Por las acefalías, la Corte designa funcionarios en juzgados de Paz legos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha empezado a mitigar por su cuenta los efectos negativos de la acumulación de vacantes de jueces de Paz. A modo de solución provisoria para “atender las necesidades y brindar un servicio eficiente”, los vocales ascendieron interina y discrecionalmente a nueve agentes con título de abogado para que se desempeñen como prosecretarios. Los funcionarios fueron destinados a juzgados de Paz legos que presentan acefalías prolongadas: Las Talitas, Villa Hileret, Tacana, Raco, Lules, Ranchillos, Río Seco y Villa Quinteros (Estación Aráoz, que está por quedarse sin juez, también recibió un “pro”). Estos y otros 15 despachos aguardan que el Poder Ejecutivo designe a sus titulares, cosa que sucedió por última vez en 2013 (ver mapa). En total, el 33% de los juzgados carece de cabeza (23 de 72). Regino Amado, ministro de Gobierno, había adelantado que harán las designaciones después de los comicios: el mandatario Juan Manzur no cubrió todavía ninguna vacante de la Justicia de Paz.

Originalmente la Corte había colocado a los prosecretarios “a cargo” de los respectivos juzgados, pero luego dio marcha atrás y precisó que correspondía delimitar las funciones. A esos fines, los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva dijeron que aquellos simplemente se iban a “desempeñar” en las oficinas mencionadas, según la Acordada 544/19 (Claudia Sbdar y René Goane no la firmaron porque estaban de licencia). En los hechos, los prosecretarios sólo tienen potestades para manejar la faz administrativa: las atribuciones registrales, y ligadas a conflictos y a procesos judiciales todavía dependen de los jueces de Paz subrogantes. Ello obliga al cada vez más reducido número de titulares a “multiplicarse” y a deambular por el territorio provincial. Algunos trabajan hasta en cuatro localidades en simultáneo.

La escasez de jefes no sólo dificulta el cumplimiento de la función esencial de la Justicia de Paz, sino que también genera las condiciones para excesos e irregularidades. La presencia de los prosecretarios buscaría fortalecer el aspecto crítico de la fiscalización sobre el personal, además de facilitar medidas urgentes. En particular, asumirían el control de la asistencia y la permanencia en el trabajo, y las licencias.

“La idea es que los funcionarios colaboren con los jueces subrogantes. La Corte está evaluando el reglamento que contiene las funciones específicas”, explicó Raúl Scrocchi, superintendente interino de la Justicia de Paz. Scrocchi añadió que había todo un proceso de reorganización y modernización en la institución. Esa dinámica convirtió a la antigua Inspección de Juzgados de Paz en la Superintendencia actual. Los proyectos incluyen desde la colocación de internet hasta reformas edilicias.

La mayoría de los prosecretarios letrados promovidos de manera interina pertenecían a los propios juzgados. El 13 de febrero, la Corte ascendió a las encargadas principales Ana Laura Ayusa (Las Talitas) y María Belén Terán Estefa (Lules); a los encargados auxiliares Roberto Fauze (Estación Aráoz -no está vacante-), Carlos Francisco Vittar (pasó de Delfín Gallo a Raco) y Florencia Carolina Botta (pasó de Las Cejas a Tacana), y al encargado Roberto Carlos Rodríguez Chafut (Villa Hileret). El 19 de febrero, el alto tribunal nombró prosecretarios a los ayudantes judiciales Roberto Miguel Oviedo (Río Seco) y Sebastián Rouges (Ranchillos). A posteriori hizo lo propio con la encargada principal Lucía Ciaravino, que dejó el Juzgado de Paz de Cebil Redondo para pasar al de Villa Quinteros.

A diferencia de lo que sucede en los Tribunales ordinarios que dependen de la Corte, donde hay concursos para las ayudantías y otros puestos, y los ascensos suelen ajustarse a ciertos parámetros objetivos, el acceso a los cargos de empleado y de funcionario de la Justicia de Paz todavía está supeditado a la voluntad de los vocales supremos. Ello permitió, por ejemplo, que Oviedo ingresara a la Justicia de Paz el 29 de junio de 2018 y siete meses más tarde lograra una prosecretaría provisoria. Rougés, hoy “pro” de Ranchillos, había entrado en mayo del año pasado.

No sólo la designación de la planta de la Justicia de Paz continúa respondiendo a la discrecionalidad. Lo mismo sucede respecto de las cabezas, cuya preselección tampoco está sometida a concursos públicos de antecedentes y oposición como los que el Consejo Asesor de la Magistratura sustancia para cubrir los cargos de juez y camarista ordinarios, fiscales y defensores oficiales. El orden jurídico autoriza al gobernador a elegir a cualquier candidato, designación que luego debe ser aprobada por la Corte. Aunque desde 2004 existe una ley que establece la Justicia de Paz letrada, un resquicio normativo permitió al ex gobernador José Alperovich seguir nombrando legos (ciudadanos sin título de abogado). Esa mezcla configuró un esquema híbrido “lego-letrado”, que en la práctica impide a la institución resolver asuntos de menor cuantía y aliviar a los centros judiciales.

Sólo 10 de los 72 despachos cumplen funciones letradas: Trancas, La Cocha, Atahona (Simoca), Acheral (Monteros), Quilmes (Leales), El Timbó (Burruyacu), Colombres (Cruz Alta), Las Cejas (Cruz Alta), Los Ralos y Delfín Gallo (Cruz Alta). Con matices y algunos adelantos, los demás juzgados funcionan como en el siglo XIX. Una fuente describió la situación con estos términos: “la gente está acostumbrada a las restricciones y al olvido de la Justicia de Paz. No ve que allí debería encontrar soluciones para problemas cotidianos. Muchas injusticias subsisten porque las víctimas no tienen recursos para trasladarse a otros pueblos y ciudades”.

PUNTOS ROJOS (imagen)

LOS 23 JUZGADOS DE PAZ VACANTES

Villa Clodomiro Hileret (Río Chico); Santa Cruz (Simoca); Simoca; Los Gómez (Leales); Villa Leales (Leales); Río Colorado (Leales); Tacana (Leales); Río Seco (Monteros); Villa Quinteros (Monteros); Monteros; Teniente Berdina (Monteros); Tafí del Valle; Colalao del Valle (Tafí del Valle); Lules; Alto de Anfama (Tafí Viejo); San José de Chasquivil (Tafí Viejo); Raco (Tafí Viejo); Las Talitas (Tafí Viejo); El Bracho (Cruz Alta); Ranchillos (Cruz Alta); La Ramada (Burruyacu); Villa Padre Monti (Burruyacu) y Alderetes.