BRASILIA, Brasil.- La Procuraduría de Brasil emitió un dictamen contrario a la anulación de la condena impuesta al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva bajo cargos de corrupción.
El rechazo está contenido en un dictamen de la procuradora general de la República, Raquel Dodge, luego de que los abogados de Lula presentaran un pedido de habeas corpus fundado en la filtración de conversaciones entre el juez Sergio Moro y fiscales del caso Lava Jato que pusieron bajo un manto de dudas la imparcialidad del proceso.
El STF se pronunciará el martes sobre el pedido de Lula, quien aspira a lograr la anulación de la condena y su inmediata libertad.
Las conversaciones filtradas por un sitio de internet “The Intercept”, el 9 de junio, demuestran, según la opinión de los abogados de Lula, que el ex presidente fue víctima de una operación judicial destinada a condenarlo y sacarlo de la campaña electoral para regresar a la presidencia del país.
“Dudas jurídicas”
Dodge consideró en el dictamen elevado al Supremo Tribunal Federal (STF) que la petición debe ser rechazada porque se basa en hechos sobre los que hay “dudas jurídicas”.
Moro fue, hasta el año pasado, el juez responsable del Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, en el marco de la cual condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Tras la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, en enero, Moro fue designado ministro de Justicia.
Moro compareció esta semana ante una comisión del Senado para presentar su defensa y alegó que las conversaciones fueron obtenidas ilegalmente. Dijo que no puede constatar su veracidad ya que pudieron haber sido modificadas y que nada de lo divulgado muestra que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso.
Para la procuradora, las filtraciones publicadas en “The Intercept” aún no fueron presentadas ante “las autoridades públicas para que verifiquen su autenticidad”.
“Ante eso, su autenticidad no fue analizada y muchos menos confirmada”, añadió en su dictamen de rechazo. También consideró que existen sospechas de que el material fue obtenido mediante ataques de piratas informáticos, lo que, en su opinión, anularía el valor de las pruebas por su origen criminal. (Télam)