La decisión del Poder Ejecutivo (PE) provincial de reforzar en un 5.000% una partida para subsidios a personas, entre enero y marzo, generó críticas de la oposición. A pesar de dichos cuestionamientos, en el oficialismo sostienen que la entrega de ayudas sociales por hasta $ 40 millones al mes responde a la crisis económica que atraviesa el país. Además, en la Casa de Gobierno sostienen que tanto la Nación como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también efectúan esos aportes.
“La situación económica está muy difícil; hay gente con trabajo que no llega a fin de mes, y la gente sin trabajo atraviesa un panorama todavía peor. Por eso surgió la posibilidad de otorgarles una ayuda”, señaló el ministro de Gobierno, Regino Amado, uno de los funcionarios del gobernador Juan Manzur que firmó los decretos relativos a la cuestión.
El sistema de subsidios que fue reforzado este año depende de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Silvia Laura Pérez. Data de febrero de 2000, cuando el entonces mandatario Julio Miranda dispuso su creación a través del decreto 125/1. Según Amado, este es otro elemento que echa por tierra las versiones de la oposición sobre presunto clientelismo. “Estas ayudas se hacen todo el año. Y las razones se deben a cuestiones de estricta necesidad, como problemas de salud, refacciones para adaptar una vivienda, ayudas a jóvenes para que puedan acceder a su educación, entre otras urgencias”, destacó el ministro, en diálogo con LA GACETA.
El dirigente monterizo aseveró que el Poder Ejecutivo “está facultado a otorgar asistencias en estos casos”, al igual que los gobiernos de otras jurisdicciones. “Es más, también lo hace la Municipalidad de la Capital, como vimos en los medios esta semana, y la Nación, con más de dos millones de ‘planes’. La Provincia hace su aporte en este sentido, en la medida de las posibilidades, debido a la difícil situación financiera que se vive”, planteó Amado.
Amado detalló que, para acceder a las ayudas estatales, los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos. “Se prevén diversas condiciones. Por ejemplo, deben ser desocupados, sin ingreso formal, y acreditar la situación de vulnerabilidad”, sostuvo. Estos estados son acreditados a través de una carta de pobreza y de una negativa de Anses respecto a los aportes patronales.
En este marco, el ministro de Gobierno rechazó que se trate de una medida “clientelar”, como afirman en Cambiemos, Fuerza Republicana y otros espacios. “En el cuarto oscuro el voto es secreto. El ciudadano vota tranquilo”, sostuvo el referente monterizo.
La decisión de Manzur de reforzar estos subsidios motivó denuncias formales de parte del funcionario nacional Ricardo Ascárate, de la UCR. El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, aseveró que la entrega de subsidios en época electoral “es lisa y llanamente salir a comprar el voto”.