Vuelve el “sí” de los novios en el Registro por los traspiés de jueces de Paz

Lo que hasta el mes pasado parecía natural, por ejemplo, que un juez de Paz de Trancas celebre una boda en la capital, comenzó a ser observado con espanto por los propios maestros de ceremonia. El temor a las consecuencias negativas de las bodas a domicilio llevó a cancelar al menos siete servicios desde que trascendieron las denuncias contra tres funcionarios que intervinieron en enlaces fuera de la provincia. Los desplantes repercutieron en el Registro Civil. Carolina Bidegorry, directora de ese organismo del Poder Ejecutivo, manifestó que estaban atendiendo allí a las parejas perjudicadas.

La controversia ha reinstalado la antigua usanza de que los novios den el “sí” en las oficinas del Registro, donde el trámite es gratuito. “Todos podrán casarse. Si es preciso, habilitaremos el horario vespertino”, aseguró Bidegorry este jueves. Y añadió que en los últimos días habían recibido a ciudadanos inquietos porque los jueces de Paz no querían hacer los matrimonios concertados hace tiempo. “Estamos asumiendo la situación y acomodando las ceremonias para que nadie se quede sin casamiento. Es importante llevar esta tranquilidad a la población por los preparativos que implica un acontecimiento de este tipo”, explicó la directora.

¿Fin del ingreso extra?

Aunque las acusaciones contra los jueces de Paz legos José Luis Guerra (El Manantial), Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo) cuestionan que aquellos hayan intervenido en bodas más allá de los límites de Tucumán, la polémica alcanzó a toda la práctica desregulada de las bodas a domicilio. Sucede que en 2018 Bidegorry había advertido a los responsables de los juzgados que no podían casar fuera de sus respectivas jurisdicciones. Un año antes, la directora había comunicado que, para sacar los libros de la oficina, debían pedirle autorización con un mes de antelación.

La exposición de los pedidos de destitución y de las circulares del Registro Civil introdujo pruritos y dudas entre los jueces de Paz, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. Muchos optaron por cerrar preventivamente esta fuente de ingresos adicionales e informales. Según una consulta a empleados y funcionarios judiciales; a novios y a organizadores de bodas, un casamiento a domicilio puede llegar a generar hasta $ 6.000. Ese dinero va directamente al bolsillo sin recibos, y el precio final como los detalles de la prestación dependen del criterio de cada juez de Paz.

En el Estado reconocieron la necesidad de establecer criterios comunes y de aumentar los controles. El 23 de mayo, Bidegorry había manifestado que sólo una ley podía reducir la discrecionalidad existente y que ella estaba preparando un proyecto al tiempo que avanzaba la política para que el Registro reasuma las competencias otorgadas a la Justicia de Paz. En el futuro es posible, incluso, que los titulares de los juzgados pierdan la potestad para casar. En Salta, por ejemplo, los matrimonios dependen en forma exclusiva del Registro Civil. En esa provincia, el casamiento a domicilio se rige por el cuadro tarifario general que fija el Poder Ejecutivo; los celebrantes son escogidos mediante concursos; el 50% del dinero recaudado entra al Estado y los contrayentes reciben comprobantes oficiales por los importes que abonan.

La práctica de los casamientos fuera del Registro o del juzgado de Paz creció sin respiro en las últimas décadas. Según Cipriani, esta tendencia ya existía en Tucumán cuando él se integró a la Justicia en 1991. Se trata de una modalidad prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que en ella intervenga un funcionario público competente. Especialistas locales advirtieron que el matrimonio celebrado por un juez de Paz tucumano fuera de la jurisdicción que le asigna la ley o en otras provincias podría afectar la validez del acto civil.

El retorno de facto a la ceremonia practicada en el Registro se suma a la decisión de Guerra de presentar la renuncia para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Mientras tanto, ese juez de Paz y Penna han de contestar las denuncias que tramita la comisión de Juicio Político de la Legislatura, que aún no trató la acusación contra Cipriani (ingresó el miércoles). En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio la semana pasada el primer paso para definir si abre sumarios administrativos que permitan esclarecer si hubo excesos con las bodas y, eventualmente, aplicar sanciones disciplinarias.