Otro juez de Paz estuvo en una boda fuera de Tucumán

Una nueva filmación acrecienta las dudas sobre la práctica del casamiento a domicilio desarrollada en la Justicia de Paz de Tucumán. El video muestra a Juan Cipriani, titular del Juzgado de Gonzalo (Trancas), en un enlace en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Consultado al respecto, Cipriani negó que haya casado a los novios en esas circunstancias. “Técnicamente el matrimonio ocurrió días antes de la fiesta en Yerba Buena. Tengo el acta y puedo probarlo. En Termas sólo hice una recreación, lo que no me convierte en delincuente”, expresó ayer el juez de Paz lego durante una entrevista.

El registro audiovisual que involucra a Cipriani en las nupcias santiagueñas de Luz María Santos Bollea y Nicolás Graña llegó a LA GACETA luego de que trascendieran las denuncias contra José Luis Guerra (El Manantial) y Josefina Penna (Yerba Buena) por sus intervenciones en casamientos en Cafayate (Salta), y la supuesta adulteración de las actas respectivas. El pedido de destitución de Guerra fue interpuesto por Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, y el abogado Gustavo Morales. Este último firmó, además, la acusación de mal desempeño de Penna. Según Morales, la jueza mandó a un empleado de su juzgado, Gonzalo Paz, a la boda en Cafayate. El viernes, Guerra presentó la renuncia para jubilarse con el beneficio del 82% móvil.

El servicio del matrimonio a domicilio está desregulado, y genera un ingreso adicional e informal que cada juez de Paz fija en función de su criterio. Según pudo averiguar este diario, los funcionarios cobran entre $ 2.000 y $ 6.000 por casamiento. En 2017, el Registro Civil había advertido a los jueces que debían pedir permiso con 30 días de antelación para sacar los libros. En octubre, aquel organismo del Poder Ejecutivo recordó a los titulares de los juzgados que sólo podían casar en las jurisdicciones territoriales establecidas en la ley. Carolina Bidegorry, directora general del Registro, admitió que hacía falta una norma para reducir los niveles de discrecionalidad existentes. La cuestión incumbe a la seguridad jurídica: dos especialistas en la materia coincidieron en que el matrimonio celebrado por un oficial público incompetente podría ser anulado (se informa por separado).

“Territorio indefinido”

En cuanto a la pareja Santos Bollea-Graña, Cipriani aseguró que el enlace ocurrió en una casa de Yerba Buena y no en Termas (en un hotel tradicional con régimen all inclusive). El juez de Paz reiteró que se había trasladado a Santiago del Estero para “recrear” el rito civil. Interrogado acerca de por qué si él estaba asignado a Gonzalo (Trancas) había actuado en otra jurisdicción, dijo: “no existe, a decir verdad, un territorio definido para ejercer la función de oficial público del Registro Civil. Tampoco existiría un impedimento para que case un empleado. Pienso que podría hacerlo en una situación de emergencia”.

Cipriani vino a este diario alrededor de las 19 de ayer vestido con jeans, camisa blanca, suéter gris escote en “V”, botas marrones y una campera azul. En la conversación dijo que la polémica alrededor del servicio del casamiento a domicilio iba a permitir tener por fin una reglamentación de la práctica que, según dijo, ya existía en 1991, cuando él se integró a la Justicia de Paz. “¿A quién no le gustan las reglas claras? A mí me encantaría que podamos reducir la discrecionalidad y la arbitrariedad”, opinó. Si bien se negó a responder cuánto cobraba por matrimonio, Cipriani aseguró que exigía el pago de la tasa de $ 250 en Rentas. Y añadió que los cuestionamientos de los últimos días lo ofendían en su condición de persona de bien. “Yo tengo valores”, expresó.