precio subió a $ 21, con un aumento escalonado que llegará a $ 26 hasta diciembre (un 100% interanual). El mes pasado, en Córdoba subió a $ 28 y dicen que quieren llevarlo a $ 35 si es que hay que atender las paritarias de este año. En Rosario, en tanto, el reajuste llevó a que el boleto cueste $ 27,50.

Y, sobre llovido, mojado. Los choferes del interior del país (incluidos los tucumanos) tienen previsto realizar mañana otra medida de fuerza, a nivel nacional, reclamando un incremento salarial del 20% para el trimestre junio-agosto, más una cifra no remunerativa de $ 16.000 a pagar en tres cuotas, tal como lo habían logrado los colectiveros del Área Metropolitana de Buenos Aires (allí el boleto es de $ 19).

Todo esto muestra que el panorama se presenta bastante sombrío y que, más allá de las diferencias políticas entre los distintos niveles de gobierno y de las negociaciones entre empresarios y sindicalistas, los usuarios terminan pagando el mayor costo del servicio de transporte de pasajeros y, lo peor, el de la incertidumbre frente a los paros.