¿Todo pasa en Tucumán?

Julio Grondona, el fallecido presidente de la AFA, hasta poco antes de morir, usaba un anillo con una frase que hizo historia: “Todo Pasa”. El dirigente, uno de los pocos en el país que logró sobrevivir a todos los movimientos políticos durante más de 30 años, mostraba con orgullo esa gema. En una entrevista con la entrañable revista El Gráfico explicó su significado. “Puede tener dos apreciaciones: aquel que la usa porque no le interesa nada o aquel que dice todo pasa pensando en que lo bueno tiene que quedar”. Pero en Tucumán ninguna de las dos acepciones se cumple.

Todo pasa en el penal de Villa Urquiza. En noviembre de 2017, el reo Sebastián Medina fue trasladado ilegalmente a la cárcel y tres días después terminó siendo asesinado. No era un recluso más. Fue el primero que denunció que lo torturaron por haberse negado a vender la droga que le entregaban los guardiacárceles. El caso generó un escándalo, pero 16 meses después, otros dos internos vivieron casi la misma situación. Entre ambos episodios hubo una diferencia: la oportuna intervención del camarista Pedro Roldán Vázquez evitó otro posible crimen. Pese a que los nombres de los investigados y las circunstancias se repiten, la sociedad no se escandalizó. Y no lo hizo porque piensan que los reclusos no tienen derecho a nada, ni siquiera de dejar al descubierto que hombres que forman parte del Estado podrían estar implicados en la venta de estupefacientes.

Todo pasa en materia de seguridad en la provincia. Por primera vez en lo que va del año, pasaron 29 días sin que se produjera un homicidio en situación de robo. Lo que debería ser algo normal, se transformó en excepcional. También es una situación lógica, ya que desde su designación como jefe de la fuerza, Manuel Bernachi mandó a los policías a la calle a hacer prevención y así poner control en las calles. Pero hasta cuándo podrá aguantar con la escasez de recursos humanos y técnicos para continuar con esta estrategia. Ahora quedará al descubierto que las inversiones que se hicieron en los últimos tiempos no fueron las correctas. Por ejemplo, el Gobierno gastó $500 millones en la polémica compras de armas que todavía no llegaron desde Israel. Con esa cifra se podrían haber adquirido más de 400 camionetas para sostener el plan con el que ahora se pretende vencer la inseguridad y que, en principio, está arrojando buenos resultados. Otra pregunta: ¿cuál hubiera sido la reacción de la sociedad si en vez de entregar $40 millones en subsidios se hubieran comprado unos 80 vehículos para recorrer por las calles?

Por las calles

Todo pasa en las calles de la capital. Por estas horas los motoqueros que manifestaron por la medida que los obligaba a usar chalecos reflectivos deben estar insultándose una y otra vez. No por la resolución de Enrique Romero, sino por haber perdido el tiempo reuniéndose y quejándose. A menos de dos semanas de haberse puesto en práctica, cada vez son menos los que lo usan. Fue un veranito para los vendedores de los artículos. Es otra iniciativa que fracasó, igual que la promesa de que nadie estacionaría en doble fila cerca de los establecimientos educativos. En Buenos Aires, en cambio, se acaba de aprobar una ley que obliga a utilizar los mismos chalecos para frenar el ataque de los motochorros. La norma también obliga que las autoridades municipales, en base a estadísticas de índices delictivos, informen sobre zonas rojas para prohibir la circulación de dos hombres en un mismo rodado. En Tucumán, desde hace más de dos años que se discute el tema y no surgió ninguna solución. Ni con la llamada Ley Motochorros, bautizada como “demagogia procesal” por Enrique Pedicone (integrante de la Cámara de Apeleciones), se logró frenar esta modalidad delictiva.

Drogas

Todo pasa con el narcomenudeo en estas tierras. La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal desarticuló el mismo quiosco de venta de Drogas que en diciembre había sido visitado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el operativo secuestraron unas 500 dosis de paco, la peor basura que puede consumir un adicto y que normalmente era ubicada en los barrios donde la pobreza manda. El hallazgo, que se produjo en avenida Gobernador del Campo al 300, a tres cuadras del macrocentro, es una prueba de que los señores que venden muerte están avanzando a pasos agigantados. Mientras ello ocurre, aquí ya nadie habla de que la Justicia ordinaria debería hacerse cargo del microtráfico de estupefacientes. Y no la hacen porque la Nación no cumplió con su promesa de enviar fondos a los que se hicieran cargo de este problema. Pero tampoco existen planteos al PE nacional para que erradique estos pequeños comercios que no cesan de cobrarse víctimas.

Todo pasa en la Justicia Federal que está atada de pies y manos. Menos de 15 empleados, dos fiscales y dos jueces deben atender las causas de narcotráfico en la provincia. Pero paralelamente deben revisar los expedientes de malversación de fondos en organismos nacionales (como la causa en la que están implicadas ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán); delitos económicos (evasión impositiva y lavado de activos); electorales (en una provincia donde hay un festival de irregularidades), previsionales (por razones obvias tienen mayor urgencia); y ambientales, por citar algunos. En promedio, las fuerzas (provinciales y nacionales) no realizan más de tres operativos por mes para detener el accionar de los grupos que trafican drogas. Ni con elecciones a la vista se logró incrementar el número de procedimientos. Quizás por la pila de expedientes que están en los despachos; o por la falta de lugar de alojamiento o, porque la mayoría de las bandas desarticuladas en los últimos tiempos tenía algún tipo de vinculación política y una detención por este tipo de delito puede derivar en un escándalo. Entonces, en Tucumán no todo pasa, sino que no pasa nada.