08 Junio 2019
NUEVO PERFIL. El jefe de Estado prometió combatir el nepotismo y apunta a parientes de ex funcionarios.
SAN SALVADOR.- El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría enfrentar demandas por despedir a través de la red social Twitter a unos 400 empleados del Gobierno. Los afectados por estas cesantías dispuestas virtualmente dicen que semejantes medidas vulneran una ley de salarios aprobada por el Congreso del país.
Bukele, por ejemplo, ordenó la eliminación de cinco Secretarías de la Presidencia, por lo que sus trabajadores fueron notificados de forma sorpresiva y pública de la suspensión de sus plazas en las áreas de transparencia, gobernabilidad y vulnerabilidad.
“Queda claro que la extinta ‘Secretaría de Transparencia’ no servía para nada. Más que como parte de la ‘Fábrica de Empleos’, claro”, tuiteó el mandatario durante esta semana.
Los ex empleados públicos dicen que Bukele y su equipo no han seguido el debido proceso de solicitarles a los diputados la supresión de los trabajos estatales, los cuales se encuentran incluidos en el presupuesto general.
“Mientras la Asamblea Legislativa no se pronuncie sobre los fundamentos de la supresión de las plazas, la presidencia de la República nos debe garantizar por escrito nuestro derecho al salario y prestaciones de ley”, manifestó a la prensa Helen Menjivar, ex trabajadora de la Secretaría de Inclusión Social.
A través de una serie de mensajes de Twitter, el mandatario ha interpelado directamente a ministros y funcionarios para que despidan a 13 familiares del ex presidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y de otros líderes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Se ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores @CancillerAleHT, remover de su cargo como Ministra Consejera en Alemania, a Lizeth Olivo Urías, hija de Julio Olivo, Presidente del TSE, con un salario de $ 3.090 mensuales”, escribió en uno de muchos tuits de despido. El “TSE” es el Tribunal Supremo Electoral.
“De inmediato Presidente”, respondió por la misma vía su canciller, Alexandra Hill.
El Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana avaló algunos despidos que, dijo, reflejan nepotismo del gobierno anterior, pero sostuvo que en los despidos masivos se podría incurrir en ilegalidades.
Los empleados despedidos evalúan presentar un amparo ante el máximo tribunal del país, luego de revisar caso por caso y exponer las capacidades y méritos de los empleados. (Reuters)
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