Dos jueces de Paz deben explicar los casamientos fuera de Tucumán

Dos jueces de Paz legos deberán explicar su intervención en matrimonios civiles fuera de la provincia a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El alto tribunal, vía la Secretaría de Superintendencia, corrió traslado de las actuaciones a Josefina Penna (Yerba Buena) y a Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas), quienes han de elaborar sus respectivos informes en un plazo de cinco días hábiles, según comentaron fuentes judiciales. Gonzalo Paz, el empleado de Penna que estuvo en el enlace de Cafayate (Salta), también fue notificado y ha de confeccionar un descargo en idéntico término. A partir de esas explicaciones, los vocales de la Corte resolverán si abren o no un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar si corresponde una sanción disciplinaria.

Tanto Penna como José Luis Guerra (El Manantial) afrontan un pedido de destitución interpuesto en la comisión de Juicio Político de la Legislatura por celebrar matrimonios en Salta mientras que días atrás trascendió un video que exhibe a Cipriani en una boda en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). Pero este viernes Guerra comunicó a la Corte que había presentado la renuncia para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil: si el gobernador Juan Manzur acepta la dimisión, la Legislatura deberá archivar la solicitud de expulsión. Ese juez de Paz salió de licencia días después de que Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, y el abogado Gustavo Morales lo acusaran de mal desempeño. Colegas de Guerra comentaron que este estaba internado por complicaciones de salud.

Los matrimonios a domicilio constituyen un ingreso adicional e informal para los jueces de Paz. Según una investigación de este diario, aquellos perciben entre $ 3.000 y $ 6.000 por celebrar el acto: esa tarifa fijada de manera discrecional ingresa directamente al bolsillo del funcionario. El salario oficial de un juez de Paz arranca en los $ 140.000.

Explicaciones periodísticas

La denuncia de Morales -no la firmó Vittar- contra Penna ingresó a la Legislatura el 16 de mayo pasado. El abogado manifestó que la jueza de Paz habría adulterado el acta matrimonial de Giselle Ortega y de José Carbonell (h). “La jueza habría ordenado a uno de sus empleados (Paz) la celebración de la boda en Cafayate y luego habría labrado un instrumento falso donde consta que dicho acto ocurrió en Yerba Buena”, dijo Morales.

Penna negó la acusación. En una entrevista el juzgado, la funcionaria aseguró que Ortega y Carbonell se habían casado en su despacho. “El empleado (Paz) sólo leyó el acta (en Cafayate) y se firmó una hoja en blanco: es lo que se estila”, explicó. Y añadió: “Paz no fue a Salta en representación de mi Juzgado. La lectura del acta la puede hacer cualquiera. Igual hubo un año en el que Gonzalo sí asistió a dos casamientos porque yo no podía por razones personales. Pero a mí me asesoraron en el Registro Civil de que no había problema porque lo que importa es que el acta lleve mi firma, no la lectura”. Penna comentó que ella sólo cobraba a los novios los gastos de traslado hasta el lugar de la ceremonia, y precisó que ese importe oscilaba entre los $ 2.000 y los $ 2.500.

“En los juzgados es totalmente gratuito: sólo se cobra a domicilio. Más o menos todos tenemos el mismo precio. Pero sí es más redituable cuando vas a dos (casamientos) porque con el importe del primero cubrís los costos y lo del segundo ya te queda. Yo trato de tener las manos bien porque son lo único que sale en la foto cuando firmás el acta, pero también hay que ir vestida adecuadamente”, dijo Penna, que es jueza desde 2003.

Cipriani también rechazó haber casado a Luz María Santos Bollea y a Nicolás Graña en Termas a finales del año pasado. “Técnicamente el matrimonio ocurrió días antes de la fiesta en una casa en Yerba Buena. Tengo el acta y puedo probarlo. En Termas sólo hice una recreación, lo que no me convierte en delincuente”, expresó este domingo el juez de Gonzalo durante un diálogo en la Redacción.

Interrogado acerca de por qué si él estaba asignado a un paraje de Trancas había actuado en otra jurisdicción, Cipriani dijo: “no existe, a decir verdad, un territorio definido para ejercer la función de oficial público del Registro Civil. Tampoco existiría un impedimento para que case un empleado. Pienso que podría hacerlo en una situación de emergencia”. El juez lego consideró que la polémica alrededor del servicio del casamiento a domicilio iba a permitir tener por fin una reglamentación de la práctica que, según dijo, ya existía en 1991, cuando él se integró a la Justicia de Paz. “¿A quién no le gustan las reglas claras? A mí me encantaría que podamos reducir la discrecionalidad y la arbitrariedad”, opinó. Si bien se negó a responder cuánto cobraba por matrimonio, Cipriani aseguró que exigía el pago de la tasa de $ 250 en Rentas. Y añadió que los cuestionamientos lo ofendían en su condición de persona de bien. “Yo tengo valores”, afirmó.