Por Gustavo Rodríguez
15 Junio 2019
MAYOR CUSTODIA. Después del incidente se decidió reforzar la guardia en el Destacamento Falivene. la gaceta / foto de hector peralta
La historia se repite una y otra vez en las causas que se abrieron para investigar el tráfico de estupefacientes en los penales de la provincia. Ahora, como ocurrió en marzo y el mes pasado, dos presos que declararon en la Justicia por este caso, denunciaron haber sido amenazados luego de haber aportado más datos para que se avance con la investigación.
“Les decimos a los fiscales y a los jueces que ni aquí estamos tranquilos. Vino un grupo de gente y a los gritos decían que querían sacarnos”, explicó en un audio que le envió a LA GACETA el que denunció haber sido abusado por un compañero, como castigo por haberse negado a comercializar drogas que le entregaban en el penal.
El incidente se produjo en el Destacamento Falivene de la Policía, donde, para protegerlos, fueron trasladados los presos que se habían presentado en la Justicia Federal para denunciar al personal de Institutos Penales.
“Tenemos mucho miedo por lo que nos pueda pasar. También tememos por nuestras familias; queremos que quede bien en claro que estamos corriendo peligro por lo que venimos denunciando. La señora (Carina) Asad está detrás de todo esto”, recalcó la víctima del ataque. El preso mencionó a la subsecretaria de Servicios Penitenciarios antes de que se conociera que había sido involucrada en el ingreso de pastillas al penal de Concepción por la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched.
El jefe de Policía, Manuel Bernachi, relató que el miércoles por la noche hubo una manifestación vecinal por los presos que se encontraban allí. “Fue bastante extraño porque hay detenidos allí desde hace mucho tiempo y nunca tuvimos problemas. Se reforzó la guardia y cuando quisimos dialogar con los referentes, terminaron abandonando el lugar”, explicó el comisario.
Bernachi agregó: “se montó una guardia especial para evitar que se produjeran nuevos hechos de estas características. Recibimos una orden de protegerlos y eso haremos”.
Gustavo Morales, defensor de los reos, opinó que “evidentemente lo que están denunciando ellos está molestando a muchos funcionarios. Ellos están decididos a seguir hablando, contando todo lo que saben y aportando más pruebas. Es más, hay más internos en el penal de Villa Urquiza que están dispuestos a denunciar todo porque se cansaron de lo que está sucediendo”.
Aberrante hecho
El fiscal federal II, Pablo Camuña, después de haber tomado declaración al reo, remitió una copia del expediente para que la fiscala María del Carmen Reuter investigue el supuesto abuso sexual que denunció haber sufrido uno de los reclusos que aportó elementos en la causa en que se investiga el tráfico de drogas. La víctima se presentó en tribunales y ratificó sus dichos. Horas después se produjo el incidente.
Entre llantos y con mucha vergüenza contó lo que había sucedido en marzo pasado. Opinó que sufrió ese ataque por haberse negado a vender la droga que le entregaban los guardias del penal, pero que antes también había sufrido un cruento castigo físico porque le terminaron quebrando las dos piernas.
Fue cuando estaba en silla de ruedas, por haber sufrido esas lesiones, que fue abusado sexualmente -según relató en la Justicia- por otro interno. Dijo que los guardias no hicieron nada para detener el ataque. Reconoció que no había hecho la denuncia por vergüenza, pero que un compañero de encierro, que observó todo, dejó una carta en el buzón que puso la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.
Esa situación sí se confirmó. Lourdes Bascary, responsable de esa oficina, después de haber recibido la denuncia, le pidió al defensor oficial que se reúna con él. “Su defendido manifestó que tiene lesiones provocadas por personal del Servicio Penitenciario y que necesita ser revisado de manera urgente. Atento a la gravedad del asunto, le solicito que considere visitar a su defendido a la brevedad”, se pudo leer en la nota que se redactó. La víctima del abuso habría declarado que no fue asistido por ningún profesional.
El testigo que ofreció la víctima para que respaldara sus dichos y que sería el que realizó la denuncia anónima, no pudo declarar por cuestiones técnicas. El juez de Ejecución y Sentencia de la capital, Roberto Guyot no pudo autorizar su traslado porque, según dijo, está inhibido. A raíz de esta decisión, el reo quedó a cargo de la Sala V, que había sido la que lo condenó. Los miembros del tribunal aceptaron que sea trasladado a tribunales el martes bajo un fuerte operativo de seguridad.
Por otra parte, la fiscala Reuter, al analizar los dichos de la víctima, sacó copia del expediente y la envió para que las fiscalías especializadas investiguen si se cometieron otros delitos, como ella sospecha.
Pese a que el hecho se produjo en marzo, el caso se mantuvo en reserva durante casi tres meses, a pesar de que se tendría que haber reportado el hecho. También quedaron en la mira los guardiacárceles que estaban cumpliendo sus funciones el día en que se produjo el hecho.
El reo dijo que el ataque se produjo en un calabozo de la unidad de Máxima Seguridad, donde la vigilancia es permanente y los reclusos casi no tienen posibilidades de deambular por el sector.
La víctima señaló que él denunció el caso ante los funcionarios del juzgado que conduce Guyot, pero voceros de la fiscalía explicaron que la víctima nunca fue revisada por un profesional y que tampoco se le realizaron los estudios que, por protocolo, se deberían haber realizado para confirmar o descartar el abuso. Tampoco se tomaron las medidas correspondientes para recolectar pruebas en contra del acusado.
Lo más popular
