Una empresa tucumana aparece entre compañías sospechadas de vender a Venezuela con sobreprecios

Durante años Argentina vendió productos diversos a Venezuela, y ese país “pagó” las cuentas con petróleo y dólares. Este acuerdo comercial cuestionado por su manejo irregular fue materializado mediante dos series de un fideicomiso denominado Pdvsa aparentemente originado en una reunión a solas que los entonces presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner mantuvieron en 2003. Por esta estructura circularon alrededor de U$S 2.000 millones. Entre las empresas beneficiarias del mecanismo está la tucumana Paramérica SA, que habría exportado alimentos y otros bienes con sobreprecios, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Carlos Ruiz Juárez, presidente de la compañía, rechazó las sospechas. “La totalidad de las operaciones de nuestra empresa se concertaron por los precios y con las modalidades correspondientes a las condiciones de mercado existentes a la fecha de su celebración”, dijo el ejecutivo (se informa por separado).

El Fideicomiso Pdvsa “murió” en 2016, tras la llegada de Mauricio Macri al Gobierno. Hasta el cambio de mando, el acuerdo comercial formaba parte del ámbito de incumbencias de Julio De Vido, el ex ministro nacional de Planificación Federal preso de manera preventiva por denuncias de corrupción. Su auge coincidió con la época del cepo cambiario que impuso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rigió hasta que aquella dejó la Casa Rosada: una política de control del cambio de divisas todavía vigente en Venezuela. Las dudas sobre los fines y las formas de esta iniciativa del chavismo -que mantuvo Nicolás Maduro- y del kirchnerismo volvieron a quedar expuestas a partir del documento que la Sigen elaboró por pedido de Marcelo Aguinsky, juez federal en lo Penal Económico Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo de control detectó inconsistencias en la facturación y la determinación de precios de los productos y servicios del Fideicomiso Pdvsa.

Los auditores encontraron que, en algunos casos, los venezolanos pagaron hasta el 90% más del valor de mercado. Llamativamente, el país de Simón Bolívar también abonó sumas inferiores a las de referencia. El informe de la Sigen sitúa a Paramérica SA en las dos hipótesis: por un lado habría facturado con recargos los cargamentos de legumbres y de maíz, y, por el otro, habría exportado soja por un precio inferior al del mercado.

La soja dio quebranto

Según la Sigen, la empresa vendió maíz amarillo por U$S 27 millones cuando el producto valía U$S 14 millones. Esta operación generó una diferencia de U$S 13 milones. La Sigen halló un sobreprecio todavía mayor: por otro envío de maíz, Paramérica SA recibió U$S 19,1 millones. Si hubiese ido al mercado, le habrían dado U$S 116.000. En este caso el recargo ascendería a U$S 19 millones. Por el contrario, la firma tucumana habría perdido dinero al vender a Venezuela soja que valía U$S 200 millones por U$S 106,8 millones. Esta operación habría generado un quebranto de U$S 93,2 millones. Respecto de los porotos, la Sigen apuntó que la empresa de los Ruiz Juárez facturó U$S 26 millones cuando el precio de referencia era U$S 18 millones.

La mayoría de las restantes sociedades mencionadas en el informe también se dedicaban a la producción de comida. El chavismo otorgó al Ejército la administración de las importaciones de alimentos: ese organismo aún controla el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. En abril y en medio de la crisis humanitaria que padece Venezuela por sus conflictos políticos, económicos y sociales, el presidente Maduro puso a cargo de esta cartera estratégica al mayor general Carlos Leal Tellería. Alimentación estuvo a cargo del poderoso militar Rodolfo Clemente Marco Torres, hoy gobernador de Aragua, durante buena parte del período alcanzado por la auditoría de la Sigen.

El informe podría dar lugar a una investigación sistémica sobre si el fideicomiso fue utilizado para cometer hechos de corrupción. Un caso individual abona esa conjetura. El juez Aguinsky imputó a Juan José Levy, cabeza de un grupo de empresas intervinientes en Pdvsa, entre ellas Laboratorios Esme, la posible comisión de una serie de delitos, entre ellos cohecho y soborno transnacional.

¿Cómo funcionaba el Fideicomiso Pdvsa?

El régimen de Chávez y de Maduro indicaba a qué empresarios argentinos había que pagar

En los hechos, debía haber una especie de trueque: Argentina pagaba el petróleo a Venezuela con las exportaciones que este segundo país compraba por medio del fideicomiso. El dinero ingresado al patrimonio de afectación (fideicomiso) iba a los exportadores argentinos que Venezuela seleccionaba. En la operación intervenía el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido. “Fue un océano de dinero cuyo destino y empleo no ha sido objeto de una fiscalización profunda”, opinó una fuente consultada por LA GACETA. La cuenta del fideicomiso estaba radicada en un banco de Nueva York y el dinero allí depositado sólo podía egresar para cancelar obligaciones con importadores argentinos, según las instrucciones que daban los funcionarios venezolanos. Un conocedor del mecanismo relató: “en 2003 Venezuela tenía una liquidez extraordinaria por el precio del petróleo (U$S 80 el barril -hoy cotiza en U$S 62-). Los ‘petrodólares’ lo compraban todo y abrían todas las puertas del mundo. Con ese país ávido por financiar su expansión internacional se encontró el entonces presidente Néstor Kirchner”.

“Jamás intervinimos en acto alguno de soborno transnacional”

Carlos Ruiz Juárez (foto), presidente de la empresa tucumana Paramérica SA, rechazó que su compañía haya participado en un esquema de negocios ilícitos con Venezuela (se informa por separado). “Los accionistas, directores, apoderados, funcionarios y empleados de Paramérica SA jamás intervinieron, sea por acción u omisión, en acto alguno de soborno internacional, ni en general en conductas que puedan ser calificadas como ilícitas”, expresó el ejecutivo mediante un correo electrónico que remitió este lunes a LA GACETA. Ruiz Juárez encabeza una firma familiar, donde participan otros de sus parientes, entre ellos el empresario Diego Ruiz Juárez.

El presidente de Paramérica SA negó los sobreprecios hallados por la Sindicatura General de la Nación. “La totalidad de nuestras operaciones se concertaron por los precios y con las modalidades correspondientes a las condiciones de mercado existentes a la fecha de su celebración”, manifestó. Y añadió: “para la concreción de operaciones en Venezuela jamás acudimos a la intervención directa o indirecta de funcionarios o empleados públicos de la República Argentina”.

Carlos Ruiz Juárez dijo que su compañía estaba permanentemente a disposición de las autoridades competentes para la fiscalización de sus actividades: “en relación a los pagos que recibimos por intermedio del fideicomiso celebrado entre Venezuela y la República Argentina, cabe expresar lo siguiente: i) Paramérica SA no tuvo participación en la estructuración y celebración del mencionado contrato; ii) la utilización del fideicomiso como medio de pago fue ajena a la decisión de Paramérica SA, quien no tenía la opción de cobrar directamente en divisas o de hacerlo por intermedio del fideicomiso; iii) esta operatoria era admitida por el Banco Central como medio válido para el cumplimiento de ingresos de divisas, según las exigencias del Mercado Único y Libre de Cambios entonces vigente, y iv) esos pagos fueron incluidos en las respectivas declaraciones juradas presentadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

Ruiz Juárez recordó que su empresa es una sociedad regularmente constituida de conformidad a las leyes de la República Argentina e inscripta en el Registro Público de Comercio de Tucumán el día 4 de octubre de 1994. Y agregó: “operamos en más de 40 países en el mundo. En lo que refiere específicamente a Venezuela, el vínculo comercial se remonta al año 1998. A lo largo de 20 años actuamos tanto en las épocas en que la actividad importadora era mayoritariamente a cargo del sector privado, como también lo hicimos en tiempos en que la importación de alimentos quedó a cargo de corporaciones públicas”.