Por Jorge Elías, agencia Télam.- La filtración de los mensajes de texto durante la investigación del caso Lava Jato entre el juez Sergio Moro, ahora ministro estrella de Jair Bolsonaro, y el fiscal Deltan Dallagnol dejó al descubierto una intencionalidad política reñida con la Constitución y el Código Penal de Brasil. La revelación de “The Intercept”, del periodista norteamericano Glenn Greenwald, echó dudas sobre la pesquisa que derivó en procesos en varios países de América latina y llevó a prisión a un centenar de personas. Entre ellas, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado antes de las presidenciales de 2018.
Greenwald había ventilado en 2013 las intromisiones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) en la petrolera estatal Petrobras por las cuales la presidenta Dilma Rousseff canceló una visita oficial a Barack Obama. Edward Snowden, cobijado en Moscú por el pedido de arresto de Estados Unidos después de haber trabajado en el Centro de Operaciones de Amenazas de la NSA en Hawai, la CIA y compañías privadas, entregó a Greenwald pruebas sobre el espionaje de la NSA y su homóloga británica, GCHQ. Las publicó el periódico “The Guardian”. Nunca fueron desmentidas.
La nueva filtración, criticada, pero no rebatida, hace temblar los cimientos del gobierno de Bolsonaro, en caída libre en las encuestas sobre su gestión y envuelto en sospechas sobre la neutralidad del juez que impidió que Lula fuera candidato y que contribuyó a la destitución de Rousseff. Justamente Moro, ministro de Justicia, cabildea en el Congreso para brindar a los jueces más autoridad en investigaciones sobre corrupción.
En Brasil, dos de cada tres noticias que circulan en redes sociales son falsas. Es el país más proclive a creer las mentiras virtuales, según un estudio de Ipsos sobre 27 naciones. Seis de cada 10 brasileños usan a diario WhatsApp. El 66% de los votantes compartió noticias políticas por esa red social durante la campaña, según el Instituto Datafolha. La misma proporción dio por ciertas informaciones ficticias. En los mensajes escaseaba la verdad y abundaban las mayúsculas. La estrategia de Donald Trump, adoptada por Bolsonaro.
La defensa de Lula no vacila en utilizar los mensajes como muestra de la parcialidad del proceso. El fiscal Dallagnol, en el intercambio con Moro por Telegram, dudaba de la contundencia de las pruebas. Le pedía consejos. La lawfare (guerra jurídica) desdibuja la imagen del ex juez y la de Bolsonaro, sucesor de Michel Temer, también marcado por la corrupción.
Un enjambre que marca un nuevo capítulo en la turbulenta trama jurídica con condimento político de Brasil y otras latitudes.