Por Luis Duarte
14 Mayo 2019
AUDIENCIA. Luis Vega sólo respondió preguntas sobre datos personales. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Los rostros de los imputados tuvieron semblantes diferentes ayer. Atrás habían quedado la tensión y los reclamos por el trato del Servicio Penitenciario de la primera audiencia del juicio oral. La expectativa marcaría esta vez las fisonomías de los integrantes de la llamada la “Banda del Gordo Vaca”, acusada de comercializar droga en la capital, sobre todo, cuando recibieron los reveses procesales del Tribunal Federal (TOF).
Los jueces Gabriel Alejandro Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Abelardo Jorge Basbús rechazaron el planteo de excarcelación y de arresto domiciliario -con control electrónico-, efectuado por el defensor público Adolfo Bertini, quien trabaja junto con Vanesa Lucero y Pamela Teseiro. Los letrados remarcaron que los imputados cumplían ya 30 meses de prisión preventiva y solicitaron la revisión de la medida cautelar, teniendo en cuenta los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del nuevo Código Procesal y otras jurisprudencias.
“La porción retributiva ya estaría cumplida: dos años y seis meses”, enfatizó Bertini, quien indicó además que no había riesgo procesal. El defensor fundamentó la posición, al argumentar como ejemplo que Roberto Peña, uno de los acusados, padecía diabetes y que había perdido 50 kilos: pasó de 120 a 70 kilos.
Además, contó que los enjuiciados sobrellevaban la pérdida de fuentes laborales, como el cierre de comercios, y la disolución de las familias a raíz de las detenciones. “Lucas Rivadeneira (procesado) vivía en una casa donde funcionaba también un negocio de repuestos, que era de sus padres. Estos últimos murieron y su hermano quedó solo en la vivienda. Desde que está preso, ese familiar tiene problemas de adicción a la droga y tiene problemas psiquiátricos. La casa está deshabitada. A la vez, no ve a su hijo desde hace un año y seis meses”, describió como ejemplo.
El tribunal remarcó en su resolución que se había analizado los dos años de preventiva que cumplían los acusados y que, ante esa situación, se estableció la prórroga por un año “para neutralizar el riesgo de fuga y garantizar la realización del debate”. Después, ante la presentación del recurso de Casación, la Cámara Federal dispuso reducir el plazo a seis meses y que se fijara fecha del juicio. Así, los magistrados confirmaron un lapso de tres meses de prisión y el inicio de las audiencias.
En el fallo se rechazó no sólo la excarcelación, sino también del arresto domiciliario, al no tratarse de situaciones de enfermedades incurables terminales; ser madre de un menor de cinco años; ser mayor de 70 años; o que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente la dolencia, entre otras alternativas de situaciones especiales que contemplan las leyes.
El Tribunal tampoco hizo lugar a un planteo de nulidad del defensor Manuel Pedernera, quien manifestó minutos antes que “el debate había caído” debido a que se habrían superado los 10 días hábiles sin desarrollo del proceso.
Rubén Alejandro “Seco” Astorga y Luis Fabián Vega, señalados como jefes u organizadores de la supuesta estructura delictiva, se abstuvieron de declarar y responder preguntas del Ministerio Público Fiscal (MP). Sólo confirmaron sus datos personas. Sin embargo, en la audiencia se leyó una presentación escrita de Astorga, que formaba parte de la etapa de instrucción.
El “Seco” había desestimado por ese medio los hechos y las imputaciones, al igual que las pruebas en su contra. “Niego formar parte de organización o asociación ilícita alguna, ni mucho menos que se me adjudicara una supuesta calidad de jefe u organizador (...) No conozco a las personas señaladas en la intimación de los hechos, salvo a las que son de mi reconocimiento”, había expuesto, con relación al padre y el hermano, Rubén Darío y Víctor Darío Astorga, respectivamente; y a Josefa Cobo, madre de su hija.
A la vez, desestimaría la titularidad de las residencias allanadas en 2016. En esa línea, había manifestado que figuraba como locatario en un contrato de alquiler en calle Las Piedras al 3.700, en la capital, por pedido de su amigo, Ángel “Tití” Monteros (otro integrante).
En ese año, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosa (Digedrop) secuestró en varios procedimientos al menos 115 kilos de droga, entre marihuana y cocaína, dinero en efectivo, elementos de corte y celulares.
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