Aumentarán los incentivos para denunciar, según los magistrados

Entusiasmo, sentido de la oportunidad para revertir la mala imagen y compromiso. Estas palabras impregnan los discursos de los integrantes del Colegio de Jueces que a partir de hoy implementarán la reforma procesal penal en Concepción (se informa por separado). En su oficina luminosa y ordenadísima, la jueza Elena Grellet reparte los cafés y se juega. “Estamos ante un cambio histórico”, dijo el jueves en presencia de sus pares Sergio Altamirano (presidente del Colegio), Guillermo Acosta y Fabián Rojas (más tarde se incorporó a la ronda el funcionario Andrés Garmendia). “Si el sistema funciona, aumentarán los incentivos para denunciar en general y, en particular, para exponer los hechos ilícitos que involucran a las autoridades”, añadió Grellet, que ingresó a la Cámara Penal hace 14 años. Ni ella ni sus colegas llegaron a juzgar casos de corrupción. Esta es la realidad de Concepción.

Los magistrados se ilusionan con la posibilidad de reconciliarse con la ciudadanía, fenómeno que ocurrió en otras jurisdicciones que implementaron el mismo tipo de Código Procesal Penal sancionado en la provincia, como Perú. Todos destacaron que pueden dar el paso este lunes porque vienen preparándose desde por lo menos 2012, cuando la Corte impulsó un programa piloto que al final no fue aplicado. Los aprestos incluyen instalaciones apropiadas para celebrar las audiencias públicas: por ahora habrá 10 salas con equipos de videograbación, pero la idea es llegar a un recinto por magistrado. El Colegio de Jueces para el control de la investigación y el juzgamiento tiene 14 miembros (cuatro cargos están vacantes). Integran ese staff los jueces mencionados, y Carlos Pellegri, Cecilia Tasquer, Roque Arnedo, Roberto Flores, Raúl Fermoselle y Cristian Velázquez (la magistrada Alicia Merched seguirá a cargo de la ejecución de la pena). El esquema se completa con un Tribunal de Impugnación pendiente de cobertura.

Altamirano dijo sentirse aliviado por la supresión de los papeles que tapaban su despacho, y por haber “perdido” el manejo del personal y de la organización, tareas hoy en poder de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Según su criterio, estas modificaciones les permitirán enfocarse en dar respuesta a los conflictos con la mayor rapidez posible. “No hay que confundir esa función con la prevención de la inseguridad: este sistema actúa cuando el delito ya ha sido cometido”, precisó.

Después de décadas de liderar equipos cada vez más grandes y burocráticos, los jueces penales sólo contarán con un ayudante de doctrina y de jurisprudencia. Reubicado el personal que muchas veces hacía “de escudo”, los magistrados y la sociedad estarán “frente a frente”. “La escritura impedía el acceso al juez. Ahora todo el que lo desee podrá ver cómo nos desempeñamos”, apuntó Rojas.

Un desafío para este Colegio será la tramitación con el Código de 2016 de los casos iniciados con el de 1991. Si los vaticinios se cumplen, aumentarán el número de sentencias definitivas. “Subirá la cantidad de ciudadanos privados de la libertad. Urge resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria”, dijo Acosta. Aún con las falencias que se vislumbran, prevalece el clima de optimismo. Grellet lo puso en estos términos: “sabemos que habrá tropiezos, pero queremos dar las soluciones de calidad que no hemos dado en el pasado”.