La Corte expone al juez que dejó su despacho sin aviso

Roberto Guyot, juez de Ejecución en lo Penal de esta capital, recibió una “recomendación” inusual para los cánones de la historia reciente del Poder Judicial local. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán encargó a Guyot que ajustara estrictamente su proceder al régimen de asistencias, licencias y franquicias vigente en la Justicia. Los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva emitieron ese consejo tras constatar que el titular del Juzgado de Ejecución se había retirado a las 9 de la mañana de su despacho sin dar el aviso reglamentario (los vocales René Goane y Claudia Sbdar no rubricaron la resolución administrativa por estar de licencia, según indica el instrumento). Los miembros del alto tribunal dijeron al juez que debía arbitrar las medidas para evitar la repetición de la situación que expone la Acordada 688 del 6 de junio pasado.

La Corte tomó nota de que Guyot había abandonado su oficina ese mismo 24 de mayo, pero a las 13.15, por medio de la funcionaria María Nazaret Rodríguez Ponce de León. Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia del alto tribunal, labró un acta en la que dejó constancia que el juez se ausentó sin consignar el horario de regreso, ni comunicarle a ella que se retiraba, ni solicitar una licencia. El 30 de mayo, Guyot manifestó, siempre según la Acordada 688, que había dejado el Juzgado por razones de salud y adjuntó un certificado médico que consigna un cuadro de hipertensión arterial. En la presentación, el juez advirtió que, pese a que no estaba físicamente en su despacho, había mantenido el “contacto permanente” con los funcionarios del juzgado por la vía telefónica.

Los vocales recordaron que estaba en vigor el Régimen de Asistencias, Licencias y Franquicias aprobado en 1991 (Acordada 234). El artículo 3 de ese reglamento establece que los jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales deben como mínimo concurrir a sus despachos de 8 a 13 horas. Además, el Régimen mencionado prescribe que los funcionarios y magistrados no podrán ausentarse de la provincia durante días hábiles o inhábiles sin la correspondiente autorización de la Corte. “En los supuestos de inasistencia, deberán dar aviso pertinente dentro de las dos primeras horas hábiles administrativas indicando sus razones”, dispone la normativa. Respecto de las licencias por afecciones comunes, la Acordada 234/91 estipula que hay que dar aviso del retiro al funcionario jefe de la oficina para que este realice la comunicación requerida.

Posse, Estofán y Leiva consideraron que Guyot había transgredido las disposiciones reglamentarias. “Recién seis días después de su retiro presentó la justificación correspondiente cuando debía hacerlo al reincorporarse al servicio, según la normativa vigente”, precisaron. Los vocales añadieron: “el pronto despacho de las labores que se llevan a cabo en un juzgado hace necesaria la presencia del juez en los horarios de atención al público. Es indudable que la falta de comunicación del retiro de la oficina desencadena una responsabilidad disciplinaria en razón de resentir la prestación del servicio de justicia. Esta cuestión se agrava al ser (Guyot) el único juez de Ejecución Penal de la capital”.

La exposición del abandono de la oficina sin cumplir las previsiones legales se acumula a las denuncias recientes y serias objeciones que enfrenta Guyot por parte de presos sometidos a su jurisdicción. En diciembre de 2017, la Corte ordenó la apertura de un sumario administrativo en el Juzgado de Ejecución como consecuencia de la muerte violenta del recluso Fernando Medina -la Legislatura archivó un pedido de destitución por este mismo hecho-. Esa investigación interna todavía sigue abierta porque, en el ínterin, se jubiló la camarista instructora Marta Cavallotti. En febrero, el magistrado penal Fabián Fradejas se hizo cargo de la instrucción del sumario. La pesquisa está en la etapa final y sus conclusiones serían elevadas a los vocales en los próximos días. Mientras tanto, continúan las altas y las bajas en el equipo de la unidad de Guyot. El mismo día que dirigió la “recomendación” poco común a aquel juez, la Corte colocó interinamente a Edgar Maximiliano Dupuy en la secretaría del juzgado, y trasladó a los funcionarios Germán Ricardo Aiquel y Rodríguez Ponce de León a la Oficina de Gestión de Audiencias.