Por Luis Duarte
08 Junio 2019
EL MOTIVO. Un caso de hurto agravado, en el que está involucrado un policía, generó una disputa entre una jueza y un fiscal. la gaceta / Foto de José Nuno
La causa por el hurto de un arma reglamentaria de la Policía -un delito menor-, ha movilizado ayer a los tribunales penales por segundo día consecutivo. Esta vez, la disputa judicial fue menos tirante respecto de la jornada anterior. En la Fiscalía en lo Criminal I, a cargo de Claudio Bonari, se observó nuevamente la presencia policial, aunque sin indicios de un posible allanamiento.
Sin embargo, el fiscal amplió ayer, según fuentes oficiales, la recusación contra la jueza de Instrucción en lo Penal V, Carolina Ballesteros, al considerar que la magistrada podría tener “afectada su imparcialidad o ecuanimidad, al adelantar su criterio de resolver a favor de una de las partes, en este caso, del imputado”. Se trata de un agente policial, con residencia en Famaillá, quien está sospechado de sustraer un arma reglamentaria de un depósito de la Policía en 2017.
El funcionario judicial le solicitó a la magistrada que se inhiba de la causa, es decir, que se aparte por probable prejuzgamiento.
LA GACETA accedió al documento legal presentado ayer en el Juzgado V. Por esa vía, Bonari sostuvo que la magistrada había incurrido en supuestos por haber manifestado “extrajudicialmente su posición en el proceso”.
Según se expresó en el texto, Ballesteros había hecho “constar en el sistema informático SAE una resolución del 31 de mayo pasado, y que figuraría firmado en igual fecha, en el que se dispone hacer lugar a la oposición planteada por la defensa del imputado (en la misma causa) y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento”. Además, recalcó que siquiera se había cerrado la instrucción y, muchos menos, formulado el requerimiento pertinente.
El expediente
Entre otros fundamentos, el fiscal calificó también de “agraviante” la intimación de la jueza para que envíe el expediente del caso. “De manera arbitraria, ilegítima e improcedente pretende aplicar una sanción, arrogándose facultades de superintendencia, lo que vulneraría la independencia del fiscal y del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Ballesteros le había enviado el jueves un oficio para que remitiera la causa en un lapso de seis horas. Observaba que se habían cumplido los tiempos de la investigación y de una demanda del acusado. En esa línea, había advertido que la medida se fijaba “bajo apercibimiento de disponer un probable allanamiento, el secuestro del expediente y una multa”.
Respecto de la resolución aludida, Ballesteros remarcó que se trataba de un archivo que se había generado por “error en el sistema, pero que contiene datos de otra causa”. “Le di trámite a la recusación”, confirmó la magistrada.
La tensión decayó en el cierre de la semana hábil, ya que el fiscal envió el expediente del proceso, solicitando otras medidas, de acuerdo a la información de fuentes de tribunales de avenida Sarmiento al 400. Ahora, la jueza deberá resolver el planteo del instructor. Bajo todas esas circunstancias, la titular del Juzgado V desistió del allanamiento en las oficinas de la Fiscalía.
Bonari considera, según se pudo conocer a partir de fuentes cercanas al funcionario, que la etapa de instrucción no había concluido y que podría avanzar en la obtención de más pruebas que vincularían al policía.
El caso
La causa se inició en 2017. La denuncia hacía constar el hurto de un arma de fuego en un depósito oficial. Por ello, se dispuso luego la detención del uniformado. En plena investigación, una de las hipótesis vinculaban al policía como posible autor de la sustracción, pero no determinaría la finalidad del hecho.
A esto se sumó otro dato en torno del trabajo de los investigadores. Con el paso de la instrucción, circuló entonces la versión de que el agente de la fuerza conocía, supuestamente, a uno de los mellizos Orellana, referentes políticos en Famaillá, localidad ubicada en el sur de la provincia. Inclusive, en los tribunales trascendió que existiría contacto con José Orellana, diputado nacional.
El dirigente peronista, ante la consulta de LA GACETA, negó acercamiento con el sospechoso del hurto agravado y una posible intervención en el proceso a favor del imputado. “Conozco a muchos fiscales, pero a Bonari no lo traté. Tampoco conozco al policía involucrado (...) Estoy en campaña, ya me interné en Famaillá hace días”, respondió el parlamentario nacional.
Por su parte su hermano, Enrique Orellana, remarcó: “primero, no lo conocemos. Y segundo, jamás vamos a ir a pedir por alguien que hizo una macana. Podemos hacer un trámite de cualquier índole. Pero no para apoyar a sinvergüenzas, atorrantes (...) No recuerdo que me hayan pedido una atención de esa. No se puede hacer un pedido así a una jueza o a un fiscal”, agregó.
El sospechoso había requerido una y otra vez el sobreseimiento de la causa, debido a que no se acreditaba la comisión del delito, entre otros fundamentos.
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