La Justicia investiga el caso de los reos

La Justicia provincial inició una investigación contra el personal y las autoridades del penal del Villa Urquiza, tras la denuncia por agresiones que sufrieron dos reclusos. Los internos habían acusado al personal de la cárcel de haber sido castigados porque se habían negado a vender las drogas que, según dijeron, les entregaban los propios guardiácarceles.

Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma ampliaron entre el 15 y el 17 de mayo sus declaraciones ante el fiscal federal Pablo Camuña. Por esa situación, el juez federal Daniel Bejas pidió que se les brindara protección de manera inmediata. El camarista Pedro Roldán Vázquez ordenó que el primero fuera trasladado a la seccional 1ª.

El sábado 18, al percatarse el magistrado de que no se había cumplido con su orden, se presentó en el penal. Allí descubrió que ambos reclusos habían sufrido una feroz golpiza y él mismo supervisó que se cumpliera la medida. El otro detenido, en cambio, debió esperar cuatro días para que el juez de Ejecución de Sentencias Roberto Guyot dispusiera que fuera llevado a la comisaría de Los Aguirre.

Ambos magistrados, según los informes de los médicos que revisaron a los reos, confirmaron que ambos habían sufrido lesiones por golpes. En la Dirección de Institutos Penales explicaron que habían recibido esas heridas por haberse enfrentado a los guardias del sector de Máxima Seguridad. Dijeron que ellos generaron incidentes porque en una requisa les encontraron puntas carcelarias, palos y piedras. Pero esa versión no resultó convincente, puesto que en el lugar donde están alojados es imposible que se encuentren esos objetos y, si llegaran a estar, sería una grave falla en los sistemas de control.

La fiscala Mariana Rivadeneira, al tomar estado público lo acontecido, decidió abrir una causa de oficio. Luego, al recibir los informes del camarista Roldán Vázquez y del juez Guyot, unificó el expediente. Los peritos deberán analizar las lesiones que sufrieron los reclusos para determinar si corresponde investigar un caso de apremios ilegales o si se trata de torturas, un delito mucho más grave si es cometido por personal de la fuerza de seguridad. Además, de acuerdo a fuentes judiciales, habrá que analizar si los implicados incumplieron sus deberes como funcionarios públicos.

También se realizará una investigación para determinar el desempeño del comisario Elías Alejandro Olivera, uno de los jefes de la seccional 5ª que no habría cumplimentado con el oficio ordenado por Roldán Vázquez. El magistrado, más allá del pedido formal que realizó al sospechar que estaba ante un delito, multó al uniformado con $ 35.000 por no haber cumplido con sus funciones.

Paralelamente, el fiscal federal Camuña se encarga de investigar el supuesto tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza. El expediente se formó con los datos que aportaron los presos.