Un juez de Paz cobra hasta $ 6.000 por boda a domicilio

Un juez de Paz tucumano cobra hasta $ 6.000 por celebrar casamientos a domicilio, pero todo “depende”. Sucede que no hay criterios, ni tarifas generales, ni facturas, ni controles. En los hechos, cada funcionario estipula el monto que considera conveniente en función del mercado. Este dinero, que no deja rastros, entra directamente en el bolsillo del titular del juzgado: es un ingreso adicional a la retribución regular del Poder Judicial. Un juez de Paz lego -sin título de abogado- puede llegar a percibir un salario mensual de 
$ 140.000. Uno letrado recibe al menos $ 10.000 más.

Los números surgen de la consulta a jueces de Paz, fuentes judiciales, organizadores de casamientos, y hasta novios que están por dar el “sí” o acaban de hacerlo. A falta de un precio fijo, abundan los matices y las salvedades. Habría un importe para cada pareja en función de sus circunstancias y hasta casos donde reciben “contribuciones voluntarias” o se contentan con el transporte. Josefina Penna, titular del despacho de Yerba Buena, dio el valor más bajo este martes, en una entrevista con LA GACETA. La jueza de Paz dijo que ella cobraba “entre $ 2.000 y $ 2.500”. Pero en otras zonas comentan que nadie se mueve de su oficina por esas sumas. En los departamentos de Lules, Leales y Chicligasta, por ejemplo, piden entre $ 3.000 y $ 4.000.

El casamiento en el juzgado de Paz en principio es gratuito, pero algunos exigen el pago de derechos de filmación y de fotografía, o un monto pequeño (por ejemplo, $ 100) en concepto de “trámites administrativos”. Como las condiciones edilicias de muchos de los despachos son calamitosas y estos no disponen de instalaciones adecuadas para albergar a quienes asisten a los ritos nupciales, desde hace al menos dos décadas se impone la modalidad “a domicilio”, que supone el traslado de los jueces -y de los registros de papel- al salón o lugar elegido por los contrayentes. Esta tendencia llegó hasta el punto de que dos jueces de Paz, Penna y José Luis Guerra (El Manantial), fueron denunciados por celebrar matrimonios en Salta. Las respectivas actas de casamiento habrían sido adulteradas, según los pedidos de destitución que ingresaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura (se informa por aparte).

Perfil a la carta

La competencia registral de los jueces de Paz depende del Poder Ejecutivo. Pero como aquellos pertenecen al Poder Judicial, el monitoreo es difícil de llevar a la práctica. La acusación de falsificación de instrumentos públicos dio lugar el año pasado a la expulsión de Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y de José Solano Lazarte (Alto de Anfama), quienes habían otorgado poderes de disposición de inmuebles que luego fueron usados irregularmente. En agosto, la Cámara Penal declaró la falsedad intrínseca del acta que Núñez había confeccionado en favor del supuesto usurpado Ángel Ale y condenó al ex juez de Paz. Antonio Héctor Heredia (Alderetes) caminaba por la senda de la destitución por la presunta venta de documentos de identidad apócrifos a extranjeros, pero el gobernador Juan Manzur le aceptó la renuncia, lo que permite al ex juez de Paz imputado por la Justicia Federal conservar su expectativa de jubilarse con el beneficio del 82% móvil.

La sospecha de irregularidades alcanza ahora a la facultad para celebrar matrimonios. Esa potestad acarrearía ganancias significativas, sobre todo porque no tendría límites precisos. Las fuentes indicaron que ciertos salones y empresas de fiestas “trabajan” con jueces, lo que les garantiza un flujo constante de bodas y la posibilidad de casar a varios en una sola noche. “Sí es más redituable cuando vas a dos (casamientos) porque con el importe del primero cubrís los costos y lo del segundo ya te queda. Yo trato de tener las manos bien porque son lo único que sale en la foto cuando firmás el acta, pero también hay que ir vestida adecuadamente”, había explicado Penna. Como, además, cada vez hay menos titulares de juzgados -un tercio de las oficinas está vacante y la última designación data de 2013-, los enlaces se reparten en pocas manos. A ello coadyuva que los jueces de Paz no suelen atenerse a sus jurisdicciones territoriales: las denuncias sugieren que ni siquiera respetarían las fronteras provinciales.

El servicio de la boda a domicilio generó una carta de perfiles a gusto de los contratantes: hay jueces de Paz “serios” y “relajados”; jueces de Paz a los que les gusta complementar el acto civil con una reflexión sobre la vida conyugal y jueces de Paz expeditivos; jueces de Paz que se prestan para las bromas y participan en la fiesta “como un invitado más”, y jueces de Paz discretos, que despachan su tarea sin perder la distancia. Cada estilo tiene su precio, pero ninguno es evaluado al momento del nombramiento ni necesario para conseguirlo. Pese a que la Justicia de Paz letrada existe desde 2004, un resquicio legal permitió al Poder Ejecutivo seguir eligiendo a legos: los cargos son otorgados en forma discrecional -sin concurso- y requieren el visto bueno de la Corte Suprema.

REPERCUSIÓN DE UNA DENUNCIA

EL PODER JUDICIAL EVALÚA LA APERTURA DE UNA PESQUISA ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Juzgados de Paz de los Tribunales provinciales podría abrir una investigación interna para esclarecer si hubo irregularidades en dos casamientos celebrados en Salta por parte de jueces locales y que dieron lugar a la presentación de denuncias en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Fuentes judiciales explicaron ayer que, más allá de las responsabilidades atribuidas a las cabezas de los juzgados de El Manantial y Yerba Buena, correspondía analizar la conducta de Gonzalo Paz, el empleado que se trasladó hasta Cafayate para participar de la ceremonia nupcial de Giselle Ortega y José Carbonell (h).