“El encarcelamiento no es lugar para los chicos infractores”

La regla del sentido común es la única que puede alejar a las nuevas generaciones de la criminalidad, según Mary Beloff, fiscala general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina. Especialista en un asunto tan urticante como el de la Justicia penal juvenil, Beloff dijo que hay que estudiar las causas del fenómeno, y equilibrar la desigualdad de origen que supone nacer sin una familia capaz de dar cuidados y contención. “Eso es lo que funciona. Es decir, funciona lo que funcionó con nosotros”, propuso. Y añadió categóricamente: “el encarcelamiento no es lugar para los chicos infractores”.

Con zapatillas de cuero, la cara lavada y un traje gris rayado que es su marca característica, Beloff no encaja, desde luego, en el prototipo de la jurista. Pero vaya que lo es, y, por esa razón, la invitaron a exponer en una capacitación conjunta del Centro de Especialización y Capacitación del Poder Judicial de Tucumán, y de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura. Su disertación titulada “¿Qué hacer con la Justicia juvenil?” coincidió con la noticia histórica de que la Cámara de Diputados dio acuerdo a la designación de Marisa Graham como defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Se trata de un cargo creado en 2005 que jamás había sido cubierto. “Marisa es una mujer con una excepcional trayectoria en la defensa de los derechos de los niños, que contribuirá al avance de esa agenda. ¡Me alegra mucho!”, celebró Beloff en una entrevista con té de por medio.

-¿Qué hay que hacer con la Justicia juvenil?

-Para comenzar diría que tener presente realmente lo que pasa con los chicos infractores. Una vez que se conoce la dimensión de la situación se puede incluso saber si ese problema existe. Yo pregunté cuántos chicos (menores de 18 años) institucionalizados por delitos serios hay en la provincia y me contestaron que un poco más de 30: es un número que luce manejable para una población de alrededor de 1,5 millón de habitantes. Estamos hablando de un fenómeno que no puede ser considerado como el gran problema de inseguridad de la provincia.

-¿El problema está sobredimensionado, entonces?

-Un delito siempre es un hecho trágico de diferente magnitud. La persona a la que le manotearon el celular va a sufrir por eso. La persona que padece un delito grave puede sentir que le arruinan la vida e, incluso, perderla. Siempre que hay un delito estamos hablando de situaciones serias, pero la incidencia estadística del delito que cometen los chicos es baja en el contexto criminal. Los chicos no son los responsables de la inseguridad. En general, ellos cometen delitos contra la propiedad y algunos daños, no los graves: delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual. ¿En qué sentido tenemos un problema con la Justicia juvenil? Podría haber uno en el hecho que un chico cometió un delito grave, ingresó al sistema judicial, salió y volvió a delinquir. Pero esto también es manejable.

-¿A qué obedece la gran preocupación que genera este tema?

-Hay un nivel alto de alarma social, pero esto está asociado a que la comunidad tiene una tolerancia baja al delito de los chicos. No aceptamos la frustración de la imagen apolínea de los niños. Creemos que son buenos y generosos: los hemos idealizado. Entonces, cuando un chico comete un hecho grave, esto nos genera mucha perturbación y por eso reaccionamos con tanta virulencia. La gente se altera y se pone muy mal, y esa alarma se asocia a la inseguridad. Ahí aparece el enfoque errado, que es el que reclama la reducción de la edad de imputabilidad y medidas represivas, que no resuelven la cuestión.

-¿Cuál es el abordaje correcto?

-Esa es la pregunta fácil. Siempre contesto con este interrogante: ¿qué es lo que hizo que estemos aquí teniendo esta conversación? Lo que funciona es lo que funcionó con nosotras: que los chicos sean cuidados. Esto es lo que dicta el sentido común y lo que dice el derecho internacional. El Estado tiene que dar a los chicos que carecen de familia las condiciones que más se parezcan a la de los chicos que sí las tienen. La escuela es crítica. Si realmente queremos reducir el número de 30 chicos tucumanos que cometieron delitos graves y que en general ingresen cada vez menos niños a la Justicia penal, empecemos por ver la causa. Y esta está en la vulneración de derechos fundamentales del orden del cuidado.

-¿Por qué es tan difícil entender y aplicar la receta?

-El primer derecho de los chicos se llama “derecho a la protección especial”. Los chicos que tienen una familia que los proteja no deben interactuar con el Estado, pero los que enfrentan la desgracia de no tenerla deben recibir el cuidado estatal. Esa obligación no pasa por sacarlos de la calle forzadamente, y por meterlos en una institución pública sin garantías de que allí van a poder estudiar, y recibir buena alimentación y salud. Eso no es “cuidar”. Lo que falta es la decisión de hacer lo que hay que hacer y que todos sabemos que funciona. En su lugar, acudimos a los fuegos artificiales de la respuesta penal, que siempre cumple ese rol, sobre todo en épocas electorales.

-El Gobierno nacional presentó este año un proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Qué opina al respecto?

-El maestro Sebastián Soler decía que era partidario de las reformas penales siempre y cuando estuviesen alejadas de contextos de conmoción social. La Argentina tiene atrasos legislativos importantes en materia penal, pero la discusión no va a arrojar buenos resultados si se hace en un momento intensamente político como el que estamos viviendo porque la argumentación está muy condicionada. Cuando la discusión se plantea en esos términos, el producto final no es de buena calidad. La clave del éxito de la reforma penal tiene que ver con los dispositivos procesales que permiten la justicia restaurativa y las salidas alternativas, y eso es competencia del derecho público local. En las provincias se juega lo que pasa con los chicos.

-Si le pidiesen ideas para tratar a esos 30 niños y adolescentes tucumanos que cometieron delitos serios, ¿qué aconsejaría?

-Hipotéticamente diría que lo primero que hay que hacer es revisar la situación procesal de todos, es decir, la razón por la que los chicos fueron alojados en las instituciones, y, además, determinar cuánto tiempo llevan en esa situación. El encarcelamiento no es lugar para los chicos, ni siquiera para los adolescentes infractores. El propósito de la intervención estatal es lograr la reintegración social y nadie lo consigue en el aislamiento. Si hay chicos que están en esa condición debemos ver cuáles son los motivos y plazos. ¿Subsisten el peligro de la fuga o la posibilidad de entorpercer el proceso? ¿O el encarcelamiento obedece a que no hay un cuidado familiar? Si la privación de la libertad se extiende en el tiempo, entonces hay una transgresión a las disposiciones del derecho internacional. Las instituciones estatales deben ofrecer los espacios de protección si es que faltan las familias. Si no, el peligro de reincidencia es enorme. El 99% de los chicos infractores de América Latina están involucrados en problemas de adicciones y el delito está asociado a ello. Tal vez no es un hecho grave y el niño, entonces, regresa a su núcleo sin ninguna intervención del Estado. ¿Esa es una respuesta respetuosa de sus derechos? No, porque ese niño tiene derecho a que alguien lo cuide y lo ayude a superar su adicción. Ahí hay que poner la atención. El Estado debe poder suplir déficits ocasionados por circunstancias humanas desgraciadas y acompañar. Pero esto no se tematiza. En principio, debemos apuntar al origen del problema, que es la situación de enorme desventaja social que genera la marginalidad. Esta es una fórmula explosiva aquí y en todo el mundo.

› Del Ministerio Público Fiscal

Mary Beloff ha publicado numerosos libros sobre los derechos de los niños y la Justicia juvenil. Esta especialista tiene una maestría en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y un doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007 es fiscala general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina.