La ex funcionaria habría intimidado a la jueza que la denunció

El Ministerio de Seguridad de la Nación protegerá a la jueza que denunció el ingreso de drogas al penal de Concepción. El anuncio se produjo horas después de que trascendiera que la ex funcionaria mencionada en la causa fuera acusada de enviarle un mensaje intimidante a la magistrada.

El sábado 6 de octubre, un informante le avisó a la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched que en la panadería de la prisión había tres reos contando pastillas de psicofármacos. Al no encontrar ninguna de las autoridades de Institutos Penales, la funcionaria judicial se comunicó con el ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que tomara cartas en el asunto.

Minutos después le avisaron que la información que había recibido era cierta y que se habían iniciado actuaciones contra los presos por tráfico de estupefacientes. Se logró detener, según la denuncia, la distribución de unas 5.000 pastillas en esa unidad carcelaria

Merched, a través de pedidos de informes, detectó varias irregularidades. Los dos presos le informaron que ellos fueron obligados a realizar esa tarea por parte de un guardiacárcel de apellido Zelaya. También supo que los fines de semana la panadería permanece cerrada y que había sido abierta por orden de la subsecretaria de Servicios Penitenciarios Carina Assad. La funcionaria reconoció que ella había dado esa orden, pero dijo que sólo para que se hiciera una puerta que se necesitaba para un consultorio que no se abriría hasta el lunes siguiente. La funcionaria estimó además que las drogas podrían haber ingresado al penal a través del sistema de voleo. La magistrada denunció el hecho en la fiscalía federal que conduce Carlos Brito.

La jueza se presentó hace una semana ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer los detalles del caso. Además les explicó que las autoridades nunca le informaron ni siquiera si habían iniciado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los empleados, pero sí confirmó que su informante había sido trasladado después del secuestro de las pastillas. También dijo que Assad habría dado la orden para impedir que una técnica en adicciones continuara asistiendo a los reos de esa unidad carcelaria.

LA GACETA publicó el jueves el caso y ese mismo día Assad presentó su renuncia, que finalmente fue aceptada el viernes por los responsables del área de Seguridad. Mientras el ministro Maley analizaba la dimisión de la funcionaria, Merched dijo que recibió un mensaje por parte de la ex funcionaria que podría ser considerado como intimidante. “La verdad, Alicia, no pensé que tu odio llegara a tanto. Ya presenté mi renuncia. Dios te bendiga y llene tu vida y la de tu familia de paz y salud”, le escribió.

Al día siguiente, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación se comunicaron con la magistrada para conocer más de detalles del supuesto tráfico de drogas en la cárcel. La jueza aprovechó la oportunidad y les comentó sobre el mensaje que había recibido. La situación llegó a oídos de la ministra Patricia Bullrich, que ordenó una custodia especial.

Merched se comunicó con los jueces de la Corte para ponerlos al tanto del ofrecimiento que le hicieron los funcionarios nacionales. Según confiaron fuentes judiciales, al menos un miembro del máximo tribunal se comunicó con ella para informarle que también realizarían todas las gestiones necesarias para brindarle protección. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial sobre el tema, a pesar de la gravedad del hecho.

La magistrada se negó a realizar comentarios sobre el tema para no entorpecer la investigación que se desarrolla. Sí confirmó que mantuvo contactos con las autoridades nacionales que le garantizaron que le asignarían una custodia especial. En principio, esa tarea será cumplida por efectivos de alguna fuerza de seguridad, puesto que había denunciado a personal del servicio penitenciario y a funcionarios de la provincia.

Assad llegó al cargo de la mano del ministro Maley. Su nombre aparecería en varias de las causas que se abrieron en la Justicia Federal por el supuesto tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza. Varios presos la señalaron como responsable de los golpes que sufrieron por haberse negado a vender sustancias en las unidades.

La funcionaria también mantuvo un entredicho mediante escritos con el fiscal federal II, Pablo Camuña, y el juez federal II, Daniel Bejas, por no haberle otorgado las medidas de protección a Gonzalo Giri y a Atanacio Ledesma, los reos que denunciaron haber sido torturados por haberse negado a vender drogas que les entregaban los guardiacárceles.

En la justicia ordinaria, la fiscala Mariana Rivadeneira tiene los expedientes donde la funcionaria aparecería como una de las responsables de los apremios que sufrieron los internos en el penal de Villa Urquiza.