A través de una serie de tuits, Cristina Fernándezde Kirchner, confirmó que hoy se presentará en los tribunales. La ex presidenta dijo que “jamás” debió haber sido citada y que el único objetivo del proceso es “colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”. El debate arranca poco después de que la senadora de Unidad Ciudadana movió el tablero electoral con la confirmación de su precandidatura a la vicepresidencia, en una lista encabezada por Alberto Fernández.
“La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, afirmó.
Cristina Fernández llega al juicio procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46.000 millones a favor del empresario Lázaro Báez, otro de los que serán juzgados. En su descargo a través de las redes sociales, se desligó de las acusaciones.
“No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”, resaltó.
Además remarcó que las pruebas por las que se la acusa “son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”.
Las acusaciones de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que estudiaron los procesos de las 52 licitaciones que se adjudicó el Grupo Austral del empresario K, hubo sobreprecios promedio del 65% además de una gran cantidad de atrasos en las obras. Los investigadores advirtieron que hubo complicidad de funcionarios en las ampliaciones de plazos y costos.