El administrador de la Casa Ecológica renunció a causa de las agresiones de los usurpadores

La Casa Ecológica de El Cadillal ya no volverá a funcionar, pese a que las autoridades hicieron un operativo para liberar el predio que había sido ocupado por usurpadores. Es que el profesor Antonio Navarro, que administraba el emprendimiento en el marco de un convenio entre el ente de Turismo y la Fundación Biogen, le devolvió la concesión a Turismo, luego de años de denuncias contra los usurpadores que, según dijo, lo habían amenazado.

El secretario de Turismo, Sebastián Giobellina, explicó que se le dará otro uso al predio. “Hemos puesto guardia policial. Ese lugar vuelve a formar parte de los terrenos del Estado y se le buscará un fin, tal vez una estación de servicio. La ley 3.805 establece que tienen que ser para emprendimientos que tengan que ser con el turismo. Si queremos que El Cadillal sea el lugar de náutica que soñamos, necesitamos una estación de servicio cerca”.

La concesión para la Casa Ecológica se acordó hace varios años. Según explicó Giobellina, la ley 3.805 le dio la potestad a la entonces Secretaría de Turismo y Deportes el poder de concesión y todos los terrenos en el perilago de El Cadillal le pertenecían al Estado.

Así se montó en 2007 el emprendimiento, como concreción de una propuesta de investigadores y estudiantes universitarios, que edificaron el prototipo de una vivienda no contaminante. El diseño y la orientación de la casa permitieron aprovechar la luz y la ventilación. Tenía un molino eólico, huertas y paneles solares. La idea fue impulsada desde 2001 por Navarro, profesor de Biotecnología. Al poco tiempo hubo problemas con los usurpadores, contó Giobellina. Hubo daños incluso a la Casa Ecológica, que debió ser reconstruida en 2013 por la Fundación Biogen en el predio cercano a la ruta 347, en el ingreso a El Cadillal.

Llegada de intrusos

Según dijo Navarro, desde fines del año pasado comenzó a recibir amenazas de un grupo de personas que pretendían ocupar el lugar. Colocaron una casilla prefabricada. Según Giobellina, se trata de una estrategia de presión que se apoya en la dificultad de control del Estado y en la lentitud que hubo siempre para actuar frente a las usurpaciones. Navarro presentó un recurso de amparo ante el juez de Paz de Tafí Viejo y luego el Juzgado de Documentos y locaciones V ordenó el desalojo. El operativo se llevó a cabo el jueves pasado con policías, personal de Vialidad que derribó con una topadora la casilla, y con empleados de Fiscalía de Estado y de Turismo. Tras el desalojo, quedó la guardia policial.

El profesor navarro dejó la Casa Ecológica. Renunció a la concesión porque “parte del terreno concesionado fue usurpado y por las amenazas y atentados que sufrimos”. La casa había sido visitada durante años por grupos de estudiantes y por turistas. Navarro dijo que el emprendimiento había sido dañado ahora por los usurpadores, que contaminaron el tanque de agua, rompieron los paneles solares y colocaron botellas con nafta en las paredes.

Red ilegal de venta

Los usurpadores tendrían alguna vinculación con quienes tuvieron que ver con las ocupaciones ilegales en la zona de Aguas Chiquitas. “En Fiscalía de Estado hay 200 denuncias asentadas por ocupación de terrenos del Estado. Son grupos que se apoderaron de grandes predios para lotearlos y venderlos”, explicó. “En Aguas Chiquitas tomaron extensiones enormes, las lotearon y las pusieron a la venta por Facebook. Vendían terrenos con vista al agua. Ahí nos dimos cuenta de que había una red de venta de terrenos fiscales”.

En 2018 la Fiscalía de estado recibió descargos de compradores que dijeron que la comuna rural había dado papeles sobre esos terrenos. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, le prohibió al comisionado comunal, Carlos Bonnano, emitir documentación referida a venta, cesiones, transferencias y a cualquier otro acto administrativo referido a inmuebles del Estado. También le dijo que no debía percibir tasas o servicios y tampoco pedir a EDET que instale medidores de luz en esos terrenos..

El año pasado hubo varios operativos y este año, a comienzos de abril, se impidió trápidamente la ocupación en el predio llamado “Morro Casino”. “El problema, antes, era que Turismo tenía el poder de concesión pero no tenía poder de Policía. Ahora trabajanos con Fiscalía de Estado, Catastro, Viaidad y la Policía. Ahora los identificamos, hacemos la denuncia y rápido conseguimos el desalojo”. Remarcó que “hemos comenzado con el plan maestro de la reconversión de El Cadillal. Parte de eso es ver qué pasa con los terrenos que pertenecen a Turismo; son cientos y cientos de hectáreas”. “Hay que mandar un mensaje claro a la sociedad de que la gente no puede comprar sin siquiera preguntar. En El Cadillal es simple: si comprás un terreno tenés que preguntar en Catastro a quién le pertenece”.