Chalecos de último mundo

La idea de los chalecos reflectivos para los motociclistas es vieja como Matusalén. El subsecretario de Transporte y Tránsito subdirector de Tránsito y Transporte Operativo de la Municipalidad capitalina cabalga sobre un cuarto de siglo de esfuerzos infructuosos de las autoridades nacionales (en algunos casos, también provinciales y municipales) para hacer bajar los accidentes de tránsito y, más allá de los resultados, juega fuerte. Por eso lanza la obligación de usar el chaleco y con eso se granjeó la furia de los motociclistas, que han comenzado a protestar, con la pronta puesta en vigencia de la nueva resolución.

Este cuarto de siglo de esfuerzos infructuosos viene desde la época de Carlos Menem, con la ley nacional de Tránsito N° 24.449, que en su decreto reglamentario ya contempla los chalecos que, de verdad, se usan apenas para emergencias automovilísticas: vienen en el kit que contiene cada auto nuevo. Y lo usan los obreros en tareas de emergencia y también emplean bandas reflectivas los policías en sus trajes, aunque el chaleco no es usado por todos los que hacen emergencias. La idea es añadir un elemento más de seguridad, como el casco, pero no ha cuajado demasiado. Según una nota de marzo de 2017 del diario El Día de La Plata, la norma de 2014 que obligaba a los motociclistas en la provincia de Buenos Aires, dictada por el ex gobernador Daniel Scioli, ya estaba entonces en notorio desuso.

La epidemia del arrebato

La provincia de Buenos Aires fue adelantada en eso. A pesar de las protestas de motoqueros, trabajadores en moto y clubes de motociclistas, impuso la norma del chaleco amarillo con la patente grabada adelante y atrás (y también en el casco), justificada no sólo en la seguridad vial sino en la inseguridad. Ya entonces el motoarrebato se había convertido en la principal causa de inseguridad urbana y los gobiernos comenzaron a dar manotazos de ahogado en busca de parar la plaga motorizada callejera. Scioli la impuso y en esos tiempos se discutió en todo el país el problema.

En Tucumán fue propuesta por el entonces secretario de Seguridad, Paul Hofer, que había definido claramente el motoarrebato como problema grave y central de la seguridad. El debate no llegó a tratarse en el recinto legislativo, pese a que había varios proyectos sobre la seguridad urbana. Tampoco se trató el tema en los tres años que han pasado del actual gobierno provincial, ni en la Comisión legislativa de Emergencia en Seguridad. Acaso no se trató por la percepción de que con esta propuesta se buscaba una salida epidérmica a un problema que requería un estudio más profundo. Lo mismo había pasado con la idea de exigir que las estaciones de servicio controlasen el uso del casco antes de vender combustible a los motociclistas. Aunque en algunos lugares se han sancionado ordenanzas de este tipo (Monteros y La Plata, por ejemplo), el cumplimiento es imposible: los expendedores de nafta no son agentes de la ley y no tienen poder de policía para hacerla cumplir.

“Yendo de a dos”

Hace dos años el gobierno nacional, en la figura de su combativa ministra Patricia Bullrich, volvió sobre el tema de los chalecos y los cascos: “Hace muchos años que vemos que hay intentos parciales de trabajar sobre el problema que generan no aquellos que utilizan la moto para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, sino aquellos que la utilizan para robar”, dijo Bullrich el 9/3/17, cuando anunció un nuevo decreto sobre la Ley nacional de Tránsito, que contemplaba el chaleco, la patente visible en chaleco y casco y la exigencia de que se cargue combustible con casco puesto. Dijo que había 7 millones de motos circulando en el país (en Tucumán hay 170.000) y tiró un curioso dato justificativo: “el 60% de los delitos de robo que se han hecho en la provincia de Tucumán se han hecho con motos”.

Lo dijo sin tener en cuenta que el mismo gobierno nacional criticó ese año a la provincia de Tucumán por no tener un registro mínimo y confiable de denuncias criminales. Pero el ejemplo le venía al pelo en esta circunstancia en que se planteó también la propuesta de que se prohíba por, franjas horarias, la circulación de a dos en moto, ya que, como dijo entonces el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, “el 100% de los delitos en moto es yendo de a dos”. También Bullrich justificó que el número de patente se inscriba en el chaleco y en el casco porque “por ser tan baja la altura del rodado sería no identificable por los lectores de patente”. Nada dijo de que la chapa de los autos es también baja “para los lectores de patente”.

Nadie cuestionó de dónde sacaron los datos. Tampoco se pidieron estadísticas sobre la efectividad de las normas allí donde fueron sancionadas. El diario El Día comentó entonces que la ley de los chalecos de Scioli había caído en desuso (era una percepción, ya que no había estadísticas), lo mismo que la de los cascos en las estaciones de servicio. “Cinco de cada 10 motociclistas vienen sin casco a cargar”, citó el diario a un expendedor.

¿Qué va a pasar en Tucumán? Romero tiró la brasa ardiente hace 10 días en el programa LA GACETA Play y lo planteó como una cuestión sencilla y enmarcada específicamente en la seguridad vial. Afirmó que los chalecos no cuestan tanto ($200 dijo, aunque hay chalecos que cuestan $ 2.600) y que se iban a contemplar variantes para quienes usan la moto como vehículo de trabajo, como poner una banda reflectiva en el baúl.

Los motociclistas han comenzado a reclamar. Han planteado que es una medida recaudatoria; que a $ 200 por chaleco para 170.000 motos va a generar un negocio de venta de 32 millones de pesos en estos días; que es inconstitucional, que afecta los derechos personales de quienes circulan en moto. También plantearon que esta medida, en todo caso, debió analizarse en 2015, cuando empezaron los nuevos gobiernos, para que se produjera un debate serio. Hoy no se va a debatir porque estamos en tiempo eleccionario y por eso sale como resolución, no como ordenanza municipal y mucho menos como ley provincial.

Enigma sin fin

Germán Guntern, un referente para los motociclistas tucumanos, que ha recorrido en motos de alta cilindrada 92 países, fue lapidario en su crítica: “Es de último mundo, ni siquiera tercer mundo. Los chalecos reflectivos se implementaron en diferentes países hace 20 años atrás y todos tuvieron un resultado negativo. Si es una cuestión de seguridad, está mal. Porque primero hay que enseñarles a conducir, obligarles a que usen casco y luces. No tiene nada que ver el chaleco”, dijo. Y dio ejemplos de lo sucedido en México, Ecuador y otros países con medidas como las que los gobernantes argentinos vienen ensayando desde hace medio siglo sin saber si sirven o no, sólo imponiéndolas como la panacea de las cosas que no se sabe cómo resolver.

Como siempre, se choca en esta cuestión sin un estudio serio. El tránsito es un enigma para los argentinos. La ley 24.449 es gigantesca y nadie la estudia a fondo. La misma ministra Bullrich habló de que su iniciativa no iba contra los ciudadanos que llevan a sus hijos en moto a la escuela, sin advertir que por esa ley no se puede llevar a menores de 10 años en moto. ¿Cómo harían cumplir esta disposición en la periferia de la capital, en las ciudades del interior y en todo el interior argentino donde los sistemas de transporte público son malísimos o directamente no existen? El tránsito es un enigma porque no hay estadísticas confiables, pese a que el secretario de Transporte de la provincia, Benjamín Nieva, dice que sus datos son prolijos y que en sus planillas están bajando las cifras de accidentes. Nieva es este año el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que analiza las políticas de siniestralidad. En él participa la Agencia Nacional de Seguridad Vial que en 2009 implementó el carnet por puntos en el país, norma que no se puede aplicar todavía porque no han terminado de adherirse las municipalidades. Puede ocurrir que jamás se aplique. Hasta ahora la agencia sólo ha servido para recaudar.

El tránsito es un enigma en el país porque no se ha encontrado la forma de enfrentar el drama de los accidentes, sobre todo de las motos, que ocupan casi todo el tiempo de los servicios de emergencias en salud. El sentido común dice que los conductores de motos (sobre todo las motocicletas livianas, de baja cilindrada) son temerarios, no tienen carnet ni papeles y no respetan ninguna ley. ¿Respetarán la norma de los chalecos? ¿Les van a secuestrar las motos? Ya las comisarías están abarrotadas de rodados secuestrados y no han disminuido ni los accidentes ni los arrebatos. Lo más probable es que usen chaleco los que siempre cumplen con la ley y que los rebeldes sigan escapando a la norma. ¿No estará en otra parte la causa de los problemas? Los funcionarios deberían estudiarlo, y en eso la ANSV, que debería tener cifras, análisis y propuestas, arrastra una gran deuda con los argentinos. Lleva una década sin respuestas.

Romero no siente que tenga ese problema. Para él, es un asunto cultural y debe ser sancionado con rigor. Ahí pone la obligación del chaleco amarillo, no importa a quién afecte. Tendrá que probar que esta medida sirve.