La asistencia a las víctimas de la violencia de género

Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, es considerado como violencia contra la mujer, de acuerdo con la definición emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.

En Tucumán, la violencia de género se ha convertido en uno de los problemas que atraviesa toda la sociedad. El lunes, cientos de personas se movilizaron en la plaza Independencia para expresarse en contra del femicidio, transfemicidio, el travesticidio; la violencia de género y el acoso laboral. Dirigentes de la Multisectorial y del colectivo “Ni una menos” afirmaron que en lo que va de 2019, se han registrado seis femicidios en la provincia. “Ocurren como desenlace de una cadena cruel de violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres. Y ante esta terrible realidad, nos encontramos sin protección del Estado, carentes de políticas públicas con perspectiva de género. Esta es la desesperante realidad de Tucumán”, dijeron en un documento.

Una integrante de la Casa de las Mujeres indicó que el Gobierno nacional redujo el presupuesto del Instituto de las Mujeres y de los 36 refugios prometidos este año, solo inauguró tres y criticó a la provincia, porque en casi dos años y medio de la sanción de la ley 8.981, de Emergencia contra la Violencia de la Mujer en la provincia, varios de los puntos de esa norma no se están cumpliendo. Durante la marcha, las manifestantes dijeron que “no se garantizó ni un solo refugio para las víctimas de violencia y seguimos esperando que se pongan en marcha medidas de prevención y asistencia a la mujeres víctimas” y exigieron la apertura de refugios en toda la provincia. Sobre el asunto, la secretaria provincial de Derechos Humanos dijo que el Gobierno está patrocinando a las familias de víctimas de femicidios y que se gestionó un cupo en el Instituto de la Vivienda para las víctimas de violencia; acotó que existe la resolución y las mujeres pueden inscribirse

La ley 8.981, promulgada el 10 de febrero de 2017, señala en su artículo segundo como política prioritaria para el Estado Provincial, que deberá crear e implementar en el territorio provincial espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física y psicológica, quedando facultado el Poder Ejecutivo a solicitar asignación de partida presupuestaria específica, a la reasignación de partidas existentes o la gestión de recursos nacionales para el cumplimiento del objetivo.

Los efectos psicológicos adversos de esta violencia afectan a las mujeres en todas las etapas de su vida, y tienen consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva. Nos parece que este flagelo social debe ser analizado en profundidad desde distintas perspectivas para diseñar luego una política integral, que se apoye principalmente en la educación, porque esta permitirá cambiar con el tiempo los patrones culturales históricos que consideran que la mujer debe estar sometida al hombre. Combatir este flagelo con eficacia debería ser una de las prioridades del Estado. Mientras haya una mujer golpeada no podrá haber igualdad en nuestra sociedad y seguiremos aplazados en materia de derechos humanos.