Tendrán más protección los reos que denunciaron la venta de droga

La investigación por la supuesta venta de drogas en el penal de Villa Urquiza sumó dos nuevos y polémicos capítulos. Los reos que denunciaron el caso ingresarían en las próximas horas al Programa Nacional de Protección de Testigos. Además, uno de ellos denunció de manera oficial al juez de Ejecución de Sentencias, Roberto Guyot, de haberlo amenazado de muerte en su calabozo.

Atanacio Ledesma y Gonzalo Giri declararon ante la Justicia Federal que habían sido torturados por negarse a vender estupefacientes en el penal. El fiscal Pablo Camuña, que intervino en la causa, solicitó que se dictara todo tipo de medidas para protegerlos, planteo que fue aceptado por el juez Daniel Bejas. Hace dos semanas, los mismos internos habían ampliado su denuncia, por lo que se insistió en las acciones de protección.

El camarista Pedro Roldán Vázquez, que tenía a su cargo el control de Giri, ordenó que sea trasladado a la seccional 1ª. Pero su pedido no fue cumplido, por lo que el sábado 18 se trasladó al penal para averiguar qué había sucedido. Allí, el preso le informó que había sufrido una feroz golpiza, que luego sería confirmada por los médicos forenses, y que a Ledesma le había pasado lo mismo por defenderlo. Ante la gravedad del caso, el magistrado controló personalmente que el interno fuese llevado a la dependencia policial.

Ledesma, en cambio, continuó en el penal. Cuatro días después de ese grave incidente, Guyot ordenó que sea llevado a la comisaría de Los Aguirre y, de esa dependencia, fue trasladado al Destacamento Falivene.

Camuña y Bejas no sólo tuvieron en cuenta la gravedad del caso, sino un antecedente ocurrido en noviembre de 2017. El preso Sebastián Medina fue asesinado por otro interno en lo que se suponía había sido una pelea carcelaria. Pero al investigar el caso, la fiscala Adriana Giannoni descubrió que se podría haber tratado de un homicidio por encargo.

Medina también había declarado en la Justicia Federal que los guardiacárceles lo habían golpeado por negarse a vender drogas que le entregaba personal de Instituto Penales. Por seguridad, fue trasladado a la seccional 7ª, pero meses después, sin autorización alguna, fue trasladado a la cárcel nuevamente. Fue asesinado tres días después, pese a que sus familiares le advirtieron al juez Guyot que su vida corría peligro. Al magistrado le archivaron el pedido de juicio político que se había iniciado en su contra por su actuación.

Los funcionarios de la Justicia Federal pidieron entonces que Giri y Ledesma ingresaran al Programa Nacional de Protección de Testigos. También solicitaron este beneficio para otro recluso que declaró recientemente y que habría confirmado las versiones de sus dos compañeros. En idéntica situación se encontraría un cuarto reo. Los nombres de los últimos dos hombres se mantienen en reserva por cuestiones de seguridad.

Funcionarios nacionales mantuvieron entrevistas con cuatro de los tres testigos. Les explicaron el sistema y cuáles eran sus alcances. Regresaron ayer a la tarde a Buenos Aires y en los próximos días enviarían un informe para recomendar los caminos que se deben seguir. Este no es un caso sencillo, ya que están involucradas personas que están cumpliendo condenas o se encuentran privadas de su libertad esperando ser enjuiciadas.

El sistema

El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de la Justicia o arrepentidos) que hayan realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.

El Programa funciona siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañado por la opinión del representante del Ministerio Público. A la vez, requiere la conformidad del director del Programa, que debe basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita.

Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario, ya que esas medidas, en muchos casos imponem restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho a la intimidad.