Por Irene Benito
31 Mayo 2019
La intervención de jueces de Paz tucumanos en casamientos en provincias vecinas generó una acumulación inédita de pedidos de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. El miércoles ingresó la tercera solicitud del mes, en esta oportunidad dirigida a obtener la expulsión de Juan Cipriani, titular lego del Juzgado de Paz de Gonzalo (Trancas) -antes habían sido denunciados José Luis Guerra y Josefina Penna-. Gustavo Morales, el abogado que firmó las otras dos peticiones, dijo que Cipriani incurrió en mal desempeño y en ignorancia inexcusable del derecho al participar de una ceremonia en Santiago del Estero. En simultáneo, el comité legislativo decidió correr traslado de la acusación a Penna (Yerba Buena) y a Guerra (El Manantial) -se informa por separado-.
La presentación atinente a Cipriani incluye una copia del video donde este aparece en las nupcias que Luz María Santos Bollea y Nicolás Graña celebraron en Termas de Río Hondo en diciembre. “El juez de Paz labró un acta falsa arguyendo la flagrante mendacidad de haberse trasladado a Termas sólo para recrear (sic) el matrimonio”, expresó Morales. Según ese abogado, Cipriani habría cometido delitos e incumplido los deberes inherentes a la función pública al prestarse a una simulación de la verdad.
“Es intolerable, sea lego o no, el pueril pretexto del titular del Juzgado de Paz de Gonzalo, que pretendió justificar su deleznable comportamiento utilizando como argucias las ideas de que sólo había ‘recreado’ (sic) un matrimonio fuera de los límites provinciales y de que no existe un territorio definido para ejercer la función de oficial público del Registro Civil”, afirmó Morales. Y añadió: “tamañas ‘asnalidades’ jurídicas exteriorizan un supino desconocimiento del derecho por parte del harto cuestionado Cipriani por lo que debe ser removido de inmediato en el ejercicio de sus funciones pues no coadyuva a un adecuado y transparente servicio de justicia al carecer del básico conocimiento de los requisitos de validez de un acto jurídico”. El abogado deslizó, por último, que existiría una vinculación económica entre el juez de Paz y un familiar de la pareja que celebró su casamiento en Termas.
La existencia del video que complicó a Cipriani trascendió el lunes. Antes habían sido divulgadas la denuncia de Morales y de Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, contra Guerra y la presentación del letrado contra Penna, por casamientos en Cafayate (Salta). Las bodas a domicilio representan un ingreso informal y adicional a los $ 140.000 que como mínimo gana un juez de Paz. El servicio puede llegar a costar hasta $ 6.000, aunque se supone que para ir a otra provincia el precio es aún mayor.
“Técnicamente el matrimonio ocurrió en Yerba Buena, días antes de la fiesta en Termas. Tengo el acta y puedo probarlo. En Santiago del Estero sólo hice una recreación, lo que no me convierte en delincuente”, había comentado Cipriani en una entrevista. Interrogado acerca de por qué si él estaba asignado a Gonzalo (Trancas) había actuado en otra jurisdicción, el juez de Paz había dicho: “no existe, a decir verdad, un territorio definido para ejercer la función de oficial público del Registro Civil. Tampoco existiría un impedimento para que case un empleado. Pienso que podría hacerlo en una situación de emergencia”. Si bien se negó a responder cuánto cobraba por matrimonio, Cipriani aseguró que exigía el pago de la tasa de $ 250 en Rentas. Y agregó que los cuestionamientos lo ofendían en su condición de persona de bien.
Lo más popular
