26 Mayo 2019
BOGOTÁ.- Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e instituciones periodísticas expresaron su preocupación acerca de las posibles represalias contra los soldados y los periodistas involucrados en la denuncia del diario estadounidense The New York Times referida a que el Ejército colombiano ordenó a sus soldados hacer pasar como “guerrilleros” a civiles que fueron abatidos en operaciones militares.
Las repercusiones que ha provocado el artículo publicado por el matutino neoyorquino, que detalla la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales y alerta que ello puede poner en riesgo a civiles, amenaza con convertirse en una controversia internacional para el gobierno del presidente Iván Duque.
La directiva oficial ha sido matizada por la propia cúpula militar cuando tomó estado público y se desató el escándalo. Sin embargo, lo cierto es que el instructivo en cuestión instaba a los militares a duplicar el resultado en las operaciones. Esta cuestión adquirió envergadura internacional a partir de las reacciones del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de la Sociedad Interamericana de Prensa.
La exhortación militar se hizo pública el sábado pasado y activó las alarmas en la sociedad por la posibilidad que esto reavivara la política de “falsos positivos”, nombre con el que se conocieron en Colombia las miles de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que fueron perpetradas por militares en la década pasada. Luego de ser asesinados, eran presentados como guerrilleros abatidos en combate. Los ejecutores, además, obtenían de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.
Esta semana, en contraste, el jefe del Ejército de Colombia, Nicacio Martínez, anunció que modificará esa orden y sostuvo que la polémica se desató por una “mala interpretación” de la medida.
La ONG Human Rights Watch, en cambio, advirtió anoche sobre las posibles represalias en contra de oficiales colombianos por haber proporcionado información al periodista Nicholas Casey, que junto con el fotógrafo que ilustró la nota, dejaron el país en las últimas horas por estrictas razones de seguridad.
“Sería muy grave que hubiera represalias contra oficiales que se animaron a contar la verdad”, señaló Vivanco, en medio de versiones de supuestos interrogatorios a 15 oficiales de la fuerza.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la campaña de estigmatización contra Casey que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido oficialista Centro Democrático.
Estas reacciones se sumaron a las manifestadas ayer por el senador estadounidense Patrick Leahy, del Partido Demócrata, quien pidió a Duque exigir las pruebas con las que Cabal fundamenta su mensaje; y, en caso de que no existan, hacer una denuncia pública.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos (el 44%) fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz, que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. (Télam)
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