La Justicia, esa “cosa” que el oficialismo dice desconocer

Quienes desde hace años observan un sesgo oficialista en los Tribunales provinciales se sintieron confirmados en esa visión luego de que los tres aspirantes con mejores chances de llegar al Poder Ejecutivo expusieran sus propuestas políticas para el Poder Judicial. El debate organizado por LA GACETA reveló que sólo el gobernador Juan Manzur luce conforme con el sistema judicial: al menos fue el único que se abstuvo de criticarlo. Mientras que Ricardo Bussi definió a la Justicia como un “verdadero desastre, una calamidad y un organismo colonizado por el peronismo que gobernó en los últimos 20 años”, Silvia Elías de Pérez directamente apuntó contra el “arquitecto” Edmundo Jiménez, ex ministro histórico del enmudecido José Alperovich, y hoy jefe de los fiscales y vocal de la Junta Electoral. “En el primer día de gestión le voy a pedir la renuncia al ministro público fiscal porque Jiménez, Alperovich y Manzur son los responsables de que haya impunidad en Tucumán”, prometió en un giro discursivo evocativo de la época en la que el entonces postulante presidencial Mauricio Macri hacía campaña atacando a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

El malestar de la oposición para con la Justicia abona la conjetura de que a la mayoría de los integrantes de ese departamento le conviene el triunfo oficialista. En los Tribunales muchos ni se plantean otra posibilidad: de hecho han apostado por los gobernantes actuales hasta el punto de desfigurar el concepto de la independencia judicial, en especial en la etapa de la investigación penal. En ese ámbito decisivo para la ecología social, el magistrado independiente se ha convertido en una ave rara y minoritaria. Dice un principito del foro que las excepciones confirman la regla de degradación que enunció Bussi. El doble candidato dio nombre y apellido a su diagnóstico al identificar a la fiscala Adriana Giannoni como “la corporización” de lo que él y su sector rechazan. “Vamos a poner en funcionamiento la comisión de Juicio Político paralizada hace mucho tiempo para revisar la trayectoria de jueces y fiscales que han defendido, protegido y avalado la delincuencia en Tucumán”, aseguró.

La última destitución de un integrante de los Tribunales ordinarios ocurrió en 2006, y no surtió efectos porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio la razón a Alicia Freidenberg y aquella terminó siendo repuesta en el cargo de camarista penal. El procedimiento fracasó debido a que, según la Corte provincial, Freidenberg había sido expulsada por el contenido de sus fallos y no por haber incurrido en mal desempeño. La fuga del homicida Alberto Tolosa, un preso con permiso de salida otorgado por la jueza, había desencadenado la expulsión frustrada. La incorporación del Jurado de Enjuiciamiento en la reforma constitucional que presidió Manzur a instancias de Alperovich no implicó un fortalecimiento del control sobre el ejercicio recto -también ético- de la magistratura. En 13 años de vida, ese instituto sólo echó a dos jueces de Paz legos, Pedro A. Núñez y José Solano Lazarte. La pobreza obedece en parte a las deficiencias de diseño del Jurado, y en parte a que la mayoría oficialista que maneja la Legislatura archivó sistemáticamente las denuncias de irregularidades atribuidas a jueces, fiscales y defensores oficiales. Otras veces, la bancada afín al Ejecutivo amagó con disciplinar a la magistratura íntegra, que es la que emite las sentencias que incomodan al poder.

La adhesión al Gobierno confiere beneficios evidentes a la judicatura venal. Una conocedora de esas ventajas sugiere la existencia de una “licencia para la corrupción”. Sea como fuere, la pasividad de la Legislatura impuso, en los supuestos de cuestionamiento intenso, el recurso de la salida apurada con la jubilación del 82% móvil. Es lo que lograron los ex fiscales imputados Carlos Albaca (2013) y Guillermo Herrera (2015), y lo que ahora pretende José Luis Guerra, el juez de Paz lego de El Manantial acusado de haber casado en Salta. En los casos de Albaca y Herrera, el oficialismo garantizó el retiro privilegiado al aceptar con diligencia las dimisiones condicionadas.

Inteligentemente para algunos, Manzur se mostró distante de la Justicia. En su mensaje calculado para el debate, el jefe de Estado se manifestó creyente de la división de poderes. No sólo dio a entender que el desprestigio tribunalicio no le incumbía, sino que dejó solos a los magistrados con sus crisis permanentes. Al decir que respetaba al Poder Judicial, Manzur se desentendió de uno de los reproches principales que arrastra aquella esfera: la incapacidad para poner límites a los gobernantes y la alimentación del esquema de protección de los poderosos que configura la desigualdad frente a la ley. El mandatario coronó su ajenidad al recordar que había incrementado el presupuesto de los Tribunales. Según sus cuentas, el servicio que la oposición deplora consume $ 7.000 millones al año. “Que cueste más es lo de menos”, diría un nostálgico de las publicidades de Aurora Grundig.

El Gobierno de Manzur se caracterizó por postergar de modo indefinido la cobertura de las vacantes judiciales -hasta aquí no designó a ningún juez de Paz- y por los nombramientos polémicos, como revelan las peripecias de Facundo Maggio, Juan Ricardo Acosta, Walter Ojeda Ávila, Washington Navarro Dávila y Daniel Leiva. Tantos costos enfrentó el Poder Ejecutivo por esas decisiones que su titular optó por patear las designaciones definitivas pendientes para después del domingo, cuando sabrá si tiene o no otros cuatro años para “cuidar” a los tucumanos. Pero en el debate Manzur se vanaglorió de haber nombrado 41 jueces, fiscales y defensores oficiales. Esa jactancia contrasta con la hipótesis de que la escasez de magistrados ha sido premeditada por esta gestión para justificar la incorporación de funcionarios precarios sin estabilidad y sin concurso, como los subrogantes y los auxiliares. La institucionalidad venida abajo, coyuntura acreditada por las anomalías y el atraso de la Justicia de Paz, será problema de otro. Es que en “Trucumán” el oficialismo no responde por las deficiencias evidentes del Poder Judicial aunque el Poder Judicial le responda -casi- incondicionalmente.